El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó una propuesta para ampliar los controles sobre inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles vinculadas a países considerados de preocupación, entre ellos Cuba. La iniciativa incorpora la biotecnología, una actividad relevante para la industria farmacéutica de la isla, y abre la posibilidad de restringir determinadas operaciones de capital en ese sector.
El proyecto fue anunciado el 22 de octubre y desarrolla disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional Integral de Inversiones en el Exterior, conocida como COINS Act. Washington sostiene que busca impedir que inversiones estadounidenses contribuyan a capacidades militares, de inteligencia, vigilancia o cibernéticas que amenacen su seguridad nacional.
La biotecnología entra en el alcance de las restricciones
La propuesta abarca semiconductores y microelectrónica, sistemas de inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos y biotecnología. Esta última fue añadida por el Tesoro mediante la autoridad que le concede la ley para incorporar otras tecnologías sensibles.
La inclusión del sector resulta especialmente relevante para Cuba por el papel de BioCubaFarma. El grupo reúne actividades de producción e investigación farmacéutica y participa en proyectos destinados a fortalecer la fabricación de medicamentos, vacunas, diagnosticadores y equipos médicos, según documentación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El posible efecto sobre empresas del grupo dependería de las actividades tecnológicas y las características de cada inversión. Por tanto, la incorporación de la biotecnología permite anticipar un mayor escrutinio sobre determinadas operaciones, pero no demuestra por sí sola que todos los negocios de BioCubaFarma quedarían prohibidos.
Qué inversiones podrían quedar afectadas
El borrador contempla operaciones como adquisiciones de participaciones empresariales, ciertas financiaciones convertibles en capital, empresas conjuntas y proyectos para establecer o ampliar actividades corporativas.
Las obligaciones alcanzarían a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y empresas constituidas bajo las leyes de Estados Unidos, entre otras personas comprendidas en la definición propuesta. Dependiendo de la tecnología y de la operación, existiría una prohibición o una obligación de notificar al Tesoro.
En materia biotecnológica, el texto plantea prohibiciones sobre inversiones relacionadas con determinados compuestos y materiales biológicos, interfaces cerebro-computadora, equipos e instalaciones de biomanufactura, herramientas de bioinformática y tecnologías para automatizar experimentos científicos.
Notificaciones en 30 días y posibles órdenes de desinversión
Para las operaciones sujetas a notificación, el plazo propuesto sería de hasta 30 días después de completarse la transacción. El borrador también contempla situaciones en las que el inversor conoce posteriormente información que determina que la operación estaba cubierta.
Las sanciones requieren una precisión: el texto establece como referencia el mayor importe entre 250.000 dólares, ajustados por inflación, o el doble del valor de la transacción que origine la infracción. Por ello, presentar los 250.000 dólares como un límite fijo sería inexacto. Además de las multas, el secretario del Tesoro podría ordenar la desinversión de una operación cubierta que involucre una tecnología prohibida.
La propuesta todavía no está en vigor
La ampliación permanece abierta a comentarios públicos hasta el 7 de diciembre de 2026. El Tesoro deberá examinar las observaciones antes de publicar la regulación definitiva, que establecerá su fecha de entrada en vigor.
El programa tiene antecedentes en una orden ejecutiva de agosto de 2023 y en una regulación que comenzó a aplicarse el 2 de enero de 2025. La propuesta actual desarrolla la expansión legislativa aprobada en diciembre de 2025.
Para Cuba, el cambio plantea un posible obstáculo adicional a determinadas inversiones tecnológicas estadounidenses. Su alcance concreto sobre proyectos biofarmacéuticos dependerá del texto final, las excepciones aplicables y las características de cada operación.
