La posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos mediante los tribunales migratorios sufrió un desplome histórico durante la administración de Donald Trump, con cifras que muestran un endurecimiento sin precedentes del sistema de protección humanitaria y que el gobierno republicano presenta como una de sus principales victorias en materia migratoria.
De acuerdo con información de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) durante el primer semestre del año fiscal 2026 solo el 8,8% de los casos de asilo decididos por jueces de inmigración terminaron con una aprobación, el nivel más bajo registrado en más de una década.
«Bajo Biden, los jueces de inmigración concedieron casi la mitad de todas las solicitudes de asilo que resultaron en concesión o denegación. Bajo el presidente Trump, ese porcentaje ha caído a tan solo el 8.8%, y con tendencia a bajar aún más», dice una publicación de Rapid Response 47.
La cifra marca una diferencia radical con los años anteriores y refleja el impacto de una nueva política migratoria enfocada en acelerar procesos, elevar los estándares de prueba y reducir la cantidad de personas que consiguen permanecer legalmente en el país mediante solicitudes de protección.
Para la administración Trump, el desplome representa una señal de que el sistema está siendo utilizado de manera más estricta. Para organizaciones defensoras de inmigrantes y abogados especializados, el cambio plantea dudas sobre si los nuevos procedimientos están dificultando también el acceso de personas con casos legítimos.
El sistema de asilo cambia de rumbo y registra su mayor caída en años
El asilo es una de las principales formas de protección que ofrece Estados Unidos a extranjeros que pueden demostrar persecución o temor fundado de sufrir daños graves en sus países de origen por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas.
Durante los últimos años, el sistema experimentó una fuerte presión debido al aumento de solicitudes presentadas por migrantes procedentes de América Latina, el Caribe y otras regiones.
Ese crecimiento generó una acumulación histórica de expedientes pendientes en los tribunales de inmigración y se convirtió en uno de los principales argumentos utilizados por la administración Trump para justificar una reforma profunda del proceso. Las nuevas cifras muestran que esa transformación ya está teniendo consecuencias directas en los resultados judiciales.
Mientras en años recientes cientos de miles de inmigrantes lograron obtener algún tipo de protección, en 2026 la proporción de aprobaciones se redujo a niveles que representan una ruptura con la tendencia anterior.
De casi la mitad de aprobaciones con Biden a menos de uno de cada diez casos
La evolución estadística refleja el cambio de enfoque entre administraciones. Durante el gobierno de Joe Biden, los jueces migratorios aprobaron una proporción mucho mayor de solicitudes de asilo. En el año fiscal 2023, aproximadamente el 48,1% de los casos decididos terminaron favorablemente, mientras que en 2024 la cifra alcanzó el 45,7%.
Ese periodo estuvo marcado por un aumento significativo de solicitudes, especialmente de ciudadanos de países con crisis políticas, económicas y sociales. Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse posteriormente. En el año fiscal 2025 la aprobación cayó al 24,4%, antes de alcanzar el mínimo actual del 8,8% en 2026.
La diferencia implica que un inmigrante que hace pocos años tenía estadísticamente muchas más posibilidades de recibir protección ahora enfrenta un escenario mucho más restrictivo ante los tribunales.
La administración Trump utiliza las cifras como prueba de su estrategia migratoria
El gobierno federal reaccionó a los datos destacando la caída como una evidencia de que sus medidas están funcionando. Funcionarios de la administración han argumentado que durante los años anteriores el sistema de asilo permitió que muchas personas utilizaran una solicitud de protección como mecanismo para permanecer en Estados Unidos mientras sus casos avanzaban lentamente.
Desde la Casa Blanca sostienen que la reducción significa que los jueces están aplicando con mayor rigor los requisitos establecidos por la ley y rechazando solicitudes que no cumplen con los criterios necesarios.
La administración considera que un sistema con menos aprobaciones desalienta el uso irregular de la vía del asilo y permite concentrar recursos en quienes realmente cumplen los requisitos de protección.
La cifra baja todavía más cuando se incluyen todos los cierres de casos
El porcentaje del 8,8% corresponde únicamente a los expedientes en los que un juez emitió una decisión sobre la solicitud de asilo. Pero al analizar todos los casos procesados por los tribunales migratorios, el panorama resulta aún más severo.
Según los datos citados por el investigador Andrew R. Arthur, más de 150.500 casos fueron resueltos, pero solo alrededor de 5.086 personas recibieron una aprobación de asilo. Eso significa que aproximadamente el 3,4% del total de expedientes terminó con una concesión de protección.
La diferencia se explica porque miles de procesos terminan mediante otras vías: solicitudes abandonadas, retiradas por los propios inmigrantes, cierres administrativos o decisiones que no implican otorgar un beneficio migratorio. El resultado es que la gran mayoría de las personas cuyos casos fueron cerrados no recibieron la protección que buscaban.
