Estados Unidos expulsó a Fernando Armando Valdés Pérez, un cubano de 61 años residente en Kendall, después de que las autoridades migratorias determinaran que presuntamente obtuvo de manera fraudulenta la residencia permanente al ocultar sus supuestos vínculos con el Gobierno de Cuba.
De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Valdés Pérez habría recibido desde mediados de la década de 1990 la misión de infiltrarse en organizaciones del exilio, acercarse a opositores y recopilar información sobre figuras de la comunidad cubana y cubanoamericana del sur de Florida.
La agencia sostiene que el hombre consiguió establecer relaciones con personalidades conocidas dentro del exilio e incluso se ganó la confianza de Luis Posada Carriles, una de las figuras más controvertidas de la lucha contra el régimen de Fidel Castro. Posada Carriles, exoperativo de la CIA y militante anticomunista, falleció en Florida en mayo de 2018 a los 90 años.
Detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami
A Valdés Pérez lo detuvieron el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación conjunta en la que participaron ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Después de permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias, lo expulsaron del país el 7 de agosto. ICE no explicó si el hombre intentaba abandonar Estados Unidos, si regresaba de un viaje internacional o si su detención se produjo durante una revisión migratoria rutinaria.
Tampoco se ha divulgado qué información permitió a los investigadores relacionarlo con los servicios de inteligencia de La Habana ni durante cuánto tiempo habría desarrollado las actividades que le atribuyen.
ICE asegura que ocultó sus vínculos con La Habana
El punto central del caso es la presunta omisión de información durante el proceso mediante el cual Valdés Pérez obtuvo la residencia permanente estadounidense.
Según ICE, el cubano no reveló sus supuestos vínculos con el régimen ni las tareas que habría realizado dentro de la comunidad exiliada. Esa ocultación habría provocado que las autoridades consideraran fraudulenta la obtención de su estatus migratorio y procedieran con su expulsión.
La residencia permanente puede revocarse cuando el Gobierno demuestra que fue obtenida mediante declaraciones falsas, fraude u ocultamiento de información relevante. Sin embargo, ICE no precisó públicamente cuándo recibió Valdés Pérez la residencia ni qué procedimiento migratorio utilizó.
Las afirmaciones sobre sus presuntas actividades de inteligencia corresponden a la versión de las autoridades estadounidenses. Hasta el momento no se conoce una respuesta pública de Valdés Pérez, de su representación legal o de familiares.
No se conoce el país al que lo enviaron
Uno de los principales interrogantes es el destino final del cubano. Aunque ICE confirmó que lo expulsaron de Estados Unidos el 7 de agosto, la agencia no informó si lo enviaron a Cuba o trasladaron a un tercer país.
Por esa razón, no puede afirmarse que lo hayan deportado directamente a territorio cubano. La falta de información resulta especialmente relevante debido a que Estados Unidos puede ejecutar órdenes de expulsión hacia naciones distintas del país de origen cuando existen acuerdos de recepción o impedimentos para una repatriación directa.
Las autoridades tampoco han anunciado la presentación de cargos penales por espionaje, conspiración o actuación ilegal como agente de un Gobierno extranjero. La información divulgada hasta ahora describe una medida migratoria, no una condena penal.
Un caso que revive las denuncias de infiltración cubana
La acusación vuelve a colocar bajo atención las operaciones atribuidas durante décadas a los servicios de inteligencia del régimen cubano en el sur de Florida.
Uno de los antecedentes más conocidos fue la llamada Red Avispa, una estructura integrada por agentes cubanos que se infiltraron en organizaciones del exilio y recopilaron información sobre instalaciones militares estadounidenses. Varios de sus miembros fueron arrestados por el FBI en 1998 y posteriormente condenados.
En el caso de Valdés Pérez, todavía faltan detalles esenciales: cuál habría sido su función concreta, qué organizaciones presuntamente vigiló, qué información habría enviado a Cuba y por qué no se formularon cargos penales antes de su expulsión.
La deportación, sin embargo, demuestra que las autoridades federales continúan investigando posibles redes de influencia e infiltración vinculadas con La Habana dentro de una de las comunidades cubanas más grandes de Estados Unidos.
