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La esperada audiencia federal sobre el futuro migratorio de cientos de cubanos con documento I-220A fue aplazada en Miami y ahora se celebrará el próximo 2 de septiembre.
La vista estaba programada inicialmente para el miércoles 26 de agosto en el edificio federal Wilkie D. Ferguson Jr., ubicado en el centro de Miami. Sin embargo, la jueza Jacqueline Becerra, encargada del caso, comunicó el cambio de fecha.
El abogado Mark Prada, quien encabeza la representación de los demandantes, restó importancia al aplazamiento y señaló que probablemente se deba a ajustes en la agenda judicial.
La Abogada Claudia Canizares confirmó el cambio y aclaró que este tipo de modificaciones ocurre con frecuencia cuando otros procesos se extienden más de lo previsto. La postergación será de apenas una semana.
¿Qué se discutirá en la audiencia?
La jueza Becerra escuchará argumentos relacionados con tres casos y varias mociones pendientes. El litigio principal es Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, presentado por 992 cubanos que fueron liberados con un formulario I-220A después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
El gobierno federal ha solicitado que las demandas sean desestimadas. Entre sus argumentos figura que el tribunal no tendría jurisdicción para ordenar los remedios legales solicitados por los demandantes.
Los abogados de los cubanos, por su parte, intentan mantener vivo el litigio y conseguir que el caso Bello-Rubio sea certificado como una demanda colectiva o class action.
Esa certificación sería uno de los puntos más importantes del proceso porque podría ampliar el alcance de una eventual decisión favorable a otras personas que recibieron el mismo documento y se encuentran en circunstancias similares.
No obstante, la audiencia del 2 de septiembre no significa que ese día todos los cubanos con I-220A recibirán automáticamente un parole o podrán solicitar inmediatamente la residencia.
La jueza podría pronunciarse sobre las mociones, reservarse la decisión para una fecha posterior o permitir que alguna parte del litigio continúe. También podría aceptar los argumentos del gobierno y limitar o desestimar las reclamaciones.
El debate que mantiene a miles de cubanos en un limbo migratorio
El I-220A es una orden de libertad bajo palabra que permite que una persona permanezca fuera de la custodia de inmigración mientras continúa su proceso. El documento, por sí solo, no equivale actualmente al parole migratorio requerido para solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La información oficial de USCIS establece que, entre otros requisitos, un cubano debe haber sido inspeccionado y admitido o puesto bajo parole para ajustar su estatus después de permanecer al menos un año en Estados Unidos.
En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó en el caso Matter of Cabrera-Fernandez que la libertad condicional asociada con un I-220A es jurídicamente diferente del parole concedido bajo la sección 212(d)(5) de la Ley de Inmigración.
Los demandantes sostienen ahora que las autoridades los clasificaron incorrectamente al liberarlos. Argumentan que, debido a la forma en que fueron detenidos y procesados, debieron permanecer bajo detención obligatoria y que el mecanismo legal disponible para dejarlos en libertad era el parole.
El DHS rechaza esa interpretación y cuestiona que un tribunal pueda convertir retroactivamente un I-220A en parole.
Una audiencia importante, pero no una solución inmediata
Los representantes legales han pedido cautela ante las expectativas generadas alrededor del 2 de septiembre. Aunque una decisión favorable podría abrir un camino para una gran cantidad de cubanos, el proceso probablemente continuará mediante nuevas mociones, posibles apelaciones y otras etapas judiciales.
El abogado Willy Allen advirtió a CaféFuerte que la audiencia debe verse como un paso dentro de un litigio más prolongado y no como una jornada en la que quedará resuelto definitivamente el futuro de todas las personas con I-220A.
Junto a Mark Prada participarán las abogadas Claudia Cañizares, de Canizares Law Group, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
La nueva cita será el miércoles 2 de septiembre ante la jueza Jacqueline Becerra, cuyas oficinas se encuentran oficialmente en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami.
Para los cubanos afectados, lo que ocurra en esa audiencia podría esclarecer si el litigio avanza hacia una acción colectiva o si los intentos de conseguir una solución judicial para los I-220A enfrentan un nuevo obstáculo.
