Cubanos con trámites pendientes ante un escenario más restrictivo: USCIS reporta 2,2 millones de acciones migratorias desde 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reportó aproximadamente 2,2 millones de acciones de control migratorio desde el 20 de enero de 2025, un balance que refleja el endurecimiento de la política migratoria y que tiene implicaciones para cubanos acogidos a programas de parole o con trámites pendientes.

Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional fechado el 29 de octubre, el total es independiente de las revocaciones y denegaciones de visas del Departamento de Estado y de las deportaciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El DHS presentó el resultado como parte del cumplimiento de las prioridades del presidente Donald Trump y sostuvo que USCIS realizó casi siete veces más acciones de control que durante los últimos dos años de la administración de Joe Biden combinados.

Sin embargo, el alcance del anuncio exige distinguir entre decisiones administrativas, inicio de procesos judiciales y expulsiones efectivas.

Qué incluye la cifra de 2,2 millones

El balance reúne medidas de naturaleza diferente: terminaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS), denegaciones de cambios o extensiones de estatus, emisión de Notificaciones de Comparecencia ante una corte migratoria, eliminación de extensiones automáticas de permisos de trabajo y terminación de programas de parole categórico. Entre estos últimos figura el programa CHNV, creado para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo con el comunicado citado, las terminaciones del TPS para beneficiarios de 13 países afectaron aproximadamente a 1,04 millones de personas. No obstante, el anuncio no ofrece un desglose completo que permita identificar el peso de cada categoría dentro del total. Tampoco precisa cuántas de esas decisiones terminaron en deportaciones ni permite establecer si una misma persona aparece vinculada a más de una acción.

Por tanto, no corresponde presentar el balance como 2,2 millones de inmigrantes deportados o como una cifra exclusiva de revocaciones de estatus.

Una notificación de comparecencia no es una orden de deportación

Una de las medidas incluidas es la emisión de Notificaciones de Comparecencia, conocidas como NTA por sus siglas en inglés. Estos documentos contienen las alegaciones y los cargos migratorios con los que el Gobierno busca iniciar un procedimiento de expulsión. Su presentación ante una corte abre un proceso en el que pueden discutirse esos cargos y las solicitudes de protección o alivio que correspondan.

Recibir una NTA no equivale, por sí solo, a tener una orden definitiva de deportación. Aun así, exige atención inmediata a las instrucciones, las notificaciones y las fechas de audiencia.

Del mismo modo, una denegación de beneficios puede tener consecuencias diferentes según el historial de entrada, los permisos vigentes y la existencia de otros procedimientos.

Por qué el anuncio preocupa a los cubanos

La inclusión del CHNV conecta directamente el balance con la comunidad cubana. Para quienes ingresaron mediante ese programa, las decisiones sobre el parole pueden afectar cuestiones esenciales como la permanencia autorizada y los permisos de trabajo asociados. Pero el anuncio general del DHS no determina automáticamente la situación de cada beneficiario.

Una persona que obtuvo la residencia permanente no se encuentra en la misma posición que otra cuya solicitud sigue pendiente. También importa si existen notificaciones individuales, decisiones judiciales aplicables o una base distinta para permanecer en Estados Unidos.

El material citado recoge además cambios y litigios relacionados con el Programa de Permisos de Reunificación Familiar Cubano. La terminación de un programa y la vigencia de un permiso ya concedido son cuestiones que deben examinarse por separado, especialmente cuando intervienen órdenes judiciales.

El I-220A requiere una distinción adicional

Para los cubanos liberados con un formulario I-220A, el debate sobre el acceso a la Ley de Ajuste Cubano sigue siendo especialmente sensible. Ese documento no debe confundirse con una concesión de parole. La diferencia tiene consecuencias para quienes buscan demostrar que cumplen el requisito de haber sido inspeccionados y admitidos o puestos en parole.

Sin embargo, afirmar que una decisión sobre el I-220A cierra cualquier posibilidad de regularización para todos sus titulares sería demasiado amplio. Las alternativas dependen de los hechos de cada expediente, de otras posibles bases legales y de las resoluciones aplicables.

El balance general no sustituye la revisión del expediente

El anuncio refuerza la importancia de revisar las comunicaciones de USCIS y de las cortes, mantener actualizada la dirección y conocer qué solicitudes siguen pendientes y qué autorizaciones continúan vigentes. También exige cautela frente a quienes prometen residencias, permisos o resultados garantizados sin evaluar los documentos del solicitante.

Para los cubanos con procesos abiertos, la pregunta decisiva es qué medida concreta afecta su expediente y desde cuándo produce efectos. El balance de 2,2 millones describe la magnitud de las actuaciones que reporta el Gobierno, pero no permite anticipar por sí solo el desenlace de un caso individual.