El general de División y presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, dijo el martes durante una sesión previa al pleno de la Asamblea del Poder Popular que se realiza el jueves, que un total de 107.200 personas viven ilegales en Cuba, la mitad de ellas desde hace dos décadas.

El general explicó que de estas 107.200 personas naturales, unas 52.800 viven ilegales desde hace más de 20 años en “barrios y focos precarios” y 54.400 cubanos “que no están incluidos en estas zonas, permanecen ilegales sin que se les dé tratamiento por parte de los gobiernos del país”, puntualizó el sitio oficialista Cubadebate.

Se refirió de igual modo a las 127.000 “ilegalidades urbanísticas” registradas a principios de este año, y cuestionó que “sólo cinco provincias cubanas cumplieron el 50% de los planes para la erradicación de las ilegalidades”.

“Continúan siendo débiles la planificación anual, la disponibilidad de recursos materiales y financieros, la organización en las acciones y la cooperación entre gobiernos, frente a las ilegalidades”, acotó Rodiles Planas.

Alrededor de 127.693 “ilegalidades urbanísticas” fueron detectadas en Cuba, el Instituto de Planificación Física (IPF) informa se ha resuelto el 18%, unas 23.000, hasta el cierre del tercer trimestre de 2017.

En general lo que el Gobierno cubano llama ilegalidades urbanísticas se concentran en el ámbito constructivo “con la implementación de nuevas obras, aplicaciones o violaciones de licencias y proyectos”.

Resulta injusto hablar de ilegalidades urbanísticas en la Isla, cuando la situación de la vivienda es una problemática que no se ha resuelto en Cuba, cuando el castrismo ha tenido casi seis décadas para hacerlo; e incluso podría decirse el hacinamiento y la disponibilidad de casas para los habitantes ha disminuido.

Algunas familias cubanas tienen que readaptar lugares inadecuados para poder contar con un techo, es el caso de personas que han tenido que usar vagones de tren como vivienda.

Los problemas constructivos de las viviendas de los nacionales se acrecienta cada día, edificaciones de principios del siglo XX, sin ser restauradas, “barbacoas” erigidas con sus propios medios, apartamentos en el que viven dos o tres familias nucleares; los materiales de la construcción escasean en gran medida, y cuando aparecen el costo de los mismos no corresponde con lo que ganan los antillanos.

En Cuba no existe una política, ni estrategia nacional para remodelar las edificaciones ni para la conservación de las viviendas.

El Gobierno sin ofrecer nada a cambio, impide las reparaciones que efectúan los propietarios con los medios que logran encontrar, les coloca cortapisas para que no mejoren el estado de sus viviendas.

En 2016, en la capital cubana, las autoridades impusieron 5.471 multas a propietarios por remodelar los exteriores de sus casas.

Según datos oficiales la Isla comunista, cerrará este año con un déficit de casi un millón de viviendas.

(Con información de Diario de Cuba)