Cuba después del comunismo: los planes que empresarios y abogados preparan en Miami

Empresarios, abogados y dirigentes del exilio cubano llevan meses trabajando en Miami sobre distintos escenarios para una eventual transición política en Cuba. Las propuestas incluyen un gobierno provisional, elecciones libres, una bolsa de valores en La Habana y una movilización multimillonaria de capital privado para reconstruir la red eléctrica, los aeropuertos y otras infraestructuras esenciales de la Isla.

Los preparativos fueron revelados por The Wall Street Journal, que describió reuniones discretas entre cubanoamericanos con poder económico y conexiones políticas. No se trata de un plan oficial aprobado por Washington ni de una transición que ya esté en marcha. Son proyectos de contingencia elaborados ante la posibilidad de que la profunda crisis económica, energética y política termine provocando un cambio de sistema.

Reuniones en Miami para diseñar el día después

La discusión no se limita a quién podría gobernar. Los grupos involucrados están tratando de responder qué ocurriría durante las primeras semanas después de una eventual caída del régimen, cómo se mantendrían los servicios básicos y qué marco jurídico permitiría atraer inversiones sin dejar a Cuba atrapada en otro ciclo de improvisación.

Uno de los espacios de trabajo está vinculado con la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana, dirigida por Juan Omar Sixto. Esa organización prepara proyectos para establecer una bolsa de valores cubana y celebrar una cumbre de inversionistas en La Habana con bancos, fondos de inversión y grandes compañías internacionales.

En paralelo, otros equipos estudian soluciones de emergencia para la generación eléctrica, incluidas plantas flotantes, y analizan la reparación de puertos, carreteras, telecomunicaciones y sistemas de distribución. El deterioro acumulado durante décadas de control estatal convierte la reconstrucción en una operación de enorme escala.

También existe una propuesta encabezada por el arquitecto Willy Bermello para modernizar ocho aeropuertos cubanos. El costo estimado rondaría los 8,000 millones de dólares y las conversaciones incluirían a representantes de aerolíneas, operadores aeroportuarios e inversionistas.

Jorge Mas calcula una reconstrucción de 90,000 millones de dólares

Una de las figuras centrales es el empresario cubanoamericano Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, dirigente de MasTec y propietario gerente del Inter Miami. Mas mantiene una relación cercana con el secretario de Estado Marco Rubio y ha participado en conversaciones sobre posibles escenarios de cambio en la Isla.

Según el reporte, Donald Trump le preguntó cuánto dinero sería necesario para reconstruir Cuba. Mas calculó que estabilizar el país y rehabilitar sus principales infraestructuras durante los primeros tres años de transición requeriría alrededor de 90,000 millones de dólares.

El empresario considera que una parte sustancial de ese capital podría obtenerse mediante inversiones privadas del exilio cubano, fondos internacionales y compañías interesadas en entrar en un mercado que tendría que abrirse después de casi siete décadas de economía centralizada.

La disponibilidad de dinero, sin embargo, no sería suficiente. Los promotores reconocen que los inversionistas exigirían seguridad jurídica, protección de la propiedad, tribunales independientes, reglas transparentes y garantías de que los contratos no quedarían sometidos a decisiones arbitrarias del poder político.

Un gobierno provisional con un límite de dos años

El componente político contempla un período provisional de hasta dos años. Su función sería mantener el orden institucional, restablecer derechos fundamentales, desmontar las estructuras represivas y preparar elecciones libres con participación de diferentes fuerzas políticas.

Mas trabaja junto con la Asociación de Abogados Cubanoamericanos en un proyecto de ley fundamental para regular el tránsito entre el sistema comunista y un gobierno elegido democráticamente. Un borrador conocido anteriormente contiene un preámbulo, más de un centenar de artículos y disposiciones transitorias sobre derechos humanos, economía y funcionamiento de las instituciones.

