Cubanos deportados a la República Centroafricana anuncian un avance decisivo en sus casos

Los cubanos Yasmany Moreno y Arístides Fernández García anunciaron desde Bangui que abrieron nuevamente sus casos migratorios y que sus abogados les transmitieron perspectivas favorables, una actualización que podría marcar un giro en la situación que enfrentan tras terminar deportados por Estados Unidos a la República Centroafricana.

Ambos comunicaron la noticia mediante un video publicado en Instagram, después de varias semanas documentando su vida en ese país africano y pidiendo ayuda para evitar que a otros migrantes los envíen a lugares con los que no mantienen vínculos familiares, culturales o migratorios.

“Los jueces abrieron nuestros casos y los abogados nos han dado buenas noticias”, declaró Moreno, quien atribuyó el avance a la repercusión alcanzada por sus testimonios en las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente qué tribunal ordenó revisar los expedientes, qué recursos presentaron los abogados ni si la decisión permitirá a los dos cubanos regresar a Estados Unidos o trasladarse a otro país. La apertura de los casos representa un avance procesal, pero todavía no equivale a una resolución definitiva.

La presión pública habría impulsado la revisión

Moreno aseguró que la difusión de los videos convirtió su situación en un caso de amplia repercusión y llevó a que las autoridades volvieran a evaluar lo ocurrido.

“Nos están volviendo a valorar nuestros casos y están tratando de no volver a cometer estos errores para que no manden más a nadie para acá. Eso es lo único que queremos”, manifestó.

Fernández García también agradeció el respaldo recibido y pidió mantener la atención sobre los migrantes enviados a África. Los dos hombres consideran que la visibilidad pública puede ayudar a impedir nuevas deportaciones a países alejados de las naciones de origen de los afectados.

Sus palabras reflejan una esperanza todavía cautelosa. No han anunciado una fecha para una nueva audiencia ni han confirmado que exista una orden que suspenda permanentemente su permanencia en la República Centroafricana.

Deportados sin conocer previamente su destino

Yasmany Moreno, de 31 años, llegó a Florida en una embarcación en septiembre de 2016, durante los últimos meses de vigencia de la política conocida como “pies secos, pies mojados”. Posteriormente intentó obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero su proceso no concluyó favorablemente.

ICE lo detuvo en mayo de 2025 y lo trasladó entre instalaciones migratorias antes de que lo expulsara de Estados Unidos. Según su testimonio, no supo que lo enviaran a la República Centroafricana hasta que el avión estaba próximo a aterrizar en Bangui.

Arístides Fernández García, de 37 años, afirmó que lo arrestaron el 30 de julio de 2026 cuando salía de una audiencia migratoria en Miami. En ese momento tenía un permiso de trabajo con vigencia hasta 2030 y un proceso de asilo pendiente, según ha explicado públicamente.

Fernández García denunció que lo trasladaron en nueve ocasiones entre centros de detención antes de ser llevado al avión. Los dos cubanos sostienen que no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

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La vida de los cubanos atrapados en Bangui

Desde su llegada, Moreno ha utilizado Instagram para mostrar diferentes aspectos de la vida cotidiana en Bangui. En sus publicaciones aparecen trabajadores extrayendo arena del río, canoas utilizadas para el transporte y la zona fronteriza con la República Democrática del Congo.

Los videos también han servido para explicar el aislamiento que experimentan, la distancia que los separa de sus familiares y la incertidumbre sobre el tiempo que deberán permanecer en territorio centroafricano.

La República Centroafricana continúa afectada por violencia armada, inestabilidad política y una grave crisis humanitaria. El Departamento de Estado mantiene para ese país una advertencia de viaje de máximo nivel debido, entre otros riesgos, a los delitos violentos, los disturbios y los secuestros.

El controvertido sistema de deportaciones a terceros países

La Administración Trump amplió la utilización de acuerdos con gobiernos extranjeros para trasladar migrantes a países distintos de sus lugares de origen. La República Centroafricana aceptó recibir deportados como parte de uno de esos entendimientos.

De acuerdo con información recopilada por organizaciones que monitorean estas expulsiones, el acuerdo se formalizó en abril de 2026 y Estados Unidos destinó 85 millones de dólares a operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en ese país. Los primeros traslados conocidos se realizaron en junio y julio.

Reuters informó que las autoridades estadounidenses defendieron el procedimiento asegurando que las personas expulsadas reciben el debido proceso. Abogados y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, cuestionan que a algunos migrantes los hayan enviado sin tiempo suficiente para impugnar el destino y pese a tener protecciones contra su regreso al país de origen.

Una política todavía disputada en los tribunales

El juez federal Brian Murphy determinó en febrero de 2026 que los migrantes deben recibir una notificación significativa y una oportunidad real de presentar objeciones antes de enviarlos a un tercer país donde puedan enfrentar persecución o tortura.

El magistrado consideró ilegal la política aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional, pero suspendió temporalmente los efectos de su decisión para permitir que el Gobierno apelara. El litigio continúa, por lo que el alcance práctico de la sentencia permanece sujeto a nuevas resoluciones.

Este contexto judicial podría ser relevante para Moreno y Fernández García, especialmente si sus abogados argumentan que no fueron informados oportunamente del destino o que no tuvieron una oportunidad efectiva de objetar su traslado. No obstante, sus representantes legales no han divulgado los documentos presentados ni el alcance exacto de la reapertura.

Qué podría ocurrir ahora

La revisión puede conducir a nuevas audiencias, solicitudes de protección o recursos relacionados con el procedimiento utilizado para expulsarlos. También podría analizarse si Estados Unidos respetó las garantías procesales requeridas antes de enviarlos a la República Centroafricana.

Para los dos cubanos, el anuncio representa la primera señal concreta de que su situación podría cambiar. Pero cualquier posibilidad de regresar a Estados Unidos, viajar a Cuba o ser admitidos en otra nación dependerá de futuras decisiones judiciales y administrativas. Mientras esperan, Moreno y Fernández García insisten en mantener la atención pública sobre su caso.

“Sigan compartiendo estos videos para que no sigan deportando personas para estos países. Están lejos de su familia”, pidió Moreno desde la orilla del río que separa la República Centroafricana de la República Democrática del Congo.