Una decisión de una corte federal de Texas comenzó a repercutir en los tribunales de inmigración de Miami, donde algunas personas que ingresaron a Estados Unidos con parole —incluidas aquellas que obtuvieron una cita mediante la antigua aplicación CBP One— ya enfrentan mayores obstáculos para cerrar o suspender sus procesos de deportación.
El fallo anuló una regulación aprobada en 2024 que ampliaba las facultades de los jueces de inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración para cerrar administrativamente o terminar determinados procedimientos. La decisión tiene alcance nacional, por lo que no se limita a los casos tramitados en Texas.
En Miami, un juez de inmigración ya habría rechazado una solicitud de cierre o terminación apoyándose en la decisión federal, una señal de que el nuevo escenario jurídico está comenzando a aplicarse directamente en las cortes del sur de Florida.
¿Qué decidió exactamente la corte de Texas?
El 22 de junio de 2026, el juez federal Reed O’Connor aprobó una sentencia por consentimiento en el caso State of Texas v. United States Department of Justice. La orden anuló la normativa denominada Efficient Case and Docket Management in Immigration Proceedings, promulgada durante la administración de Joe Biden en 2024.
El tribunal determinó que el Departamento de Justicia se había excedido en la autoridad concedida por el Congreso y sostuvo que ninguna ley permite a los jueces de inmigración suspender indefinidamente los casos sin decidirlos.
La sentencia también impide que el Departamento de Justicia vuelva a adoptar una regulación similar, salvo que exista una autorización expresa del Congreso. Texas y el gobierno federal acordaron la sentencia y renunciaron a presentar una apelación. La orden y sus efectos las resumieron organizaciones legales y especialistas migratorios.
¿Qué era el cierre administrativo?
El cierre administrativo permitía retirar temporalmente un expediente del calendario activo de la corte. El procedimiento no desaparecía ni otorgaba estatus legal, pero dejaba de avanzar mientras la persona esperaba la resolución de otro trámite.
Esta herramienta se utilizaba, por ejemplo, cuando un inmigrante tenía pendiente una petición familiar, una visa U o T, una solicitud de residencia, un perdón migratorio u otro beneficio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La regla de 2024 establecía que los jueces debían evaluar todas las circunstancias del caso. También permitía conceder el cierre incluso ante la oposición de una de las partes, siempre que existieran razones suficientes. El texto original del Departamento de Justicia definía el cierre como una suspensión temporal y no como una decisión definitiva.
La terminación era distinta: ponía fin al procedimiento ante la corte, aunque no necesariamente impedía que el Departamento de Seguridad Nacional iniciara posteriormente otro proceso si existía fundamento legal.
Cubanos con parole podrían estar entre los más afectados
El abogado de inmigración Ismael Labrador advirtió que la decisión representa una noticia especialmente negativa para quienes tienen procesos abiertos ante una corte y fueron admitidos con algún tipo de parole.
Entre los posibles afectados se encuentran cubanos que llegaron mediante citas de CBP One, recibieron un parole de 60 días o un año, obtuvieron un interim parole u otra modalidad del permiso humanitario.
En determinados casos, abogados de inmigración solicitaban la terminación del procedimiento para que sus clientes pudieran continuar ante USCIS una petición de residencia, incluida la basada en la Ley de Ajuste Cubano.
Con la anulación de la regla, esas solicitudes ya no pueden depender de las facultades amplias establecidas en 2024. Los jueces deberán apoyarse en otras disposiciones legales, precedentes vinculantes o circunstancias particulares para terminar un procedimiento.
Esto no significa que todos los cubanos con parole perderán su posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Tampoco quiere decir que una persona será deportada automáticamente por haber entrado mediante CBP One. Sin embargo, el fallo elimina una estrategia procesal que podía facilitar que ciertos trámites continuaran fuera de la corte.
El ingreso mediante CBP One no determina por sí solo el resultado
CBP One era la aplicación utilizada durante la administración Biden para organizar citas en puertos de entrada de la frontera sur. Muchas personas que acudieron a esas citas recibieron parole y posteriormente fueron colocadas en procesos ante un juez de inmigración.
Aunque con frecuencia se habla de “haber entrado por CBP One”, la aplicación solamente servía para gestionar la cita. El documento emitido durante la entrada, el tipo y duración del parole, el contenido de la Notificación de Comparecencia y la forma en que el gobierno clasificó el ingreso son factores que pueden cambiar por completo el análisis jurídico. Por esa razón, dos personas que llegaron mediante el mismo programa podrían tener opciones migratorias diferentes.
El fallo no reactiva automáticamente todos los expedientes cerrados
La sentencia anuló la regulación federal, pero no estableció que todos los casos previamente cerrados deban reabrirse de manera inmediata. El Departamento de Seguridad Nacional puede solicitar que determinados expedientes regresen al calendario activo. Una corte también podría emitir una nueva notificación de audiencia, dependiendo de la situación procesal de cada persona.
Especialistas recomiendan no asumir que un caso continuará cerrado únicamente porque lleva meses o años sin movimiento. El fallo no reprograma automáticamente cada expediente, pero abre la puerta a que el gobierno o las cortes promuevan su reactivación.
Qué deben hacer quienes tienen procesos en la corte
Las personas potencialmente afectadas deben verificar el estado de su expediente, revisar periódicamente el sistema de información de EOIR y asegurarse de que la corte tenga registrada su dirección actual.
También resulta fundamental conservar todas las órdenes, notificaciones y documentos relacionados con el parole y la entrada al país. Perder una audiencia después de que el caso sea reprogramado podría provocar una orden de deportación en ausencia.
La estrategia deberá evaluarse individualmente. Dependiendo del expediente, todavía podrían existir alternativas como solicitar asilo, continuar una petición ante USCIS, pedir ajuste de estatus, presentar una defensa contra la deportación o buscar la terminación bajo otra autoridad legal.
La decisión de Texas restringe una herramienta procesal importante, pero no decide por sí sola el resultado final de los casos ni elimina automáticamente los beneficios migratorios para los cuales una persona pueda ser elegible.
