Dos ciudadanos cubanos figuran entre los cinco acusados por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York de integrar una presunta red vinculada a la inteligencia rusa. La investigación describe operaciones para vigilar y asesinar a opositores del Kremlin, con ofrecimientos de dinero para ejecutar ataques en Estados Unidos y Europa. Los cargos fueron hechos públicos el 15 de septiembre de 2026.
Los cubanos son Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, conocido como “Vikingo”, ambos de 35 años. Reportes publicados este 30 de septiembre, que recogen información atribuida a El Mundo, sitúan al excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov entre los posibles objetivos. Según esas publicaciones, las autoridades estadounidenses le advirtieron del peligro durante el verano y recibió protección especial.
Kasparov y Ponomarev: los nombres proceden de reportes periodísticos
La documentación judicial pública utiliza las denominaciones “Víctima 1” y “Víctima 2”, sin revelar sus identidades. Por ello, la vinculación de personas concretas con esos objetivos debe atribuirse a las informaciones periodísticas, sin presentarla como una identificación oficial de la Fiscalía.
Según los reportes que recogen la investigación de El Mundo, los preparativos estaban más avanzados contra el exdiputado ruso Ilya Ponomarev, identificado por esas publicaciones como la “Víctima 1”. La información señala que un reclutado vigiló dos ubicaciones relacionadas con él en Washington y que se ofrecieron 40.000 dólares para asesinarlo.
El papel atribuido a los dos cubanos
La Fiscalía presenta a Romagoza Durruthy como coordinador de ataques y a Delgado Suárez como reclutador de personas en Estados Unidos. Los otros imputados son los rusos Yuri Khrameev y su hijo Kirill, y el venezolano Ángel Eduardo Castro. Los fiscales identifican a Yuri como un antiguo coronel de inteligencia y a Kirill como integrante del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB.
La acusación describe cómo Castro contactó en julio de 2026 a un venezolano que vivía en Brooklyn para buscar a alguien de confianza en Washington. Las conversaciones posteriores habrían pasado de solicitar fotografías de inmuebles a ofrecer dinero por un asesinato.
Según el expediente, Delgado Suárez dio instrucciones para borrar conversaciones, colocar el teléfono en modo avión y grabar discretamente desde cierta distancia. El reclutado envió fotografías y videos, aunque había manifestado que no quería ejecutar personalmente el homicidio. Los mensajes también empleaban referencias a trabajos de construcción como lenguaje encubierto.
Los antecedentes de sabotaje en Europa
El expediente atribuye a Romagoza Durruthy la organización de viajes y pagos para ataques en Praga en junio de 2024 y en Lituania en septiembre de ese año. Este último episodio afectó a un fabricante de equipos de radio destinados al Ejército ucraniano.
Los fiscales también señalan que sus cuentas contenían imágenes de una vivienda vinculada con la “Víctima 1”, posteriormente vigilada en Estados Unidos. Esos elementos forman parte de las pruebas con las que buscan conectar las operaciones europeas y estadounidenses de la presunta red.
La Habana niega vínculos con la organización
La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, rechazó los señalamientos que relacionaban al Gobierno de Cuba con el caso. Según Diario de Cuba, calificó esas referencias de “calumnia sin fundamento alguno” y sostuvo que los dos ciudadanos cubanos residen fuera de la isla.
La nacionalidad de los imputados no demuestra por sí misma una participación del régimen cubano. La acusación penal examinada formula cargos contra cinco personas y describe sus presuntos vínculos con los servicios rusos; no acusa al Estado cubano.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú no consideraba necesario comentar las denuncias sin pruebas que estimara creíbles. Reuters informó el 16 de septiembre que los cinco acusados seguían sin ser detenidos.
Los cargos no son iguales para todos
Los cinco imputados enfrentan el cargo de conspiración para financiar terrorismo, con una pena máxima de 20 años de prisión. Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro están acusados además de conspiración para cometer asesinato por encargo, castigada con hasta diez años. Romagoza Durruthy no figura entre los acusados de este segundo cargo. Todos conservan la presunción de inocencia.
El caso pone el foco en la seguridad de los opositores que viven en el exilio y en los intentos de utilizar intermediarios dentro de Estados Unidos. La responsabilidad individual de los acusados deberá determinarse en los tribunales; las identidades de las víctimas potenciales continúan sin aparecer en la acusación pública.
