En lo que fue descrito como un arranque de ira por el periodista Juan Juan Almeida en Martí Noticas, Raúl Castro mando a revisar todas los expedientes y a los nuevos propietarios de las casas adquiridas en compra-venta cerca de su residencia lo que termino con 20 viviendas expropiadas.
La Dirección de Seguridad Personal, puso manos a la obra, intervino la Fiscalía y decomisaron 20 casas. La misma cadena de mando cerró además dos restaurantes privados que arrendaban majestuosos locales a la empresa estatal Palco, a razón de 3 mil CUC mensuales.
La Fiscalía asegura que los dueños reales no son cubanos; que en las escrituras de las viviendas figuran naturales cubanos testaferros de Italianos, rusos, chinos o españoles. Una abogada que defiende a los propietarios sostiene que la confiscación no da lugar, adelanta que exigirá devolución de propiedades más una compensación a los afectados; además repite con disimulada ironía “si a Raúl Castro no le gustan los nuevos vecinos; que se mude, o cambie la ley”.
El caso asusta a inversionistas y extranjeros que están comprando propiedades en la isla.
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