El Gobierno de Donald Trump dará un nuevo giro al sistema de asilo de Estados Unidos al permitir que miles de solicitudes se envíen directamente a las cortes de inmigración sin que sus titulares sean entrevistados previamente por un oficial especializado.
La nueva política autoriza a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a remitir determinados expedientes a los tribunales migratorios y colocar a los solicitantes en procedimientos de deportación sin escuchar antes, de manera presencial, el relato de persecución o temor que sustenta su petición de protección.
La directriz entrará en vigor el martes 28 de julio de 2026, una vez publicada su versión definitiva en el Registro Federal. Según el documento provisional de la norma, el cambio podría afectar a más de 440.000 solicitudes de asilo, una cifra que refleja el amplio alcance de la reforma impulsada por la administración republicana.
Aunque la remisión de un caso a una corte no significa que la persona la deporten automáticamente, sí supone que su solicitud dejará de avanzar exclusivamente por la vía administrativa y pasará a formar parte de un proceso judicial en el que el Gobierno puede pedir formalmente su expulsión de Estados Unidos.
Un cambio que elimina una etapa clave del proceso
La entrevista con un oficial de asilo ha sido tradicionalmente uno de los momentos más importantes para quienes solicitan protección dentro de Estados Unidos. Durante ese encuentro, el inmigrante puede explicar con detalle por qué abandonó su país, qué tipo de persecución sufrió, quién lo amenazó y por qué considera que su vida, libertad o integridad estarían en riesgo si fuera obligado a regresar.
La entrevista también ofrece al funcionario la oportunidad de formular preguntas, aclarar contradicciones, evaluar documentos y comprender hechos que no siempre quedan claramente reflejados en los formularios escritos.
Con la nueva norma, esa comparecencia inicial podrá omitirse. Los oficiales que revisen los expedientes tendrán facultad para determinar que una solicitud debe pasar directamente a la corte de inmigración, donde el solicitante deberá defender su caso ante un juez.
La decisión modifica la ruta procesal, pero no elimina formalmente la solicitud de asilo. La persona todavía podrá pedir protección ante el tribunal, presentar pruebas y ofrecer testimonio. Sin embargo, tendrá que hacerlo dentro de un procedimiento de deportación más complejo y con consecuencias potencialmente más graves.
Qué ocurrirá cuando el expediente llegue al tribunal
Una vez remitido el caso, el solicitante puede recibir una notificación para comparecer ante una corte migratoria. Ese documento inicia formalmente un procedimiento de remoción o deportación. Durante las primeras audiencias, el juez revisará los cargos migratorios presentados por el Gobierno, confirmará la identidad y el domicilio del inmigrante y determinará qué vías legales pretende utilizar para permanecer en Estados Unidos.
El asilo puede convertirse entonces en una defensa frente a la deportación. Para obtenerlo, el solicitante tendrá que demostrar que sufrió persecución o que tiene un temor fundado de sufrirla por motivos reconocidos por la ley estadounidense. Entre las causas protegidas se encuentran la raza, la religión, la nacionalidad, la opinión política y la pertenencia a un grupo social determinado.
El juez puede conceder el asilo, rechazarlo o determinar si la persona cumple los requisitos para otras formas de protección, como la suspensión de la deportación o la protección bajo la Convención contra la Tortura. Si todas las solicitudes quedan denegadas, el tribunal puede emitir una orden de expulsión. El inmigrante tendría entonces que evaluar si existen bases para presentar una apelación.
USCIS defiende la medida como una vía para acelerar decisiones
Joseph Edlow, director de USCIS, presentó la reforma como parte de un esfuerzo para resolver con mayor rapidez los expedientes y eliminar lo que la administración describe como usos indebidos del sistema de asilo.
El Gobierno sostiene que el modelo actual permite que algunas solicitudes permanezcan abiertas durante años y que ciertos inmigrantes utilicen esos retrasos para continuar en Estados Unidos, incluso cuando sus casos tienen pocas posibilidades de aprobarse.
Desde esa perspectiva, la remisión directa a las cortes permitiría identificar y decidir con mayor rapidez los expedientes que USCIS considere débiles, incompletos o carentes de fundamento suficiente.
La administración también considera que el cambio permitirá a los funcionarios concentrar sus recursos en solicitudes que presenten indicios más claros de persecución. La medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer el acceso al asilo, aumentar el número de resoluciones definitivas y ampliar la capacidad del Gobierno para ejecutar deportaciones.