La idea busca evitar que un vacío de poder desemboque en caos, violencia o una simple sustitución de figuras dentro de la misma estructura. Sus defensores sostienen que la transición necesitaría un calendario definido y que el gobierno provisional no podría convertirse en una autoridad permanente ni aplazar indefinidamente la consulta popular.

Dentro de esas conversaciones también se ha planteado recuperar temporalmente la Constitución cubana de 1940 mientras se redacta y somete a votación una nueva carta magna. Esa alternativa conserva un fuerte valor simbólico por tratarse del marco constitucional anterior al golpe de Estado de Fulgencio Batista y a la posterior instauración del régimen de Fidel Castro.

No todos coinciden, sin embargo, en que restaurar ese texto sea la mejor opción. Cuba necesitaría normas adaptadas a una sociedad profundamente transformada, a una diáspora de millones de personas y a problemas contemporáneos que no existían hace más de ocho décadas.

Contactos de Washington con figuras del sistema cubano

La revelación aparece en medio de contactos entre funcionarios estadounidenses y representantes del poder en La Habana. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Cuba con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como “Raulito” o “El Cangrejo”, además de otros altos funcionarios cubanos, según reportaron fuentes estadounidenses y cubanas.

Rodríguez Castro no ocupa formalmente uno de los principales cargos del Estado, pero su cercanía familiar con Raúl Castro y sus vínculos con el aparato de seguridad le otorgan peso dentro del sistema. Meses después expresó públicamente su disposición a dialogar con representantes de Estados Unidos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la Administración Trump habría transmitido condiciones severas para cualquier alivio de la presión petrolera y de otras sanciones. Entre ellas estarían reformas económicas y políticas profundas y la liberación de más de mil presos políticos.

Los detalles de una negociación de esa magnitud no han sido confirmados públicamente en su totalidad por ambos gobiernos. La existencia de contactos no significa que haya un acuerdo, ni que Washington haya aceptado preservar el actual sistema mediante cambios cosméticos.

El desafío de decidir quién conduce la transición

Uno de los puntos más delicados es la legitimidad. Los planes nacen en Miami y reúnen experiencia empresarial, capital y conocimientos técnicos, pero una futura Cuba democrática tendría que incorporar a la oposición interna, la sociedad civil, los presos políticos, los emprendedores y los ciudadanos que han permanecido en la Isla.

El protagonismo del exilio puede resultar decisivo para movilizar recursos, aunque también abre interrogantes sobre quién controlaría la reconstrucción, cómo se adjudicarían los contratos y qué mecanismos impedirían que los intereses privados se impusieran sobre las necesidades de la población.

Otro conflicto potencial sería el de las propiedades confiscadas después de 1959. Una transición tendría que conciliar reclamaciones históricas con la realidad de las familias que llevan décadas viviendo en esos inmuebles. Resolver ese problema exclusivamente mediante devoluciones automáticas podría provocar una crisis social y jurídica.

La reconstrucción necesitaría, además, controles contra la corrupción, licitaciones públicas, auditorías independientes y reglas claras para impedir el reparto de sectores estratégicos entre grupos cercanos al poder de turno.

De la planificación en Miami a una decisión de los cubanos

La novedad no es que el exilio imagine una Cuba democrática. Lo diferente es el nivel de detalle que comienzan a alcanzar los proyectos: costos, cronogramas, aeropuertos, electricidad, mercados de capitales y normas para organizar un gobierno temporal.

Pese a ese avance, el régimen cubano continúa en el poder y no existe una fecha cierta para una transición. Los cálculos económicos dependen de condiciones políticas que todavía no se han producido, y cualquier transformación deberá enfrentar una infraestructura colapsada, una fuerte emigración de profesionales, escasez de combustible y profundas desigualdades.

Los documentos preparados en Miami podrían servir como punto de partida, pero no sustituyen la voluntad soberana de los cubanos. El éxito de una Cuba poscomunista dependería de que las decisiones fundamentales —el modelo institucional, la nueva Constitución y la elección de sus gobernantes— sean tomadas mediante un proceso libre, plural y verificable.