La imagen de Diosdado Cabello junto a altos representantes de Estados Unidos en Venezuela abrió una controversia que va mucho más allá de un saludo protocolar. En medio de la devastación provocada por los terremotos del 24 de junio, Washington quedó atrapado entre dos planos difíciles de conciliar: por un lado, su política de presión judicial contra uno de los dirigentes más poderosos del chavismo; por otro, la necesidad de coordinar una operación humanitaria de gran escala con las autoridades que controlan la seguridad y la logística dentro del país.
La pregunta que encendió el debate fue directa: ¿sigue vigente la recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Diosdado Cabello o el Departamento de Estado ha modificado su postura hacia él? La respuesta, sin embargo, no llegó con la misma claridad.
Durante una conferencia de prensa virtual sobre la ayuda internacional tras los sismos, John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, evitó confirmar o negar si Washington mantiene intacta su política respecto al actual ministro del Interior venezolano.
En vez de referirse al expediente criminal de Cabello, el diplomático centró su intervención en la emergencia humanitaria, en la asistencia desplegada por Estados Unidos y en el plan de estabilización impulsado por la administración de Donald Trump para Venezuela.
El silencio dejó abierta una duda políticamente explosiva: cómo interpreta Washington la presencia pública de sus funcionarios junto a un hombre que durante años ha sido señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales operadores del chavismo y contra quien existe una recompensa millonaria.
La pregunta que Washington no quiso responder
El periodista Roberto Macedonio, de NTN24, formuló durante la conferencia una interrogante que circulaba desde hacía días entre opositores venezolanos, legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos: “¿Mantiene Washington su política respecto a Diosdado Cabello? ¿Sigue en efecto la recompensa por su captura, o el Departamento de Estado ha cambiado su postura respecto a él?”.
La consulta apuntaba al centro de la polémica. No se trataba únicamente de saber si Cabello había participado en una actividad institucional durante una emergencia, sino de determinar si su aparición junto a funcionarios estadounidenses representaba un cambio de criterio por parte del gobierno de Estados Unidos.
Barrett no respondió de manera frontal. Dijo que el Departamento de Estado estaba enfocado en la respuesta al terremoto. «El Departamento de Estado está centrado al cien por cien en la respuesta al terremoto devastador en Venezuela, y en avanzar el plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela, que permanece intacto. Y eso incluye estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática», explica.
La falta de una confirmación explícita alimentó más preguntas. En política exterior, los silencios también comunican. Y en este caso, la evasiva fue interpretada por sectores críticos como una señal de cautela extrema ante un escenario venezolano todavía inestable.
El jefe del Comando Sur también esquivó otro tema sensible
La conferencia dejó otro momento llamativo. El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, tampoco respondió directamente cuando le consultaron sobre un eventual regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela.
Ese segundo silencio reforzó la percepción de que Washington intenta separar cuidadosamente la respuesta humanitaria de las definiciones políticas más delicadas. La situación venezolana combina una tragedia nacional, una transición institucional compleja, estructuras de seguridad aún controladas por figuras del chavismo y una oposición que espera señales claras sobre el futuro del país.
En ese contexto, cualquier palabra de un funcionario estadounidense puede tener impacto diplomático, interno y regional. De ahí que tanto Barrett como Donovan optaran por respuestas prudentes, aunque esa prudencia terminó generando nuevas dudas.
Dos fotografías que desataron una tormenta política
La polémica comenzó después de que circularan dos fotografías tomadas durante la despedida de más de 350 funcionarios y rescatistas estadounidenses que participaron en las labores de apoyo tras los terremotos.
En una de las imágenes, Diosdado Cabello aparece junto a John Barrett. En otra, se le ve saludando y conversando con el general Donovan, jefe del Comando Sur y quien dirigió la operación militar que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las escenas ocurrieron en el marco de las operaciones de coordinación para cerrar parte del despliegue de asistencia internacional encabezado por Estados Unidos.
