En los últimos meses de 2017 los vendedores ambulantes de productos agrícolas, conocidos como carretilleros en Holguín, en la localidad de San Germán han sufrido decomisos y fuertes multas que según sus propios testimonios son injustificadas, y el resultado de abusos.

Yisel Fernández Gonzalo, de 27 años de edad y cuentapropista desde 2014, detalla: “Fui hasta la localidad El Níspero —a 14 kilómetros de San Germán— para comprar ocho quintales de cebollino a un costo de 6.400 pesos (moneda nacional), unos 256CUC. De regreso, me interceptaron agentes de la Policía, me decomisaron el producto y además fui multada con 1.500 pesos”.

“Al preguntar sobre el decomiso, respondieron que la mercancía era de procedencia ilícita, algo con lo cual no estoy de acuerdo porque se la compré a un campesino”, agregó Fernández.

Un jubilado que se dedica a la venta de productos agrícolas se quejó: “Nos sentimos bloqueados. No podemos vender arroz, papa, frijol, comino, ni siquiera puré de tomate, sin dar explicación. Entonces, tenemos que arriesgarnos, venderlo sin mostrarlo en la carretilla y cuidarnos de no ser sorprendidos por un inspector y recibir una multa que puede ir de 700 a 1.500 pesos”.

“Para decomisarte mercancía comprada a un campesino, las autoridades te preguntan si el mismo cumplió el compromiso con la empresa municipal de Acopio, algo que a nosotros no nos interesa. Deberían preocuparse por poner un local en el cual podamos comprar los productos. Creo que lo que quieren es desaparecernos”, comenta el pensionado.

Alexis Frómeta alega que otra medida del Gobierno comunista que ha sido muy controversial es la de los precios topados.

“La prensa local informó que la malanga tiene un precio tope de siete pesos la libra, pero yo la tengo que vender a 12 pesos”, explica, y comenta que en San Germán no se cosecha ese tubérculo y tiene que ir a comprarlo a Baracoa, Guantánamo, sumándole el costo del transporte de la malanga, que cuesta diez pesos la libra.

“Nosotros tenemos que vender para ganar. Reconozco que quien más se afecta es la población, pero no tenemos solución. Espero que el Gobierno suspenda la medida de los precios topados, porque en la feria que se realiza todos los sábados cada vez son menos vendedores los que acuden debido al acoso, las multas y la represión”, dice Frómeta.

Diario de Cuba consultó a la población, y en su mayoría opinan que el Gobierno no tiene en cuenta el costo de conseguir los productos agrícolas. De igual modo denuncian presiones sobre los propios campesinos.

Sobre el costo de las licencias para realizar la actividad de carretillero, Fernández Gonzalo argumenta:

“Yo en 2014 pagaba 70 pesos de patente y ahora pago 140 pesos, más 13 pesos por el ayudante, que es jubilado, y 87.50 de Seguridad Social, sin explicación alguna para este aumento”.

Los vendedores ambulantes no entienden la razón por la que el Gobierno crea diferencias en cuanto a las licencias que pagan unos, y las que pagan otros, cuando realizan la misma actividad.

Abel Diéguez asegura que mientras él tiene que pagar 150 pesos, a otros les cuesta menos.

La licencia para carretilleros se encuentra entre las que el Gobierno decidió dejar de otorgar a mediados de este año.