Bajo la mirada de la Seguridad del Estado: los testimonios sobre la incursión armada que salió de Florida

Cuatro de los cinco detenidos por la fallida expedición que salió de los Cayos de Florida relataron el plan y el tiroteo que dejó cinco muertos. Las entrevistas fueron autorizadas por las autoridades cubanas y se realizaron mientras los hombres seguían presos, sin sus abogados y en presencia del fiscal y un alto oficial de la Seguridad del Estado. No se ha demostrado que declararan bajo coacción, pero los periodistas tampoco pudieron verificar que hablaran libres de presiones.

La operación pretendía que diez hombres llegaran a Cuba, tomaran una instalación policial y encendieran un levantamiento contra el gobierno. Uno de los participantes esperaba incluso que, tras controlar una provincia durante 72 horas, pudieran solicitar una intervención militar estadounidense. La expedición salió de Marathon la noche del 24 de febrero de 2026 y acabó a la mañana siguiente en un enfrentamiento con las Tropas Guardafronteras: cinco integrantes murieron y los otros cinco quedaron detenidos.

Una investigación de Belly of the Beast, publicada el 23 de septiembre en colaboración con Drop Site News y Miami New Times, ofrece por primera vez una reconstrucción pública de cuatro sobrevivientes: José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol. El trabajo del periodista Reed Lindsay también incorpora entrevistas en Estados Unidos, registros de propiedad y material examinado por las autoridades cubanas.

Entrevistas bajo custodia y con funcionarios presentes

Antes de valorar sus afirmaciones, hay que atender a cómo pudieron hablar. Las entrevistas se celebraron en julio en una instalación del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior, en La Habana, después de que las autoridades cubanas concedieran acceso a los periodistas. Los detenidos llegaron esposados y vestidos con uniformes naranjas. Un agente les retiró las esposas para conversar, pero permanecieron en una instalación del MININT, sin la presencia de sus defensores.

Cada conversación individual duró entre 30 y 55 minutos. En la sala estuvieron Edward Robert Campbell, fiscal del caso, y el coronel Francisco Estrada Portales, encargado de las investigaciones del MININT sobre delitos contra la Seguridad del Estado. Los cuatro dijeron que habían aceptado voluntariamente y que no recibieron promesas a cambio. El medio señala que no pudo comprobar esas afirmaciones de forma independiente y que no se le permitió realizar entrevistas de seguimiento.

Estas condiciones no prueban por sí mismas que los testimonios fueran forzados. Sí limitan la posibilidad de evaluar cuánto pudieron expresarse los presos sin temor a consecuencias, en particular cuando se refieren a hechos por los que esperan juicio y podrían afrontar severas penas. El reportaje contrastó algunos aspectos con familiares, allegados, registros y material forense, pero las declaraciones de los detenidos requieren atribución y cautela. Algunos criticaron abiertamente al gobierno cubano durante las entrevistas, lo cual tampoco resuelve la duda sobre la libertad con que hablaron.

El plan de las 72 horas y la convocatoria en TikTok

Rodríguez, camionero residente en Nashville, contó que contactó por TikTok con Raúl Quevedo, responsable de la cuenta La Nueva Cuba. Según su testimonio, el grupo buscaba voluntarios para una acción armada: quería estimular una rebelión, controlar una provincia durante tres días y pedir la intervención de Washington. Esa era la expectativa de los expedicionarios, no una operación respaldada por el gobierno estadounidense.

Cruz situó entre los objetivos una comisaría en Cárdenas, Matanzas, con la esperanza de que la población se sumara a las protestas. Las autoridades cubanas mencionan otra ubicación: Santa Marta y una instalación de Guardafronteras próxima a Varadero. El propio Cruz reconoció la distancia entre la ambición del plan y sus medios: diez hombres no podían, por sí solos, declarar una guerra a un país.

Acosta, residente en Texas, dijo que llegó al círculo de Pavel Alling Peña, creador del Movimiento Cardumen, mediante la misma red social. Varios integrantes se reunieron y practicaron en una finca de LaBelle, Florida. Los entrevistados vincularon ese lugar con Maritza Lugo Fernández, dirigente exiliada del Partido 30 de Noviembre. Lugo admitió haber dado acceso a la propiedad a Amijail Sánchez González, otro de los sobrevivientes, pero negó haber organizado o financiado la misión.