Para algunos, las fotografías reflejan una interacción inevitable en una emergencia de grandes proporciones. Para otros, muestran un gesto políticamente difícil de justificar por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Cabello.
La periodista venezolana Noelia Belén Izarza resumió el impacto de las imágenes con una frase que se propagó rápidamente en redes sociales: “Dicen que una foto vale más que mil palabras. Y estas imágenes dicen muchísimo. Para millones de venezolanos, esta escena resulta difícil de asimilar”.
Su comentario capturó el sentir de numerosos venezolanos que han visto en Cabello a una de las figuras más representativas del poder represivo chavista. Para ellos, verlo junto a representantes de Estados Unidos genera desconcierto, incomodidad y sospechas sobre el alcance real de la política de Washington.
Por qué Cabello sigue siendo una figura clave del chavismo
Diosdado Cabello ha sido durante décadas uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Exmilitar, antiguo vicepresidente, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y figura central del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha mantenido poder político, control territorial e influencia sobre estructuras de seguridad.
Su actual cargo como ministro del Interior lo ubica en una posición estratégica. Desde esa responsabilidad, tiene incidencia sobre cuerpos policiales, organismos de seguridad, control de accesos, coordinación interna y operaciones territoriales. Esa función explica por qué, durante una emergencia nacional, su presencia puede volverse operativamente relevante incluso para gobiernos que mantienen acusaciones formales en su contra.
Pero esa misma importancia institucional es la que vuelve tan delicada la interacción con funcionarios estadounidenses. Cabello no es un actor técnico ni un funcionario de bajo perfil. Es una figura de alto peso político y judicial.
Las acusaciones de Estados Unidos contra Cabello
El expediente de Cabello en Estados Unidos es uno de los más graves abiertos contra un alto dirigente venezolano. En 2018, el Departamento del Tesoro lo sancionó por señalamientos vinculados a corrupción y narcotráfico. Dos años después, en 2020, fue acusado formalmente en Nueva York de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego.
Las autoridades estadounidenses lo han vinculado con el llamado Cartel de los Soles, una presunta red integrada por altos mandos venezolanos que, según Washington, habría facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La recompensa por información que lleve a su captura fue elevada de 15 a 25 millones de dólares en enero de 2025. Esa cifra lo coloca en la categoría de objetivos de alto valor para la justicia estadounidense.
Apenas dos meses antes de la controversia por las fotografías, el secretario de Estado Marco Rubio había reiterado que Washington seguía considerando a Cabello como narcoterrorista. Por eso, la aparición de funcionarios estadounidenses junto a él resultó tan difícil de explicar para sectores republicanos y para parte de la oposición venezolana.
Republicanos de Florida rechazan cualquier lectura de normalización
La reacción de congresistas republicanos no tardó. Carlos Giménez afirmó que la recompensa contra Cabello sigue vigente y que una operación humanitaria no elimina las acusaciones ni modifica el historial del dirigente venezolano.
Mario Díaz-Balart por su parte también insistió en que Cabello debe responder ante la justicia estadounidense por narcotráfico y narcoterrorismo. Para ambos legisladores, la prioridad humanitaria no debe convertirse en una señal de legitimación política.
El mensaje de los congresistas apunta a evitar que las fotografías sean interpretadas como una flexibilización de la postura estadounidense. En otras palabras, buscan marcar una frontera entre coordinar ayuda en una tragedia y rehabilitar públicamente a un funcionario acusado de delitos graves.
Ese matiz es fundamental para la comunidad venezolana en el exilio, especialmente en Florida, donde la política hacia Caracas tiene un peso electoral y simbólico considerable.