Cambios en los criterios legales endurecieron las evaluaciones
Uno de los factores principales detrás de la caída es la modificación de los criterios utilizados para evaluar los argumentos de los solicitantes. La administración Trump impulsó nuevas interpretaciones legales destinadas a limitar algunas categorías de casos que en años anteriores habían generado numerosas aprobaciones.
Entre ellos se encuentran opiniones de la Fiscal General Pam Bondi sobre solicitudes basadas en situaciones de violencia de pandillas, amenazas de grupos criminales o violencia doméstica en países donde el gobierno estadounidense considera que existen dudas sobre la responsabilidad estatal o la posibilidad de protección interna.
El argumento oficial es que el sistema de asilo debe reservarse para personas que enfrentan persecución bajo los parámetros establecidos por la ley estadounidense y no convertirse en una solución general para problemas económicos, inseguridad o falta de oportunidades. Sus críticos responden que muchos solicitantes enfrentan amenazas reales, aunque estas no encajen fácilmente en categorías tradicionales de persecución.
Nuevas instrucciones para jueces aceleran los rechazos
Además de modificar criterios legales, la administración aplicó cambios operativos dentro de los tribunales migratorios. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió nuevas orientaciones que facilitan la resolución de ciertos casos y permiten rechazar solicitudes consideradas insuficientemente fundamentadas.
Los jueces también recibieron más capacidad para cerrar procesos rápidamente cuando determinan que los argumentos presentados no cumplen con los requisitos legales. El gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para reducir una acumulación que durante años creció hasta niveles récord.
Los defensores de inmigrantes advierten que la rapidez en los procedimientos puede afectar a personas que necesitan más tiempo para reunir documentos, conseguir representación legal o presentar pruebas de persecución.
La estrategia contra el atraso migratorio incluye nuevos jueces y más presión procesal
Uno de los mayores problemas del sistema migratorio estadounidense ha sido la enorme cantidad de casos pendientes. Durante años, los tribunales acumularon millones de expedientes, provocando que algunos inmigrantes permanecieran en un limbo legal durante largos periodos.
La administración Trump convirtió la reducción de esa acumulación en una prioridad y aumentó la contratación de 120 jueces migratorios y personal especializado. El objetivo declarado es resolver más casos en menos tiempo.
Sin embargo, la reducción de atrasos también significa que miles de inmigrantes reciben decisiones más rápidamente, aumentando la posibilidad de órdenes de salida para quienes no consiguen demostrar que califican para permanecer en Estados Unidos.
Nuevas tarifas y revisiones de seguridad aumentan la presión sobre solicitantes
El endurecimiento del sistema también incluyó medidas administrativas adicionales. En noviembre de 2025, la administración suspendió temporalmente decisiones relacionadas con casos de asilo para revisar protocolos de seguridad después de un incidente protagonizado por una persona que había recibido protección migratoria.
El gobierno utilizó ese episodio para argumentar la necesidad de fortalecer los controles antes de conceder beneficios. Posteriormente, en mayo de 2026, estableció una tarifa anual de 102 dólares para solicitudes de asilo pendientes durante más de un año.
La medida añadió una nueva obligación económica para inmigrantes que, en muchos casos, llevan largos periodos esperando una decisión mientras enfrentan gastos legales, laborales y familiares.
El impacto para los cubanos y otros migrantes latinoamericanos
La nueva realidad afecta especialmente a comunidades migrantes que durante años han recurrido al sistema de asilo como una vía para buscar estabilidad en Estados Unidos. Los cubanos forman parte de los grupos que podrían enfrentar mayores dificultades bajo este nuevo escenario.
Aunque los ciudadanos cubanos han tenido históricamente tratamientos migratorios particulares debido a la relación entre Washington y La Habana, las solicitudes de asilo deben cumplir con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
La caída en las aprobaciones significa que quienes presenten estos casos tendrán que demostrar con mayor precisión la existencia de persecución, amenazas personales o circunstancias que les impidan regresar a Cuba.
La misma situación afecta a venezolanos, nicaragüenses, haitianos, centroamericanos y otros grupos que han protagonizado una parte importante del flujo migratorio reciente hacia Estados Unidos. «Cabe esperar que las denegaciones de asilo aumenten y las concesiones disminuyan, tanto en números reales como en porcentaje del total de decisiones, al menos mientras Trump sea presidente», concluyó Arthur.
Un cambio que redefine quién puede obtener protección en Estados Unidos
El desplome de las aprobaciones de asilo se ha convertido en uno de los indicadores más claros del giro migratorio impulsado por Donald Trump. La administración considera que las nuevas cifras demuestran que está recuperando el control de un sistema que considera saturado y vulnerable a abusos. Sus críticos sostienen que el descenso histórico podría significar que personas con necesidades reales de protección enfrenten mayores obstáculos para demostrar sus casos.
Con miles de expedientes todavía pendientes y nuevas reglas aplicándose en los tribunales, el asilo estadounidense entra en una nueva etapa marcada por controles más estrictos, decisiones más rápidas y una reducción significativa de las probabilidades de aprobación para quienes buscan protección dentro del país.
