El pasado 18 de diciembre sesionó en Cuba la Comisión de los Servicios, en el Segundo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta comisión junto al Consejo de Estado fiscaliza asuntos relacionados con el comercio, la gastronomía, los servicios personales, técnicos, el transporte, las comunicaciones y el turismo.
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en su intervención anunció varios «desajustes» que presentó la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la isla. Hace dos años atrás se estableció en el decreto ley 46 sobre las mipymes, que el gobierno podría presentar una evaluación de sus resultados. Las «reformas» ya aprobadas tienen como objetivo llevar de la mano estatal, el control sobre lo que debe importar las mipymes y la cantidad, supuestamente porque no responden a las necesidades esenciales del pueblo.
Esta creación de las mipymes en el año 2021 fue una artimaña estatal para desviar la atención popular, sobre las masivas protestas que se suscitaron en la isla por la escases. El dirigente manifestó que la oferta de divisas estatal está deprimida y el sector privado tiene que acudir al mercado negro para adquirir los dólares. Esto trae como consecuencia que una vez adquirido el producto se incremente su valor de venta al pueblo generando descontento.
Como consecuencia el estado tomó la decisión de regular la importación «masiva y de forma desordenada productos terminados o listos para la venta». Explicó que el 4% de las mipymes aprobadas tienen la comercialización como actividad principal, lo cual constituye una deficiencia que no ayuda al pueblo. «Más que la solución de un gran problema de cara al pueblo ha sido una dificultad que no [las] conduce a disminuir la inflación y no [las] ha conducido tampoco a disminuir los precios».
Plantea que el gobierno al aprobar la constitución de estas empresas no estatales creó otras gubernamentales que se encargarían de importar los productos necesarios con aranceles bajos, con el objetivo de no afectar los bolsillos del pueblo, cosa que no ha sucedido. Referente a lo anterior comunicó que debía cambiar, ya que los «estímulos» no tuvieron el resultado esperado y las consecuencias de las tarifas finales las sufría la población. Ejemplificó tres productos que a su juicio no aportan mucho a la mayoría como son el tabaco, la cerveza y el ron, mencionó sobre este último que «nunca en la vida se había importado en Cuba».
En tal sentido aseveró que su gobierno tomará un grupo de decisiones encaminadas a motivar la introducción de materias primas en el territorio cubano para estimular la producción nacional. En tal sentido dijo: «A todo el que importe materias primas para producir en Cuba y desestimulara a todo el que importe productos listos para la venta, sobre todo los que se producen en el país».
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández hizo declaraciones en correspondencia obviamente con lo que planteó Marrero. El dirigente expresó que una de las cuestiones fundamentales hoy en la economía caribeña es la «especulación y elevados precios muy por encima de los costos y con amplias cuotas de ganancia, principalmente en el sector no estatal».
Sobre ello ejemplificó con valores oficiales que la inflación interanual cubana fue de un 30% en sentido general, a su juicio el sector estatal creció un 6%, contrapuesto con el sector no estatal que fue 62% y el agropecuario de 72%. Como era de esperar el régimen interpuso los números para evidenciar la gran diferencia y los «beneficios» de una parte de la población.
En ese sentido recalcó que el estado aprobó varios actores económicos para promover una «competencia positiva» e influir en los precios y que para lograr esa meta había que establecer fichas de costos y ganancias equitativas, en tal sentido comentó: «En ningún país del mundo personas con pequeños y medianos negocios se hacen millonarios».
La viceministra de economía Johana Odriozola coincidió con el primer ministro en encarar las desiguales ventajas que tienen los actores económicos estatales y no estatales. Por lo tanto las medidas que se dictarán estarán encauzadas a establecer ajustes parecidos incluyendo la especificación de los precios. Las evasiones fiscales también las abordó Manuel y planteó que varias empresas no estatales declaran pérdidas, cuando en realidad lo que tienen son errores contables en su gran mayoría. Acotó que «estaban metidos en eso» y tomaban medidas respecto al tema.
Recalcó que: «No puede ser que tú invertiste y de momento quieras ponerle a los precios y a tu contabilidad todos los gastos. Eso hay que diferirlo en el tiempo de forma razonable y hay hasta normas para ello». Aseveró que había que corregir los procedimientos de las mipymes porque los clientes no pueden pagar las diferencias generadas. Con respecto a los proyectos de desarrollo local enfatizó que se detectaron ineficiencias y que también se revisarán sus normas.
La viceministra de economía dijo que existía 180 mipymes que actuaban como proyectos de desarrollo local. Mientras Marrero aseguró que algunas de ellas estaban empleando ese artilugio para evadir los límites de contratación de impuestos, ya que la normativa establece las empresas no estatales pueden contratar hasta 100 empleados, regla que no tienen los proyectos de desarrollo local.
Alejandro confirmó que otra de las causas de la situación era la «no efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios» y «el reiterado incumplimiento de lo establecido». Detalló que las multas que se aplican para coadyugar al control, no representan una «penalidad real» porque: «se pagan fácil a partir de que (…) las grandes utilidades que se obtienen son suficientes para enfrentar cualquier penalidad de las que tenemos establecidas desde el punto de vista de las multas».
En sentido general ninguno de los manifestados explicó cómo van a arreglar el desajuste económico del país. La única solución visible fue arremeter contra quienes quieren emprender con su dinero y ponerlo a disposición del pueblo. El desbarajuste monetario no es culpa alguna de las mipymes, sino del estado incapaz de crear un espacio cambiario para toda la sociedad. Lastimosamente ninguna de las medidas que se adopten beneficiarán al pueblo de a pie porque están pensadas para la minoría, como lo distingue el pensamiento socialista.