Más de 440.000 solicitudes bajo el alcance potencial de la norma
La estimación de más de 440.000 casos afectados sitúa a la reforma entre los cambios de mayor alcance introducidos recientemente en el sistema migratorio estadounidense.
La cifra no implica necesariamente que todos esos expedientes ser enviarán de inmediato a las cortes, pero indica la cantidad aproximada de solicitudes que podrían quedar sujetas a la nueva facultad administrativa.
El impacto dependerá de los criterios internos que utilice USCIS para decidir qué casos requieren entrevista y cuáles pueden remitirse directamente. También será determinante la manera en que los funcionarios evalúen los formularios, los antecedentes migratorios y las pruebas presentadas por cada solicitante.
Los expedientes de asilo pueden incluir declaraciones escritas, informes médicos, denuncias policiales, citaciones, fotografías, mensajes con amenazas, artículos de prensa, documentos judiciales y reportes sobre las condiciones políticas o de seguridad del país de origen.
Una de las principales preocupaciones es que muchos solicitantes presentan formularios sin ayuda legal o con dificultades lingüísticas. En esas circunstancias, la entrevista puede ser la primera oportunidad real para corregir errores, explicar omisiones o aportar información adicional.
Diferencias entre el asilo afirmativo y el defensivo
El cambio resulta especialmente relevante para comprender la diferencia entre las dos vías principales mediante las cuales una persona puede pedir asilo en Estados Unidos. El llamado asilo afirmativo suele solicitarse por una persona que se encuentra físicamente en el país y que todavía no ha sido colocada en un procedimiento de deportación. En ese proceso, USCIS revisa el expediente y normalmente programa una entrevista con un oficial.
El asilo defensivo, por el contrario, se solicita ante un juez como defensa frente a la expulsión. La persona ya está dentro de un procedimiento judicial migratorio y debe convencer al tribunal de que no deben deportarla.
La nueva política puede trasladar más rápidamente solicitudes de la primera vía a la segunda. Esto implica que inmigrantes que esperaban una entrevista administrativa podrían verse obligados a preparar una defensa judicial.
La diferencia no es menor. Ante USCIS, el proceso tiene un carácter administrativo. En la corte, el Gobierno cuenta con abogados que pueden cuestionar las pruebas, presentar argumentos contra la solicitud y pedir la deportación.
La falta de representación legal puede ser decisiva
A diferencia de lo que ocurre en los procesos penales, el Gobierno estadounidense no está obligado a proporcionar gratuitamente un abogado a las personas que enfrentan una deportación. Los inmigrantes pueden contratar representación privada, buscar asistencia gratuita o acudir a organizaciones sin fines de lucro, pero muchos terminan compareciendo solos.
Esta situación puede dificultar la preparación del expediente, la presentación de pruebas y el cumplimiento de los plazos establecidos por el juez. El derecho de asilo es una de las áreas más complejas de la legislación migratoria. Los solicitantes deben demostrar no solo que enfrentan peligro, sino también que ese riesgo está relacionado con uno de los motivos protegidos por la ley.
También pueden surgir debates sobre la credibilidad del relato, el momento en que se presentó la solicitud, posibles viajes a terceros países, antecedentes penales o inconsistencias entre distintos documentos. La ausencia de una entrevista inicial puede incrementar la importancia de presentar desde el comienzo una solicitud completa, coherente y respaldada por evidencias.
Las cortes migratorias dependen del Departamento de Justicia
Otro elemento central es que las cortes de inmigración no forman parte del sistema judicial federal independiente. Se trata de tribunales administrativos integrados en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, conocida como EOIR, una dependencia del Departamento de Justicia.
Los jueces migratorios son funcionarios del Poder Ejecutivo. Sus decisiones pueden apelarse inicialmente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, en determinados casos, revisadas posteriormente por tribunales federales.
Esta estructura ha generado cuestionamientos durante distintas administraciones, debido a que el fiscal general y otros funcionarios del Departamento de Justicia pueden modificar prioridades, establecer criterios de gestión y ejercer control administrativo sobre el sistema.
Organizaciones y abogados citados en el texto de referencia sostienen que el Gobierno de Trump ha reemplazado a decenas de jueces migratorios y ha incorporado nuevos magistrados con perfiles más alineados con su agenda de deportaciones.
Más jueces temporales y menores requisitos de experiencia
El Departamento de Justicia también ha flexibilizado los criterios para seleccionar jueces temporales de inmigración. Según la información disponible, ya no se exige necesariamente experiencia previa en derecho migratorio para ocupar esas funciones. Esto abre la posibilidad de que a abogados provenientes de otras áreas los designen para resolver solicitudes de asilo y órdenes de deportación.
