La detención arbitraria es el recurso más usado por el régimen para impedir que los disidentes cubanos viajen al exterior o se trasladen de una localidad a otra para realizar acciones opositoras.
Al arrestarlos y devolverlos a sus ciudades de origen antes de que lleguen a las embajadas a realizar los trámites pertinentes, los limitan a que asistan a eventos donde han sido invitados por gobiernos o ONGs de otras naciones que reconocen su labor.
En el caso de los que viajan dentro de la isla, la imposición ocurre cuando no no les permiten salir de sus municipios o de sus casas a expresarse libremente a favor de la democracia y los derechos humanos.
La opositora Katherine Mojena dijo a Martí Noticias que el arresto este miércoles en La Habana de activistas de la UNPACU que realizaban trámites para viajar al exterior es una prueba de que el gobierno utiliza la «detención arbitraria» como pretexto para impedir que los opositores salgan del país.
El miércoles por la mañana detuvieron en la capital a la periodista independiente Yusmila Reyna Ferrer y los activistas de la UNPACU Rafael Alba Macías, Ernesto Oliva Torres y Lizandra Robert Salazar. Los dos últimos realizarían trámites para obtener la visa para viajar a Perú.
Todos fueron trasladados al Centro de Detención El Vivac, en las afueras de la capital, donde habitualmente la policía lleva detenidos a los opositores no residentes en la capital para luego trasladarlos a sus provincias de origen.
Las autoridades también usan la restricción de viajar contra los opositores cuando quieren impedir que realicen reuniones de la oposición o acciones publicas en favor de los derechos humanos.
En noviembre pasado, durante los funerales de Fidel Castro, decenas de activistas y periodistas independientes fueron informados de que estaban «bajo restricción de movimiento», y los que intentaron viajar de una localidad a otra fueron detenidos por varios días.
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