Rodríguez sostuvo que los participantes pagaron sus armas y equipos. También afirmó que Lugo ayudaba con comida y transporte en la finca, pero no planificó la incursión ni obtuvo las armas. Galindo, en cambio, asegura que fue contratado para grabar videos y que después lo obligaron a viajar a Cuba bajo amenazas. Lugo rechaza esa acusación y cuestiona las declaraciones tomadas a los presos. La organización y la financiación exactas siguen sin quedar esclarecidas.

Una avería cambió el viaje y el grupo fue detectado de día

Los hombres salieron en dos embarcaciones. Una sufrió una falla de motor durante la travesía y los diez continuaron en El Tornado, una lancha pesquera de 24 pies con matrícula de Florida. La avería retrasó la llegada prevista al amparo de la oscuridad. Cerca de la costa norte cubana intentaron ocultarse junto a un cayo, pero la lancha encalló en aguas poco profundas y fue detectada por una patrullera.

Según el inventario presentado por las autoridades cubanas, el grupo llevaba 25 armas de fuego —14 largas y 11 pistolas—, unos 13.000 cartuchos, más de cien cargadores, explosivos artesanales, chalecos, equipos de visión nocturna, un dron y suministros médicos. Esas cifras proceden de las autoridades de la isla; el reportaje no equivale a una verificación independiente de cada elemento del inventario.

En esas entrevistas realizadas bajo custodia y ante funcionarios del caso, los cuatro sobrevivientes coincidieron en un punto decisivo: el primer disparo salió de El Tornado. Rodríguez lo admitió expresamente, aunque dijo desconocer quién disparó. Cruz y Galindo tampoco identificaron al autor. Acosta señaló a Sánchez González, el quinto sobreviviente, quien no fue entrevistado para el reportaje. Por tanto, su identificación no cuenta con una respuesta pública del señalado en esta investigación ni puede considerarse un hecho establecido solo por ese señalamiento.

El tiroteo duró minutos. Un oficial cubano resultó herido y cinco integrantes de la expedición murieron, uno de ellos días después a consecuencia de sus heridas. Los demás quedaron bajo custodia del Estado cubano. Ninguno de los cuatro entrevistados dijo haber disparado durante el enfrentamiento.

Cuatro voces, distintas posiciones

Las posturas de los presos son diferentes. Galindo afirma que no quiso participar; Acosta se arrepiente y describe la expedición como una locura. Cruz sigue defendiendo un cambio político en Cuba, aunque cuestiona el modo en que se ejecutó la acción. Rodríguez mantiene su convicción contra el gobierno cubano y lamenta, sobre todo, la muerte de sus compañeros y el fracaso de la misión. Algunos también denunciaron presuntos malos tratos bajo custodia; las autoridades cubanas niegan al menos las acusaciones referidas a Sánchez González.

El quinto sobreviviente no habló con los periodistas. El medio no pudo determinar si Sánchez González rechazó la entrevista o si las autoridades impidieron que participara. El acceso a abogados también ha sido desigual: Rodríguez dijo que aún no encontraba uno dispuesto a asumir su caso; Cruz afirmó que no lo había solicitado; Acosta dijo haberse reunido varias veces con el suyo; y Galindo contaba con representación desde marzo, según su esposa. La ausencia de defensores durante las entrevistas y la presencia de funcionarios del caso son circunstancias esenciales al citar estas declaraciones, incluso cuando las versiones de los detenidos coinciden.

El FBI visitó Cuba; el proceso penal sigue abierto

De acuerdo con los funcionarios cubanos citados por la investigación, una delegación del FBI viajó a la isla el 31 de marzo, inspeccionó las dos embarcaciones implicadas y obtuvo huellas y muestras de ADN de los detenidos. Reuters informó sobre esa visita, pero las autoridades estadounidenses consultadas por el reportaje no dieron detalles sobre sus hallazgos ni respondieron a las preguntas sobre la organización y financiación de la expedición.

Los cinco sobrevivientes y un presunto colaborador en Cuba continúan en prisión preventiva por cargos vinculados con terrorismo, según el reportaje. El fiscal cubano ha indicado que podrían afrontar hasta 30 años de cárcel e incluso la pena de muerte. No hay una sentencia que establezca las responsabilidades individuales. El caso deja abiertas cuestiones centrales: quién tomó las decisiones finales, de dónde salió todo el dinero y qué pruebas independientes podrán examinar las defensas en un juicio.