
El gobierno de Estados Unidos elevó esta semana la presión sobre el régimen cubano mediante nuevas sanciones económicas y controles adicionales a varios ciudadanos estadounidenses que regresaron de La Habana tras participar en actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.
El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde agentes federales retuvieron brevemente a algunos pasajeros y los enviaron a una revisión secundaria. Teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos también los apartaron temporalmente para su inspección, según informaron funcionarios estadounidenses a The Associated Press.
Las autoridades se habían preparado para interrogar a decenas de activistas, pero finalmente solo un número reducido habría cumplido los criterios establecidos para una revisión reforzada. A todos los liberaron y autorizados a ingresar al país, aunque algunos podrían enfrentar consecuencias posteriores si se determina que violaron las regulaciones estadounidenses relacionadas con Cuba.
El operativo no representa una prohibición general de viajar a Cuba
La actuación de las autoridades en Miami no significa que todos los estadounidenses que visiten Cuba terminarán detenidos ni que Washington haya impuesto una prohibición absoluta de viajar a la isla.
Los ciudadanos estadounidenses todavía pueden desplazarse a territorio cubano bajo determinadas categorías autorizadas. Sin embargo, las regulaciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— limitan las operaciones económicas que pueden realizar durante su estancia.
El cumplimiento de esas normas depende de factores como el motivo del viaje, los pagos efectuados y las empresas, hoteles, restaurantes o funcionarios con los que el viajero haya mantenido relaciones comerciales.
Las revisiones en Miami demuestran que las autoridades federales pueden examinar con mayor profundidad algunos viajes cuando existen sospechas sobre posibles transacciones con entidades sancionadas o controladas por el régimen de La Habana.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de cargos contra los viajeros sometidos al operativo. Tampoco está claro si todos los dispositivos electrónicos retenidos ya fueron devueltos.
Washington sanciona sectores estratégicos del régimen cubano
Las inspecciones coincidieron con la imposición de nuevas sanciones contra nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, los metales y la construcción.
Entre los objetivos figuran una productora de níquel, dos empresas dedicadas a importar equipos industriales pesados, una compañía vinculada con los recursos minerales, el Ministerio de la Construcción y entidades que suministran trabajadores cubanos a compañías extranjeras.
La lista también comprende empresas dedicadas a importar vehículos, piezas de automóviles y materiales para la construcción, según la información divulgada por Washington y recogida por Univisión.
Las designaciones implican el bloqueo de los bienes e intereses que esas entidades posean dentro de la jurisdicción estadounidense. Además, prohíben generalmente que ciudadanos y compañías de Estados Unidos realicen transacciones con ellas.
El propósito declarado de Washington es reducir las fuentes de ingresos de un aparato estatal que concentra amplios sectores de la economía mientras la población cubana enfrenta apagones, escasez de alimentos, deterioro de los servicios públicos y una profunda crisis de transporte.
Marco Rubio acusa al ICAP de promover una red de influencia
El Departamento de Estado también anunció medidas contra dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, conocido como ICAP. Las sanciones alcanzaron a su presidente, Fernando González Llort; a la primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández; y a la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
González Llort fue uno de los cinco agentes cubanos arrestados en Estados Unidos en 1998. Regresó a Cuba en 2014 después de cumplir su condena.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al ICAP de utilizar intercambios culturales y educativos para desarrollar una red dirigida a captar, influir y radicalizar a ciudadanos estadounidenses. Rubio sostuvo que las actividades organizadas alrededor del centenario de Fidel Castro pretendían revitalizar esos contactos.
Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial del gobierno estadounidense y no han sido verificadas de manera independiente. El régimen cubano, por su parte, presenta habitualmente al ICAP como una institución dedicada a promover la solidaridad internacional.
Posibles consecuencias para los viajeros
Las nuevas sanciones no convierten automáticamente en ilegal cualquier viaje a Cuba. El riesgo aparece cuando una persona efectúa operaciones que no están autorizadas o mantiene transacciones con empresas y funcionarios incluidos en las listas restrictivas.
OFAC contempla licencias generales para algunas actividades familiares, educativas, periodísticas, religiosas, humanitarias y relacionadas con las comunicaciones. No obstante, cada categoría tiene requisitos particulares y no constituye una autorización para hacer turismo convencional.
Los viajeros deben conservar documentos que permitan demostrar el propósito de su visita y revisar previamente las entidades con las que realizarán pagos. Las inspecciones reportadas en Miami muestran que Washington está dispuesto a aplicar controles más rigurosos mientras amplía su estrategia para aislar económicamente al régimen cubano.





