Cubana se declara culpable en caso de estafa de más de $40 millones a dueños de tiempos compartidos

La cubana Yorlena Alfonso Cuesta se declaró culpable en un proceso federal vinculado a una presunta red internacional que habría despojado de más de 40 millones de dólares a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México, entre ellos adultos mayores que llegaron a entregar sus ahorros bajo la promesa de recibir el dinero de una venta.

El expediente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas indica que Alfonso Cuesta presentó su declaración de culpabilidad el 22 de julio de 2026. Cinco días después, el juez federal David Alan Ezra aceptó formalmente esa declaración. El proceso continuaba pendiente de sentencia.

La orden disponible públicamente confirma la aceptación de la declaración, pero su resumen no precisa a cuál de los cargos originales se declaró culpable. Por ello, no es correcto afirmar, sin consultar el acuerdo completo, que admitió responsabilidad por las tres imputaciones formuladas inicialmente.

Una venta ficticia que terminaba en pagos cada vez mayores

La operación investigada se apoyaba en una modalidad conocida como fraude de pago anticipado. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los implicados contactaban a ciudadanos estadounidenses que poseían tiempos compartidos en complejos turísticos de la costa mexicana del Pacífico y les aseguraban que ya tenían compradores para sus propiedades.

Las víctimas recibían entonces una noticia aparentemente favorable: el dinero de la venta ya estaría depositado en una cuenta bancaria en México. Sin embargo, para acceder a esos fondos debían pagar por adelantado supuestos impuestos, comisiones, permisos y otros gastos.

Cada desembolso daba paso a una nueva exigencia. Las cantidades que las víctimas supuestamente recibirían aumentaban, pero también aparecían nuevas obligaciones que debían saldar antes de liberar el dinero. De esa manera, algunos propietarios continuaban enviando fondos con la expectativa de recuperar lo ya entregado y cobrar finalmente la venta prometida.

Los fiscales sostienen que los participantes se presentaban como funcionarios de Estados Unidos y México, jueces y abogados. También habrían utilizado las identidades de juristas reales para que las llamadas, documentos y comunicaciones parecieran legítimos.

Dos adultos mayores habrían perdido cerca de $1,2 millones

La acusación identifica a seis presuntas víctimas, cinco de ellas residentes en Texas, según informó el San Antonio Express-News. Entre los afectados figuran dos adultos mayores de San Antonio que habrían entregado aproximadamente 1,2 millones de dólares.

A esas dos personas les hicieron creer que recibirían alrededor de 400.000 dólares por sus tiempos compartidos en México. En lugar de cobrar la supuesta venta, quedaron atrapadas en una sucesión de pagos por conceptos que la acusación considera ficticios.

El fiscal federal Justin R. Simmons afirmó que muchas de las víctimas de edad avanzada enviaron todo el dinero que tenían e incluso sumas adicionales debido a las falsedades atribuidas al grupo. Las autoridades no han divulgado públicamente las identidades de los afectados.

Empresas y cuentas en Estados Unidos para mover el dinero

La acusación atribuye la dirección de la operación a Christian Felipe Rodríguez Peraza, también identificado como José Mario Ochoa Rodríguez, residente en Mazatlán, Sinaloa. Junto a él imputaron a su esposa, Brenda Tamayo Corona, también conocida como Jazmín Oliva Chacón; el ciudadano británico Michael Ian Hollands; y Alfonso Cuesta.

Según los fiscales, Rodríguez Peraza habría utilizado a Hollands y a otros participantes para canalizar el dinero mediante sociedades constituidas en Estados Unidos y cuentas bancarias abiertas a nombre de esas entidades. La estructura habría permitido recibir, transferir y ocultar la procedencia de los pagos enviados por las víctimas.

Los documentos públicos no detallan todas las compañías empleadas ni individualizan cada movimiento bancario atribuido a Alfonso Cuesta. Tampoco sostienen que la cubana controlara personalmente los más de 40 millones de dólares. Esa cifra corresponde al total que la acusación atribuye al grupo presuntamente encabezado por Rodríguez Peraza.

