Una madre inmigrante residente en Houston consiguió que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anulara una multa migratoria de 1,820,352 dólares, después de demostrar que mantenía un proceso legal activo desde 2021.
La mujer, cuya identidad no fue revelada, recibió la notificación el pasado 9 de julio. La cifra era tan elevada que inicialmente pensó que se trataba de una estafa, pero una abogada de inmigración confirmó que el documento era auténtico.
La carta le concedía un plazo limitado para responder, por lo que decidió actuar antes de que la sanción quedara definitivamente establecida.
Pagar $3,000 mensuales o abandonar Estados Unidos
Después de comunicarse con el gobierno, la madre recibió dos alternativas difíciles: aceptar un plan de pagos cercano a los 3,000 dólares mensuales o abandonar Estados Unidos junto con su familia mediante un proceso de salida voluntaria.
“Yo no tenía esa cantidad”, explicó la inmigrante al relatar su caso a Telemundo Houston.
Ante la imposibilidad de asumir una deuda millonaria y sin querer marcharse del país sin revisar primero su expediente, buscó representación legal y presentó una apelación.
Esa decisión terminó cambiando completamente el resultado.
El proceso migratorio que resultó decisivo
La defensa argumentó que la mujer mantenía desde 2021 un proceso relacionado con una visa U, beneficio reservado para determinadas víctimas de delitos que han colaborado o están dispuestas a colaborar con las autoridades.
Además, contaba con autorización de empleo y un número de Seguro Social. Estos documentos no conceden por sí solos un estatus migratorio permanente ni eliminan automáticamente una orden de deportación, pero formaban parte de las circunstancias particulares que debían ser evaluadas por el DHS.
La defensa sostuvo que su permanencia en Estados Unidos no podía analizarse simplemente como una negativa deliberada a cumplir una orden de salida, pues existía un procedimiento migratorio pendiente que debía ser considerado.
Finalmente, el 10 de agosto, aproximadamente un mes después de recibir la primera carta, el DHS le comunicó por correo electrónico que la multa había sido anulada y el expediente cerrado.
La decisión eliminó por completo una deuda que habría sido prácticamente imposible de pagar para la familia.
¿Cómo puede una multa alcanzar $1.8 millones?
El monto de la sanción no era arbitrario. Las multas por incumplir deliberadamente una orden final de deportación pueden alcanzar actualmente los 998 dólares por cada día de incumplimiento, de acuerdo con las cantidades establecidas en las regulaciones federales.
En este caso, los 1,820,352 dólares reclamados equivalen exactamente a 1,824 días de multas acumuladas a razón de 998 dólares diarios, es decir, casi cinco años.
La administración Trump agilizó en 2025 el procedimiento para imponer y cobrar estas sanciones. El gobierno informó entonces que había iniciado cerca de 10,000 procesos de multas, mientras que en julio de 2026 el DHS aseguró que el valor total de las sanciones civiles emitidas superaba los 84,000 millones de dólares.
No todas las personas con trámites migratorios pendientes están automáticamente protegidas frente a estas penalidades. Tener un permiso de trabajo, Seguro Social o una solicitud de visa U tampoco significa necesariamente que una orden final de deportación haya desaparecido.
Cada expediente puede contener antecedentes y decisiones judiciales diferentes.
Los plazos para apelar pueden ser muy cortos
Las personas que reciban una notificación similar no deben ignorarla ni asumir que se trata de un fraude únicamente por la cantidad reclamada.
Las reglas adoptadas en junio de 2025 establecen, en determinados procedimientos, un plazo de apenas 15 días hábiles para presentar una apelación por escrito. Si la persona no responde oportunamente, la decisión inicial puede convertirse en una orden final de cobro.
Durante la apelación se pueden presentar argumentos legales y documentos que demuestren por qué la sanción no debería aplicarse. Entre las circunstancias relevantes podrían aparecer una orden previamente reabierta o desestimada, errores en la notificación, procesos humanitarios pendientes u otros elementos específicos del expediente.
El gobierno también mantiene un programa de salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home, que anuncia asistencia para el viaje, un incentivo económico y el perdón de ciertas multas por incumplimiento de una orden de salida. Sin embargo, acogerse a ese programa implica abandonar Estados Unidos y puede tener consecuencias migratorias importantes.
El caso de Houston no significa que todas las multas serán anuladas, pero demuestra que una notificación millonaria puede ser disputada cuando existen argumentos legales y se responde dentro del plazo correspondiente.
