La posibilidad de obtener asilo político ante un tribunal de inmigración en Estados Unidos se ha reducido drásticamente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. En junio de 2026, los jueces concedieron protección a apenas 771 personas, lo que representa una tasa nacional de aprobación del 5,5 %.
En términos prácticos, aproximadamente cinco de cada 100 casos decididos durante ese mes terminaron con una concesión de asilo. El 94,1 % fue rechazado, según un análisis de registros judiciales realizado por Transactional Records Access Clearinghouse, conocido como TRAC. Los jueces resolvieron más de 14.000 solicitudes durante ese periodo.
La cifra marca un cambio radical frente a los primeros años de la administración de Joe Biden, cuando la tasa de aprobación llegó a superar el 50 %. Al finalizar su presidencia ya había descendido hasta aproximadamente el 32 %, pero la caída se aceleró después del regreso de Trump a la Casa Blanca.
Los rechazos aumentan mientras los tribunales resuelven más casos
El desplome no significa necesariamente que todos los expedientes presentados en Estados Unidos tengan solamente un 5,5 % de posibilidades de éxito. El dato corresponde específicamente a las decisiones emitidas durante junio por jueces de inmigración.
No incluye de manera idéntica todos los casos afirmativos tramitados inicialmente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. Tampoco permite determinar el resultado futuro de una solicitud individual, pues las decisiones pueden variar considerablemente según el juez, el tribunal, el país de origen, las pruebas presentadas y la existencia de representación legal.
Sin embargo, la tendencia nacional es contundente. En junio se concedieron menos de una cuarta parte de los asilos aprobados durante el mismo periodo de tres años atrás, mientras aumentó la cantidad de decisiones y órdenes de expulsión.
TRAC relaciona este comportamiento con una profunda transformación dentro de los tribunales migratorios. Entre los años fiscales 2025 y 2026, un total de 279 jueces fueron despedidos o abandonaron sus cargos. Esa cantidad equivale aproximadamente al 38 % de los 735 jueces que formaban parte del sistema al terminar el año fiscal 2024.
Incluso entre los magistrados que permanecieron en sus puestos desde 2021, la proporción de solicitudes rechazadas aumentó. Tres de cada cuatro jueces que emitieron decisiones durante todo el periodo comprendido entre 2021 y 2026 elevaron su tasa de negación, con un incremento promedio de 33 puntos porcentuales.
La administración Trump endurece el sistema migratorio
El Departamento de Justicia, organismo del que depende la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, sostiene que reducir el enorme atraso judicial constituye una de sus principales prioridades.
La administración Trump atribuye buena parte de la acumulación de expedientes a las políticas de la presidencia anterior y asegura que millones de migrantes ingresaron sin una verificación suficientemente rigurosa. Sus funcionarios han defendido controles más estrictos y una resolución más rápida de los procedimientos pendientes.
Abogados y defensores de los inmigrantes, por el contrario, advierten que acelerar los casos puede reducir el tiempo disponible para encontrar representación, recopilar documentos, conseguir declaraciones de testigos y presentar informes sobre las condiciones del país de origen.
El efecto de la nueva política también puede observarse en tribunales específicos. En Fort Snelling, Minnesota, por ejemplo, la tasa de aprobación descendió desde aproximadamente un 13 % durante la administración Biden hasta menos del 2 % bajo el actual gobierno.
La violencia general no garantiza la aprobación del asilo
El asilo no se concede únicamente porque una persona provenga de un país violento, pobre o controlado por organizaciones criminales. Tampoco basta con demostrar que existen inseguridad, desempleo, escasez o una crisis política generalizada.
El solicitante debe probar que sufrió persecución en el pasado o que tiene un temor fundado de sufrirla en el futuro. Además, la persecución debe estar relacionada con al menos uno de cinco motivos protegidos: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular.
También suele ser necesario demostrar que las autoridades del país de origen participaron en la persecución o que no quisieron o no pudieron brindar protección. Si la persona podía trasladarse razonablemente a otra zona de su propio país sin enfrentar el mismo peligro, ese elemento puede afectar negativamente su solicitud.
La violencia doméstica, las amenazas de pandillas o los ataques de grupos criminales pueden formar parte de un caso, pero no generan automáticamente elegibilidad. El resultado dependerá de la relación entre el daño sufrido, el motivo protegido y la respuesta del gobierno del país de origen.
USCIS recuerda que una persona puede solicitar asilo independientemente de su situación migratoria, aunque normalmente debe presentar el formulario I-589 dentro del primer año posterior a su llegada, salvo que pueda demostrar una excepción legal.
Tener un caso pendiente no equivale a contar con estatus legal
Una solicitud de asilo pendiente no concede por sí sola residencia permanente, ciudadanía ni un estatus migratorio independiente. La persona continúa siendo solicitante mientras USCIS o un juez analiza el expediente.
En determinadas circunstancias puede obtener autorización de empleo y permanecer en Estados Unidos mientras se procesa el caso. Sin embargo, la existencia de la solicitud no elimina automáticamente una orden de deportación anterior, una causa abierta en un tribunal ni otros problemas migratorios.
El riesgo depende de cómo ingresó la persona, si fue admitida o recibió parole, si está en proceso de deportación, si incumplió una cita y si cuenta con alguna orden previa. Por eso no todos los solicitantes enfrentan la misma posibilidad de detención.
También es importante distinguir una solicitud de asilo legítima de un expediente presentado solamente para intentar retrasar una expulsión. Declaraciones contradictorias, documentos falsos o historias que no coinciden con entrevistas anteriores pueden destruir la credibilidad del solicitante y ocasionar consecuencias adicionales.
Qué deben revisar quienes tienen un caso abierto
Ante una tasa de rechazo superior al 94 %, los solicitantes necesitan revisar si su historia está jurídicamente conectada con uno de los cinco motivos protegidos y si existen pruebas que respalden cada parte del relato.
Reportes policiales, denuncias, expedientes médicos, mensajes con amenazas, fotografías, publicaciones políticas, declaraciones de testigos e informes confiables sobre las condiciones del país pueden ser determinantes. Los documentos deben coincidir con lo declarado previamente ante agentes fronterizos, USCIS y el tribunal.
También resulta fundamental mantener actualizada la dirección ante las autoridades migratorias, asistir a todas las audiencias y no depender exclusivamente de consejos difundidos en redes sociales. Una ausencia puede terminar en una orden de deportación emitida sin que la persona esté presente.
La tasa del 5,5 % no significa que obtener asilo sea imposible, pero sí confirma que el margen de error se ha reducido significativamente. Cada expediente requiere una evaluación individual y, cuando sea posible, asesoría de un abogado de inmigración o representante acreditado.
