Dos ciudadanos naturalizados de origen cubano figuran entre las 40 personas contra las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas para revocar la ciudadanía estadounidense. El anuncio, divulgado este lunes 5 de octubre, abre nuevos procesos judiciales por presuntas irregularidades en la obtención de la naturalización.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, se trata del mayor volumen de demandas de este tipo presentado en un solo período durante la administración Trump. El Gobierno sostiene que los demandados obtuvieron la ciudadanía sin cumplir los requisitos legales o mediante el ocultamiento de información relevante. La presentación de estas acciones no significa que las 40 personas hayan perdido ya la ciudadanía.
Los cubanos identificados son Javier Marrero Pando, de 60 años, residente en Athens, Georgia, y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, de 40 años. Aunque sus casos tienen antecedentes diferentes, las autoridades alegan que ambos omitieron conductas delictivas que habrían afectado su elegibilidad para naturalizarse.
En el caso de Marrero Pando, el DOJ relaciona la solicitud de desnaturalización con una condena por sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales. Según la información difundida, se declaró culpable en junio de 2022 y recibió una sentencia de cadena perpetua, con suspensión de toda la pena salvo 15 años de prisión.
El punto central de la demanda es la secuencia de los hechos. Las autoridades indican que el delito ocurrió en mayo de 2020, antes de su entrevista de naturalización, celebrada en octubre de ese año. Durante esa entrevista, según el Gobierno, respondió bajo juramento que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestado.
La demanda solicita revocar su naturalización por tres fundamentos: obtención ilegal de la ciudadanía, incumplimiento del requisito de buena conducta moral y declaraciones falsas durante el trámite.
El proceso contra Trujillo Vitón está relacionado con fraude al sistema de salud. El Departamento de Justicia sostiene que participó en una conspiración y presentó reclamaciones fraudulentas a Medicare, conductas por las que fue condenado después de naturalizarse.
De acuerdo con la versión del Gobierno, esas actividades comenzaron antes de que obtuviera la ciudadanía y continuaron durante el proceso. La demanda argumenta que ocultó su participación y proporcionó información falsa que impidió a las autoridades evaluar correctamente su solicitud.
La lista también incluye un caso relacionado con el uso de documentación cubana presuntamente fraudulenta. Se trata de Johyce Martínez, de 52 años y natural de Venezuela, a quien el Gobierno acusa de haber ingresado a Estados Unidos en 2006 utilizando un registro de nacimiento cubano falso.
Según las autoridades, ese documento le permitió obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano. Posteriormente, habría mantenido esa identidad al naturalizarse en 2013. El Gobierno pide que un tribunal revoque su ciudadanía por las irregularidades que atribuye a ese historial migratorio.
El anuncio refleja la prioridad que la administración Trump está dando a los procesos de desnaturalización. Sin embargo, cada demanda debe resolverse de manera individual, con una evaluación judicial de las pruebas y de los fundamentos planteados por el Gobierno.
La legislación permite revocar una naturalización obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho material o a través de una declaración falsa deliberada. En los casos descritos, las autoridades vinculan sus solicitudes con información presuntamente ocultada durante los trámites migratorios.
Una eventual pérdida de ciudadanía podría dar paso a consecuencias migratorias adicionales, dependiendo de las circunstancias de cada persona. No equivale, por sí sola, a una deportación inmediata.
El propio Departamento de Justicia precisó que las afirmaciones contenidas en estas demandas son alegaciones y que todavía no se ha determinado responsabilidad civil en los procesos anunciados. La decisión sobre la revocación de la ciudadanía corresponde a los tribunales.
