Trump lleva a la Corte Suprema la batalla por las deportaciones a terceros países

La administración del presidente Donald Trump pidió el jueves 24 de septiembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de emergencia en el litigio sobre las deportaciones de migrantes a países distintos de los suyos. El gobierno quiere que los magistrados suspendan una orden judicial que le impide ejecutar esos traslados rápidos sin dar a las personas afectadas una oportunidad significativa de advertir que podrían sufrir persecución o tortura en el destino elegido.

La solicitud abre una nueva fase de un caso que afecta a personas con órdenes finales de deportación, incluidas algunas que recibieron protección contra su retorno al país de origen. La Corte Suprema aún no ha resuelto esta nueva petición. Por ahora, la disputa gira en torno al procedimiento que debe seguir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de enviar a alguien a un tercer país, no a una prohibición absoluta de esos destinos.

El fallo que obligó al gobierno a detener vuelos

El 18 de septiembre, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó en gran medida la sentencia del juez federal Brian Murphy contra las directrices del DHS. Los magistrados concluyeron que las personas afectadas deben conocer con eficacia el país al que se pretende enviarlas y disponer de una oportunidad real para oponerse si temen persecución o tortura allí. El tribunal sí anuló, por una cuestión procesal, la parte de la sentencia que exigía intentar primero la deportación a ciertos países con los que el migrante tuviera vínculos.

La consecuencia inmediata llegó el miércoles 23 de septiembre, cuando la corte de apelaciones aclaró que ya no seguía vigente una suspensión anterior que permitía mantener los vuelos durante el litigio. Según el gobierno, la orden provocó la cancelación de un vuelo con 70 personas que iba a tres países. Las autoridades afirman que el cambio genera costos adicionales y complica sus acuerdos diplomáticos.

¿Qué pide la administración Trump a la Corte Suprema?

El procurador general D. John Sauer solicitó una suspensión de emergencia para que el DHS pueda seguir aplicando su política mientras prepara una apelación. El gobierno sostiene que las deportaciones a terceros países son necesarias cuando el país de origen rechaza recibir a una persona, cuando existe una protección que impide devolverla allí o cuando surgen otros obstáculos para ejecutar una orden final de expulsión.

Los demandantes responden que comunicar el destino con tan poco tiempo, o basarse en garantías generales del país receptor, puede privar a una persona de la posibilidad efectiva de explicar el riesgo que enfrentaría. El punto decisivo para ellos es conocer el destino antes del vuelo y poder presentar su temor ante el procedimiento correspondiente.

Más de 25.000 deportados a otros países, según organizaciones

Un seguimiento de Refugees International y Human Rights First, citado por Reuters, estima que más de 25.000 personas han sido enviadas a por lo menos 29 terceros países bajo los acuerdos de la actual administración. La mayoría fue trasladada a México. También se han documentado deportaciones a destinos como Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Uganda, Liberia y República Centroafricana. Se trata de una estimación de organizaciones, no de una cifra judicial sobre los integrantes de esta demanda.

El caso ya había llegado a la Corte Suprema en 2025. En aquella etapa, los magistrados suspendieron una orden preliminar de Murphy, lo que permitió continuar temporalmente con las deportaciones. Ahora deben examinar una solicitud distinta, presentada después de la sentencia final del juez y del fallo de apelaciones que la respaldó en gran parte. La decisión de 2025 no resuelve por sí sola la nueva petición.

Qué cambia para los migrantes y qué viene ahora

La resolución vigente exige un procedimiento con aviso efectivo del destino y una posibilidad significativa de plantear el temor de sufrir persecución o tortura. No significa que toda persona con orden final de deportación pueda permanecer en Estados Unidos ni que cualquier traslado a un tercer país sea ilegal. Su aplicación concreta dependerá de las circunstancias de cada caso y de las próximas decisiones judiciales.

La Corte Suprema puede conceder o negar la suspensión solicitada mientras continúa el litigio. Si interviene de forma urgente, su decisión determinará qué reglas rigen de inmediato para estos vuelos; la cuestión de fondo podría requerir una revisión posterior. Hasta que se pronuncie, resulta esencial evitar presentar la petición del gobierno como si ya fuera una autorización de la Corte.