Una veintena de congresistas por la Florida pidieron a la Administración que reconsidere la licencia otorgada a una compañía cubana para registrar la marca Havana Club en Estados Unidos, en el contexto de la revisión de la política hacia Cuba que está realizando la Administración de Donald Trump.
Los veinticinco congresistas, liderados por Ileana Ros-Lehtinen y Debbie Wasserman Schultz solicitaron a los Departamentos de Estado y del Tesoro que revisaran la decisión de febrero del 2016, cuando la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por recomendación del Departamento de Estado, rompió con la política anterior y le concedió una licencia a la empresa Cubaexport para registar la marca de ron Havana Club en Estados Unidos.
“Creemos que la decisión de OFAC de romper con los precedentes es insostenible y que la rama ejecutiva debe continuar honrando las políticas y leyes sobre propiedad intelectual de nuestro país”, indica la misiva.
En particular, los representantes piden explicaciones sobre por qué OFAC no aplicó la sección 211 –de una ley de asignaciones de 1998– que estipula que OFAC debe investigar si la marca en cuestión está vinculada a bienes confiscados, y si la parte que busca registrarla, obtuvo autorización de los dueños originales de la marca robada.
Los congresistas dicen estar preocupados por el precedente sentado por la decisión, cuyos efectos podrían afectar otros casos, así como debilitar la protección contra las expropiaciones de la propiedad intelectual en manos de estadounidenses por parte de gobiernos extranjeros.
Asimismo, rechazan el argumento realizado por el Departamento de Estado, de que el otorgamiento de la licencia era consistente con el cambio de política hacia Cuba realizado por la Administración Obama.
Todo el caso “se reduce a un concepto simple: que nadie—ni un gobierno, empresa o persona—debe traficar o beneficiarse de propiedad robada. Este es un principio que es ampliamente aceptado en todo el mundo”, dijo Amy Federman, vocera de Bacardí.
El complicado caso involucra propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba a la familia Arechabala, la original productora del ron Havana Club. La compañía Bacardí –también una famosa productora de ron expropiada por el gobierno cubano y que ha batallado legalmente por el control de la marca– defiende ser la legítima heredera de la marca, pues compró los derechos en un acuerdo que finalizó en 1997. Ambas compañías sostienen no haber autorizado a Cubaexport a usar la marca Havana Club.
(Con información de el Nuevo Herald)
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