El Gobierno cubano anunció nuevas disposiciones que amplían la entrega de usufructo de tierras estatales ociosas, iniciada hace una década atrás por el “ex gobernante” Raúl Castro con la intención de desarrollar la precaria producción de alimentos.

Firmada en abril por el propio Castro, diez días antes de cederle el poder a Miguel Díaz-Canel, la norma se publicó este martes en la Gaceta Oficial.

La Isla con una economía socialista y centralizada, que se sostiene a base de la exportación de servicios médicos y el turismo, importa casi la totalidad de los alimentos que consume.

En estos momentos Cuba se enfrenta según El Nuevo Herald, a una reforma económica, que pasa por la aprobación de una nueva Constitución, que para muchos exiliados en realidad se trata de un “cambio cosmético”.


La superficie agrícola del país caribeño es de 6.2 millones de hectáreas (ha) de las cuales casi dos millones eran trabajadas por empresas del gobierno al cierre de 2016, de acuerdo a datos oficiales.

Dentro de 60 días entrarán en vigor las nuevas disposiciones, las mismas duplican de diez a veinte años el período de usufructo de las tierras para agricultores privados, de igual modo el área que reciben de 13.42 ha a 26.84 ha.

Las tierras ociosas de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UPBC), también quedarán a disposición de reparto, las UPBC acumulan 1.5 millones de ha.

Las nuevas reglas triplican además el área que los agricultores privados podrán emplear para edificar graneros, viviendas o establos, al pasar del 1 al 3% de la extensión de la propiedad.

Asimismo brinda acceso a privados para la cría comercial de ganado, una actividad hasta el momento solo prevista para entidades del gobierno.

Las nuevas disposiciones prohíben a los usufructuarios la utilización de “financiamiento ilícito” para sus producciones y los fuerza a trabajar y administrar la posesión, aunque contraten mano de obra, resalta el diario de Miami.

Los usufructuarios tendrán que acogerse al sistema de seguridad social vigente y pagar impuestos.

Quienes manifiesten “una conducta moral y social contraria a los principios éticos de nuestra sociedad” e incumplan los reglamentos durante su actividad productiva serán sancionados.

El régimen añade que la norma busca “lograr el máximo aprovechamiento de los recursos (…) para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, industria y la exportación”.

El diario oficial Granma detalló que en los últimos diez años el reparto de tierras alcanzó el total de 2.1 millones de hectáreas (ha) y benefició a 241.604 usufructuarios privados y 3.247 personas jurídicas (cooperativas).

(Con información de El Nuevo Herald)