La oposición venezolana cuestiona el peso simbólico de la escena
Desde sectores opositores, la incomodidad fue aún más marcada. José Amalio Graterol comparó la imagen de Barrett con Cabello con una hipotética foto junto al “Niño Guerrero”, uno de los criminales más conocidos de Venezuela. Su comentario buscaba enfatizar que la controversia no está solo en la legalidad del encuentro, sino en el mensaje que transmite.
Para muchos venezolanos, Cabello simboliza años de persecución política, control institucional, represión y cierre de espacios democráticos. Por eso, una fotografía suya junto a representantes de Estados Unidos puede ser percibida como una señal contradictoria, aunque haya ocurrido en un escenario de emergencia.
El problema para Washington es que las imágenes circulan más rápido que las explicaciones diplomáticas. Una foto puede instalar una narrativa antes de que el Departamento de Estado logre matizarla.
La tragedia que obligó a cambiar prioridades
El contexto de las fotografías es una tragedia sin precedentes recientes. El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, provocando una devastación que las autoridades describieron como la peor emergencia sísmica del país en más de un siglo.
Para el 8 de julio, el balance oficial ascendía a 3,685 muertos, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos. La magnitud del desastre desbordó la capacidad local y obligó a activar una respuesta internacional urgente.
Estados Unidos lideró esa respuesta con 37 aviones, equipos de rescate, especialistas y más de 310 millones de dólares en asistencia. El despliegue incluyó personal técnico, apoyo logístico, recursos médicos, ayuda humanitaria y coordinación con autoridades locales para llegar a zonas afectadas.
En una crisis de esas dimensiones, el margen para escoger interlocutores se reduce. Los equipos internacionales necesitan permisos, seguridad, rutas de acceso, coordinación con organismos estatales y garantías operativas. Ahí es donde Cabello, como ministro del Interior, se convierte en una figura inevitable.
Diplomacia humanitaria frente a justicia penal
La controversia expone una tensión clásica en política exterior: hasta dónde puede llegar un país en la coordinación humanitaria con funcionarios acusados por su propio sistema judicial.
Estados Unidos ha sostenido históricamente que las emergencias humanitarias pueden requerir canales de comunicación con gobiernos o actores considerados adversarios. Sin embargo, esos contactos suelen mantenerse en un plano operativo y discreto. En este caso, el problema fue que la coordinación quedó plasmada en fotografías públicas.
Para la administración Trump, la prioridad inmediata parece ser la estabilización de Venezuela después del terremoto, evitar un colapso mayor y sostener una transición política que aún depende de equilibrios internos frágiles.
Para sus críticos, en cambio, la imagen transmite una señal peligrosa: que actores señalados por delitos graves pueden conservar poder, interlocución y visibilidad internacional si resultan funcionales en una coyuntura crítica.
Contactos secretos antes de la captura de Maduro
La polémica también debe leerse a la luz de reportes previos según los cuales Estados Unidos mantuvo conversaciones secretas con Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con esas versiones, Washington habría exigido al dirigente chavista que no movilizara colectivos ni fuerzas de seguridad contra la oposición durante momentos clave de la crisis política. Ese antecedente sugiere que Cabello ya había sido considerado por Estados Unidos como un actor con capacidad real de incidir en el comportamiento de estructuras armadas y de seguridad dentro del país.
Cabello no quedó detenido durante la operación que terminó con la captura de Maduro. Además, mantuvo su cargo bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esa continuidad lo dejó en una posición singular: acusado por Estados Unidos, pero todavía útil como pieza de control interno en la nueva arquitectura de poder venezolana.
El gobierno interino y los equilibrios heredados del chavismo
La permanencia de Cabello bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez refleja la complejidad de la transición venezolana. Aunque Maduro fue capturado, no todas las estructuras del chavismo desaparecieron de inmediato. Parte del aparato estatal, militar y de seguridad siguió funcionando con figuras que ya tenían control operativo.
Ese escenario obliga a Washington y a otros actores internacionales a moverse en un terreno ambiguo. La transición no parece ser una ruptura total, sino una reorganización gradual de fuerzas donde algunos dirigentes cuestionados permanecen temporalmente en cargos clave.
