Una investigación hecha por ProPublica, en conjunción con el Centro Stabile de Periodismo Investigativo de la Universidad de Columbia, ha revelado que funcionarios que huyen de ser juzgados en Colombia, China, Corea del Sur, Bolivia y Panamá han encontrado refugio para sí mismos y para su fortuna en Estados Unidos, y el sur de la Florida es una de sus ubicaciones preferidas.


Muchos han ocultado sus activos y sus compras de bienes raíces por medio de fideicomisos y compañías de responsabilidad limitada a nombre de sus abogados y familiares.

Estados Unidos se ha convertido en un refugio seguro para políticos y hombres de negocios adinerados sospechosos de corrupción en sus países de origen. Aquí su fortuna e influencia los protege de ser arrestados.

El Congreso de Estados Unidos estableció el programa de inversiones EB-5 en 1990 como un modo de crear empleos para los estadounidenses y animar a las inversiones por parte de extranjeros.

La agencia a cargo de administrar el programa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha adoptado regulaciones diseñadas para prevenir el fraude, incluyendo el requerimiento de obligar a los inversionistas extranjeros a presentar pruebas, tales como declaraciones de impuestos y estados de cuentas bancarios, para probar que ellos han obtenido su dinero de manera legal.