Esta distinción resulta clave: Alfonso Cuesta está vinculada judicialmente al caso y su declaración de culpabilidad ya fue aceptada, pero el monto global señalado por las autoridades no puede presentarse como una suma manejada o sustraída exclusivamente por ella.

Detenida en Florida y trasladada por la causa de Texas

A Alfonso Cuesta la arrestaron el 10 de diciembre de 2024 en el Distrito Medio de Florida por una causa abierta en el Distrito Oeste de Texas. El registro de la comparecencia documenta que la detención se efectuó conforme a las reglas federales aplicables cuando a una persona la capturan fuera del distrito donde se tramita el proceso.

El 22 de julio de 2026, un magistrado concluyó que la acusada era competente para declararse culpable, que actuaba voluntariamente y que existía una base factual para aceptar su decisión. El juez Ezra aprobó las conclusiones el 27 de julio y dejó formalmente aceptada la declaración.

Una comunicación posterior del Departamento de Justicia, publicada el 2 de septiembre, señaló que los asuntos de Hollands y Alfonso Cuesta continuaban pendientes. En el caso de la cubana, esa descripción es compatible con un proceso aún abierto a la espera de la sentencia, aunque la declaración de culpabilidad ya hubiese sido aceptada por el tribunal.

Los cargos originales y las posibles condenas

A los cuatro acusados los imputaron originalmente por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y conspiración para realizar transacciones con bienes derivados de actividades ilegales.

El primer cargo contempla una pena máxima de 20 años de prisión federal. La conspiración de lavado de dinero también puede alcanzar los 20 años, mientras que la tercera imputación prevé hasta 10 años. Esas cifras son máximos legales y no equivalen automáticamente a la condena que recibirá cada procesado.

En el caso de Alfonso Cuesta, la pena dependerá del cargo admitido en el acuerdo, del alcance de su participación, de los cálculos establecidos por las guías federales de sentencia, de sus antecedentes y de otros factores que el juez deberá evaluar. La restitución a las víctimas también podría formar parte de la resolución final.

Los otros acusados y el avance de la investigación

Rodríguez Peraza y Tamayo Corona fueron detenidos en Francia y extraditados a Estados Unidos el 31 de agosto de 2026. Posteriormente comparecieron ante una magistrada federal en San Antonio. Hollands y Alfonso Cuesta habían sido capturados con anterioridad.

Mientras Alfonso Cuesta ya tiene una declaración de culpabilidad aceptada, los demás acusados conservan la presunción de inocencia hasta que se declaren culpables o el Gobierno pruebe las imputaciones en un juicio.

La investigación estuvo a cargo de las oficinas de los inspectores generales de los departamentos del Tesoro y de Seguridad Nacional, junto con el FBI. También colaboraron ICE, USCIS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Qué deben hacer otros propietarios que sospechen haber sido engañados

El FBI habilitó un formulario para personas que crean haber sido víctimas de esquemas de pago anticipado relacionados con tiempos compartidos en México. Las autoridades advierten que durante el mismo período operaron varias redes similares, por lo que cada denuncia debe ser revisada para determinar si guarda relación con esta causa concreta.

Los propietarios deben desconfiar de cualquier supuesto comprador que condicione la entrega del dinero a pagos adelantados por impuestos, liberaciones bancarias o comisiones inesperadas. También es recomendable verificar de manera independiente la identidad de abogados y funcionarios, comunicándose con las instituciones mediante números obtenidos de sitios oficiales y no a través de los datos proporcionados por quien solicita el pago.

La sentencia de Alfonso Cuesta será el próximo momento decisivo del proceso. Hasta entonces, el alcance exacto de su admisión de responsabilidad y la pena que enfrentará dependerán de documentos y decisiones judiciales que todavía no han sido divulgados en su totalidad.