La administración argumenta que aumentar rápidamente la cantidad de jueces puede contribuir a reducir la acumulación de expedientes. Los críticos consideran, en cambio, que la falta de experiencia especializada podría generar decisiones inconsistentes o evaluaciones insuficientes en casos que requieren un conocimiento profundo de leyes, regulaciones, precedentes judiciales y tratados internacionales.
En 2026, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración ha incorporado centenares de jueces permanentes y temporales, entre ellos abogados militares y antiguos representantes de agencias migratorias, de acuerdo con reportes especializados.
Las tasas de rechazo alcanzan niveles históricos
La entrada en vigor de la nueva política coincide con un aumento considerable de las denegaciones de asilo en los tribunales migratorios. Según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse, vinculado a la Universidad de Syracuse, alrededor del 94 % de las solicitudes de asilo resueltas por las cortes durante junio de 2026 fueron rechazadas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos indicó que el porcentaje contrasta con las tasas registradas durante el Gobierno de Joe Biden, cuando las negativas se situaban habitualmente por debajo del 60 %.
De acuerdo con WOLA, el rechazo superó el 70 % en marzo de 2025, alcanzó el 80 % en enero de 2026 y rebasó el 90 % en marzo de ese mismo año. La evolución de esas cifras sugiere un endurecimiento progresivo del sistema durante la actual administración, aunque los resultados pueden variar según la jurisdicción, el juez, el país de origen, las pruebas aportadas y la representación legal del solicitante.
Qué argumentos presenta el Gobierno
La administración Trump sostiene que el sistema necesita decisiones más rápidas y mecanismos que eviten que una solicitud de asilo prolongue indefinidamente la permanencia de una persona en el país.
También afirma que la acumulación de expedientes perjudica a quienes presentan casos legítimos, porque los obliga a esperar durante años antes de recibir una decisión. Desde esta posición, eliminar entrevistas en determinados casos permitiría ahorrar tiempo, reducir costos y trasladar rápidamente las solicitudes controvertidas a un juez.
La Casa Blanca ha vinculado el endurecimiento del asilo con su objetivo de elevar las deportaciones y recuperar el control sobre un sistema que considera saturado y vulnerable al fraude. La reforma se suma a otras medidas adoptadas para acelerar audiencias, ampliar la contratación de jueces y limitar los plazos dentro de los cuales deben resolverse determinados procesos.
Preocupaciones de abogados y organizaciones migratorias
Los defensores de los inmigrantes advierten que una solicitud aparentemente débil puede esconder un caso legítimo que no fue explicado correctamente en los formularios.
Las víctimas de tortura, violencia sexual, persecución política o amenazas de grupos armados pueden experimentar dificultades para narrar sus experiencias. En algunos casos, existen traumas, miedo a las autoridades o barreras culturales que afectan la declaración inicial.
También hay solicitantes que carecen de documentos porque huyeron de manera urgente o porque las autoridades de sus países participaron en la persecución. Para esas personas, una entrevista puede servir para explicar por qué no poseen ciertas pruebas y ofrecer detalles que permitan al funcionario evaluar el contexto completo.
Los críticos temen que una revisión basada principalmente en documentos produzca remisiones automáticas o decisiones apresuradas. También señalan que trasladar más expedientes a los tribunales podría aumentar la presión sobre las cortes, incluso si reduce temporalmente el volumen de entrevistas pendientes en USCIS.
El efecto sobre cubanos, venezolanos y otros latinoamericanos
La reforma puede tener un impacto particular entre solicitantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y otros países de América Latina con una presencia significativa dentro del sistema migratorio estadounidense.
Para estas comunidades, el asilo ha sido una de las vías utilizadas por personas que alegan persecución política, represión estatal, amenazas de grupos armados o violencia vinculada a su actividad pública. Sin embargo, pertenecer a una nacionalidad determinada no garantiza la aprobación. Cada persona debe demostrar que cumple individualmente los requisitos legales.
En el caso de los cubanos, una solicitud de asilo tampoco debe confundirse con la Ley de Ajuste Cubano. Se trata de mecanismos diferentes, con requisitos y consecuencias distintas.
Una persona puede tener un caso de asilo pendiente y, bajo ciertas circunstancias, buscar posteriormente la residencia mediante otra vía. No obstante, la existencia de un procedimiento de deportación puede modificar la autoridad encargada de decidir determinados trámites y complicar la estrategia legal.
