El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, lanzó este lunes una nueva acusación contra la cúpula gobernante de Cuba: mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y pérdida del poder adquisitivo, una minoría vinculada al poder administra una enorme riqueza fuera del escrutinio público.
El funcionario situó en el centro de su denuncia al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Según afirmó en su cuenta oficial de X, ese aparato empresarial posee 20.000 millones de dólares en activos que Washington considera ilícitos y desvía dinero hacia cuentas en el exterior.
Segura sostuvo, además, que los gastos diarios de la élite superan lo que la mayoría de los ciudadanos obtiene con meses de trabajo. La comparación refuerza el eje de su mensaje: la distancia entre los recursos manejados por los grupos de poder y las condiciones de vida de la población.
La cifra de 20.000 millones corresponde a la denuncia del funcionario estadounidense. El mensaje citado no presenta un desglose de esos activos ni documentación que permita comprobar de manera independiente su composición, ubicación o disponibilidad.
El petróleo venezolano vuelve al centro de las denuncias
Segura también acusó al régimen de comercializar en mercados internacionales parte del petróleo subsidiado que recibía de Venezuela, en lugar de dedicarlo a aliviar la crisis energética.
El señalamiento retoma una información divulgada a comienzos de año por el Miami Herald, basada en declaraciones de un funcionario estadounidense y en un análisis del Gobierno de Estados Unidos. Según esa versión, Cuba habría revendido alrededor del 60 % del petróleo venezolano que tenía asignado, con destino principalmente a compradores asiáticos.
La estimación citada sitúa esas operaciones en unos 40.000 barriles diarios de crudo y derivados entre finales de 2024 y finales de 2025. Otros medios recogieron posteriormente la acusación y la atribuyeron a la misma fuente gubernamental estadounidense.
Se trata, por tanto, de una denuncia sobre operaciones de ese período, que requiere distinguirse de los suministros actuales. Tampoco debe presentarse como una auditoría independiente de todas las compras, entregas y ventas de combustible realizadas por Cuba.
El cuestionamiento político es directo: Washington acusa a las autoridades cubanas de priorizar la obtención de divisas mientras los ciudadanos soportaban cortes eléctricos y dificultades para acceder a servicios esenciales.
Antecedentes: una presión sostenida sobre el conglomerado militar
La declaración de este lunes prolonga una serie de señalamientos de Segura contra GAESA. En agosto, el funcionario había acusado al conglomerado de apropiarse de unos 18.000 millones de dólares y había cuestionado la falta de fiscalización sobre sus operaciones.
También describió el modelo económico cubano como un sistema dominado por militares que concentra recursos y capacidad de decisión en una minoría. Esas declaraciones formaron parte de una campaña de presión pública contra la estructura empresarial vinculada a las Fuerzas Armadas.
Los 18.000 millones mencionados entonces y los 20.000 millones señalados ahora no permiten concluir, por sí solos, que el patrimonio de GAESA aumentó en 2.000 millones. Para establecerlo sería necesario conocer las fechas de valoración, los documentos utilizados y si ambas cifras abarcan los mismos activos.
Cuba’s ruling “elite” spend more in a day than most Cubans make in months. At the center of this kleptocracy is GAESA, a military apparatus, that has $20 billion in illicit assets and funnels cash into offshore accounts while the Cuban people face blackouts and hunger. Even as energy shortages paralyzed the island, the regime chose to sell subsidized Venezuelan oil on global markets for cash rather than power its own grid.
— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 19, 2026
Contexto legal: acusaciones y sanciones
Las denuncias se producen en el marco de las medidas estadounidenses contra GAESA y sus relaciones comerciales. El texto de referencia sitúa entre esos antecedentes las sanciones anunciadas el 7 de mayo contra el conglomerado y su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.
Una sanción administrativa estadounidense y una condena penal son procedimientos diferentes. Del mismo modo, la calificación de determinados activos como ilícitos debe atribuirse a Washington mientras no se aporten resoluciones judiciales o pruebas adicionales que permitan precisar su situación jurídica.
La presión sobre GAESA también alcanza a sus socios extranjeros. Informaciones recientes han vinculado la reducción de operaciones de empresas asociadas al conglomerado con el endurecimiento de las restricciones estadounidenses.
Impacto: la opacidad frente a las necesidades de la población
La denuncia plantea una cuestión central para los cubanos: qué recursos administra el entramado militar, cómo obtiene sus ingresos y qué parte de ellos se destina a las necesidades del país.
Los apagones afectan la conservación de alimentos, el abastecimiento de agua, el transporte y la actividad de pequeños negocios. La escasez de comida, combustible y medicamentos ya había sido documentada por agencias internacionales como parte de una crisis que golpea la vida cotidiana y alimenta la emigración.
Sin cuentas públicas detalladas, resulta difícil determinar cuánto dinero podría movilizarse para atender esas urgencias. Además, el valor de un conjunto de activos no equivale necesariamente a efectivo disponible de inmediato.
Reacciones y próximos pasos
El material citado no recoge una respuesta específica del Gobierno cubano o de GAESA a la publicación de este lunes. Tampoco anuncia nuevas sanciones ni permite dar por decididas medidas adicionales.
El siguiente paso para evaluar el alcance de la denuncia será conocer si Washington publica documentación que respalde la cifra de 20.000 millones y detalle las presuntas transferencias al exterior y operaciones petroleras.
Mientras tanto, Segura vuelve a colocar bajo presión al núcleo económico de los militares cubanos, con una acusación que exige respuestas sobre el destino de la riqueza administrada por el poder en medio de la crisis.
