En el día de ayer en el marco de la Comisión de Atención a los Servicios en el IV período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX legislatura, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, anunció la actualización de la lista de actividades que pueden desarrollar los actores económicos del sector privado en la isla.
En primer lugar destacó que, de las 112 actividades prohibidas por cuestiones de seguridad nacional, se permitirá la realización de varias de ellas a través de la implementación de determinados requisitos, expresando: «Esa lista se ha actualizado y no se ha actualizado para incrementar muchas más, se incrementan algunas, pero varias de las que estaban prohibidas en la lista actual se eliminan y se ponen algunos requisitos».
Asimismo, explicó que era necesario fomentar aquellas actividades económicas que generan beneficios para el país, aunque ello suponga un análisis de sus posibles riesgos. Al respecto manifestó: «Si tú eres capaz de fabricar tal cosa, que hoy yo importo (…) vamos a hacer un proceso de certificación y si no tiene problema, mejor que se haga aquí».
Igualmente, declaró que el proceso de aprobación de las nuevas formas de gestión no estatal sería transferido a los municipios y que este cambio, encaminado a la descentralización a nivel de territorio, requería tiempo para crear las condiciones imprescindibles que garanticen la calidad de dicho proceso. Además, destacó que uno de los aspectos más importantes a evaluar en las propuestas para el surgimiento de nuevos actores económicos es el impacto favorable de sus actividades al desarrollo de los municipios.
Otro tema abordado por el primer ministro fue la conveniencia de aprobar nuevas normas jurídicas que reflejen la realidad económica actual, destacando: «No para retroceder, sino para continuar avanzando en su conducción y alineación a los objetivos estratégicos».
En relación a las micro, pequeñas y medianas empresas indicó que su aparición en el escenario económico ha sido positiva, alegando: «El Estado no es para administrar chinchales». A su vez, reconoció que existían distorsiones relacionadas con el deficiente control estatal de las mismas y que había que potenciar su encadenamiento productivo con las empresas estatales de manera que puedan unirse, trabajar e conjunto y compartir los beneficios.
En tal sentido agregó: «Es verdad que hemos cometido errores, porque las normas no acotaron cuestiones que sí había que acotar, como la aprobación de cantidad por encima de la capacidad de controlar y, luego, irregularidades en su relación con las empresas estatales. ¿Cómo es posible que una empresa estatal alquile sus talleres, en vez de encadenarse? Eso es ceder su capacidad productiva. ¿Qué futuro tienen esos trabajadores?, ¿Cómo se incrementarán las utilidades?»
