Nueva York conservará las restricciones que limitan la cooperación de sus agencias municipales con ICE, después de que un juez federal desestimara la demanda presentada por la administración de Donald Trump para invalidar sus leyes santuario.
La resolución, emitida el jueves 15 de octubre por el juez Ramón E. Reyes Jr., del Tribunal Federal para el Distrito Este de Nueva York, supone un revés para la estrategia del Gobierno de ampliar la participación de las autoridades locales en el control migratorio.
El magistrado concluyó que Washington carecía de legitimación procesal para presentar el caso y rechazó, además, sus argumentos de que la legislación federal desplazaba las disposiciones municipales impugnadas. Las restricciones cuestionadas permanecen vigentes.
Contexto legal: los límites al poder federal
La sentencia de 25 páginas aborda una cuestión central: hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para conseguir que una ciudad utilice sus propios trabajadores, instalaciones y recursos en operaciones migratorias.
Reyes sostuvo que las autoridades federales no pueden eludir las protecciones de la Décima Enmienda mediante una demanda destinada a impedir que los gobiernos locales decidan cómo emplear sus recursos.
El tribunal también distinguió entre la información sobre ciudadanía o estatus migratorio y otros datos de custodia. Según su análisis, las disposiciones federales invocadas no obligan a compartir fechas de liberación o ubicaciones en los términos reclamados por Washington.
Impacto: qué cambia para los inmigrantes
El efecto inmediato es que Nueva York mantiene sus límites a la colaboración municipal con las autoridades migratorias. Esto incluye restricciones a determinadas retenciones y al suministro de información sobre personas bajo custodia local.
Uno de los puntos decisivos fue que la legislación estatal ya impide a los policías locales detener personas únicamente por determinadas solicitudes administrativas migratorias. Por ello, eliminar la restricción municipal no resolvería el obstáculo señalado por el Gobierno federal.
El fallo no concede estatus migratorio, cancela órdenes de deportación ni impide que ICE realice sus propias operaciones. La controversia se concentra en la participación de las agencias municipales.
Las normas tampoco establecen una prohibición absoluta de cooperación. La sentencia describe excepciones sujetas a requisitos específicos, entre ellos órdenes judiciales y circunstancias relacionadas con condenas por delitos graves o posibles coincidencias en bases de datos sobre terrorismo. c
Reacciones: Mamdani celebra la decisión
El alcalde Zohran Mamdani calificó la resolución como una victoria para los neoyorquinos y defendió la capacidad de la ciudad para decidir el destino de sus recursos.
En un comunicado oficial, sostuvo que Washington pretendía convertir a los empleados públicos municipales en agentes de deportación. También argumentó que las leyes santuario permiten que los residentes soliciten ayuda y utilicen servicios públicos sin temor a convertirse, por ese motivo, en objetivos de las autoridades migratorias. Mamdani aseguró que su administración continuará defendiendo esas disposiciones.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, también celebró el fallo y lo vinculó con la protección de las facultades de los gobiernos estatales y locales. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Courthouse News.
Antecedentes: una demanda iniciada en 2025
El Gobierno presentó la demanda en julio de 2025, alegando que las políticas municipales obstaculizaban el trabajo federal y vulneraban la cláusula de supremacía de la Constitución.
Entre sus objeciones figuraban los límites al intercambio de información sobre liberaciones, comparecencias judiciales y situación de custodia. Las políticas santuario neoyorquinas tienen antecedentes desde 1989, aunque han cambiado con el tiempo.
Próximos pasos
La atención queda ahora en la respuesta judicial del Gobierno federal. Las fuentes consultadas no informaron de una apelación presentada tras esta decisión.
Por el momento, la desestimación mantiene las disposiciones cuestionadas y añade otro fallo adverso a la campaña federal contra las políticas santuario: la propia sentencia cita decisiones anteriores que rechazaron impugnaciones similares en otras jurisdicciones.
