El proceso contra Luis Raúl González-Pardo no comenzará este lunes como estaba previsto. El juez federal Darrin P. Gayles convocó una conferencia de estatus para el próximo 2 de septiembre en Miami, cuando la Fiscalía y la defensa deberán informar sobre el avance del caso y definir los siguientes pasos.
El juicio estaba programado para el 24 de agosto, pero ambas partes solicitaron más tiempo debido al extraordinario volumen y la complejidad de las pruebas acumuladas durante tres décadas. El expediente incluye documentos clasificados, evidencias físicas, grabaciones almacenadas en formatos antiguos e informes que nunca se digitalizaron. Por el momento, el tribunal no ha fijado una nueva fecha para el juicio.
El único acusado bajo custodia estadounidense
González-Pardo, exteniente coronel y piloto de la Fuerza Aérea cubana, es el único detenido de los seis hombres acusados por Estados Unidos en relación con el ataque perpetrado el 24 de febrero de 1996 contra dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate.
La acusación federal también incluye al exdictador cubano Raúl Castro, además de Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas.
El Departamento de Justicia sostiene que los acusados participaron presuntamente en una conspiración organizada desde las estructuras militares y de inteligencia del régimen cubano para localizar, interceptar y destruir las aeronaves.
La imputación presentada en mayo contiene cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro asesinatos. Los acusados podrían enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte si los declaran culpables, aunque la condena aplicable dependería de los cargos específicos probados contra cada uno.
El ataque que dejó cuatro muertos
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-locka para realizar una misión humanitaria sobre el estrecho de Florida.
Cazas de la Fuerza Aérea cubana lanzaron misiles contra dos Cessna 337 desarmadas que, de acuerdo con la acusación estadounidense, volaban sobre aguas internacionales. En el ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, todos de origen cubano.
Una tercera avioneta, pilotada por José Basulto, consiguió escapar.
Los fiscales identifican a González-Pardo como el piloto del MiG-29A denominado “Código 22” durante la operación. Aunque no habría sido quien disparó los misiles, la Fiscalía sostiene que habría participado en la conspiración y que esa intervención podría hacerlo penalmente responsable de las muertes.
La acusación también afirma que agentes de inteligencia del régimen habían infiltrado previamente a Hermanos al Rescate y enviado a La Habana información sobre sus operaciones. Esos datos se habrían utilizado por la cúpula militar para preparar el ataque.
Condenado anteriormente por fraude migratorio
González-Pardo llegó a Estados Unidos en abril de 2024 mediante el programa de parole humanitario implementado durante la administración de Joe Biden.
Posteriormente solicitó ajustar su estatus migratorio, pero ocultó su pertenencia a la Fuerza Aérea Revolucionaria y Defensa Antiaérea de Cuba entre 1980 y 2009. En su formulario I-485 afirmó que nunca había servido en una unidad militar ni recibido entrenamiento con armas, declaraciones que resultaron falsas, según las autoridades federales.
El exmilitar quedó detenido en noviembre de 2025 y posteriormente condenado a siete meses de prisión por fraude migratorio. Después de cumplir esa sentencia quedó nuevamente bajo custodia federal, esta vez por el caso de Hermanos al Rescate.
La conferencia del 2 de septiembre será clave para determinar cuánto tiempo necesitarán las partes para revisar las pruebas y cuándo podrá comenzar uno de los procesos judiciales más importantes relacionados con un crimen atribuido directamente a la cúpula de la dictadura cubana.
González-Pardo se declaró inocente y, como establece la legislación estadounidense, se presume inocente mientras la Fiscalía no demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