La importancia de acudir a todas las audiencias
Una de las consecuencias prácticas más importantes es que quienes sean remitidos a una corte deberán prestar especial atención a las notificaciones oficiales. Si una persona no comparece a una audiencia, el juez puede ordenar su deportación en ausencia.
Los solicitantes deben mantener actualizada su dirección tanto ante USCIS como ante la corte correspondiente. Informar el cambio a una agencia no siempre actualiza automáticamente los registros de la otra.
También es recomendable conservar copias de toda la documentación presentada, incluidos formularios, recibos, comunicaciones y pruebas. Las fechas de las audiencias, los plazos para aportar documentos y las órdenes emitidas por el juez deben ser revisados cuidadosamente. Una equivocación administrativa, una dirección desactualizada o la pérdida de una notificación pueden tener consecuencias graves.
La remisión no equivale a una deportación automática
Pese al alcance de la medida, es importante diferenciar entre el envío del expediente y la decisión final. USCIS podrá trasladar la solicitud al tribunal sin entrevistar previamente a su titular, pero será el juez quien analice el caso dentro del procedimiento migratorio.
El solicitante conservará el derecho a presentar testimonio, entregar evidencias, responder a los argumentos del Gobierno y solicitar protección. También puede tener acceso a mecanismos de apelación, dependiendo de las circunstancias y de los plazos aplicables.
Por tanto, la nueva regla no elimina completamente la revisión individual. Lo que cambia es el momento, la autoridad y el escenario en el que esa revisión será realizada.
Un sistema creado para cumplir compromisos internacionales
El modelo moderno de asilo estadounidense fue establecido en 1980, cuando Estados Unidos adaptó su legislación a los compromisos internacionales relacionados con la protección de refugiados. El principio esencial consiste en que una persona no debe ser devuelta a un país donde pueda enfrentar persecución o tortura.
Al mismo tiempo, la legislación permite al Gobierno establecer procedimientos, plazos y condiciones para determinar quién reúne los requisitos. El debate generado por la nueva política se concentra precisamente en el equilibrio entre dos objetivos: resolver rápidamente los expedientes y garantizar que las personas con temores legítimos tengan una oportunidad adecuada para presentar su historia.
Una reforma con posibles desafíos judiciales
Aunque el texto de referencia no informa sobre demandas presentadas contra la norma, los cambios amplios en materia migratoria suelen ser cuestionados ante los tribunales federales. Los posibles litigios podrían examinar si el Gobierno cumplió los procedimientos administrativos correspondientes, si la medida respeta las leyes de asilo y si los solicitantes conservan suficientes garantías para defender sus casos.
El hecho de que la persona todavía pueda declarar ante un juez será probablemente uno de los principales argumentos de la administración para defender la legalidad de la política.
Los opositores, por su parte, podrían sostener que eliminar la entrevista previa aumenta el riesgo de que casos legítimos entren innecesariamente en procedimientos de deportación. Hasta que existan decisiones judiciales o instrucciones administrativas más detalladas, persistirán interrogantes sobre el modo exacto en que USCIS aplicará la nueva facultad.
Qué falta por conocerse
La versión final de la norma y las instrucciones internas de implementación serán esenciales para determinar su verdadero alcance. Todavía será necesario conocer qué criterios utilizarán los oficiales para omitir una entrevista, si existirán categorías prioritarias y cómo se manejarán los casos ya programados.
También deberá observarse si el número de expedientes enviados a las cortes aumenta de forma inmediata o si la aplicación se realiza gradualmente. Otro punto será el efecto sobre los permisos de trabajo asociados a solicitudes pendientes. El impacto puede variar según la etapa procesal, la situación individual y el cumplimiento de los plazos correspondientes.
Un cambio que transforma la ruta de miles de solicitantes
La reforma no elimina el derecho a solicitar asilo, pero modifica de manera profunda el camino que miles de inmigrantes deberán recorrer. Quienes antes esperaban explicar sus circunstancias ante un oficial de USCIS podrán ser enviados directamente a un tribunal, donde tendrán que defender su permanencia mientras enfrentan simultáneamente un proceso de deportación.
Para el Gobierno, la medida representa una herramienta destinada a acelerar decisiones y reducir posibles abusos. Para sus críticos, supone la eliminación de una instancia que podía ayudar a identificar casos legítimos antes de someter a las personas a un proceso judicial.
El resultado dependerá de la aplicación concreta de la norma, de las decisiones de los jueces y de la capacidad de los solicitantes para presentar expedientes sólidos en un sistema cada vez más rápido, restrictivo y complejo.