Esa continuidad puede ser vista como una necesidad pragmática para evitar el caos, pero también como una concesión que genera desconfianza entre quienes reclaman justicia, depuración institucional y garantías democráticas.
María Corina Machado y la otra incógnita política
La falta de respuesta del general Donovan sobre un eventual regreso de María Corina Machado añade otra capa de incertidumbre. La líder opositora sigue siendo una figura central para millones de venezolanos y su retorno tendría un peso político enorme en cualquier proceso de transición.
El hecho de que el jefe del Comando Sur evitara pronunciarse sobre ese escenario sugiere que Estados Unidos no quiere anticipar movimientos ni comprometer públicamente una posición que pueda afectar los delicados equilibrios internos.
Mientras Cabello aparece como interlocutor operativo en materia de seguridad, el futuro de Machado sigue siendo un asunto político de alto voltaje. Esa dualidad muestra la complejidad del momento venezolano: quienes controlan estructuras del viejo poder siguen teniendo capacidad de gestión, mientras las figuras opositoras esperan condiciones para regresar o actuar con garantías.
El riesgo de una señal contradictoria
Para Washington, el mayor riesgo no está únicamente en la fotografía, sino en la interpretación que pueda imponerse. Si la imagen se percibe como normalización de Cabello, puede debilitar el mensaje de presión judicial que Estados Unidos ha construido durante años.
También puede generar frustración entre víctimas, exiliados y opositores que ven en la recompensa una promesa de rendición de cuentas. Para ellos, la justicia no debería quedar suspendida por razones de conveniencia política o necesidad operativa.
Al mismo tiempo, ignorar a Cabello en medio de una emergencia humanitaria de grandes proporciones podría haber dificultado el despliegue de ayuda, el acceso a zonas afectadas y la protección del personal internacional.
Esa es la paradoja: el funcionario que Washington acusa de narcoterrorismo también ocupa una posición que puede facilitar o bloquear una operación destinada a salvar vidas.
Una recompensa sin aclaración oficial
Hasta ahora, no se ha anunciado públicamente el retiro de los cargos contra Cabello, ni el levantamiento de sanciones, ni la cancelación formal de la recompensa. Legisladores republicanos aseguran que la recompensa continúa vigente, pero el Departamento de Estado no lo confirmó directamente en la conferencia.
Esa falta de definición pública mantiene viva la polémica. En términos jurídicos, nada indica que Cabello haya dejado de estar bajo acusación. En términos políticos, las fotografías han creado una zona gris que exige explicación.
La administración estadounidense parece apostar por una distinción difícil de sostener ante la opinión pública: cooperación humanitaria no significa reconocimiento político ni perdón judicial. Sin embargo, en una crisis tan cargada de simbolismo, esa diferencia puede diluirse.
Una escena que resume la nueva Venezuela
Las fotos de Cabello con Barrett y Donovan condensan el momento contradictorio que vive Venezuela tras los terremotos y la captura de Maduro. El país atraviesa una emergencia humanitaria devastadora, una transición política incompleta y una reorganización del poder donde algunos rostros del chavismo siguen ocupando espacios decisivos.
Para Estados Unidos, el desafío es actuar con rapidez ante la tragedia sin borrar años de acusaciones contra figuras como Cabello. Para la oposición venezolana, la preocupación es que la necesidad de estabilidad termine sacrificando la exigencia de justicia.
La pregunta sigue abierta: ¿está Washington simplemente coordinando con quien controla la seguridad en medio de una catástrofe o está aceptando, de facto, un nuevo papel para Diosdado Cabello dentro de la transición venezolana?
Mientras el Departamento de Estado no responda con claridad, la controversia seguirá creciendo. Porque en política exterior, una imagen no siempre cambia una política oficial, pero puede modificar profundamente la percepción pública de esa política.
