El periódico La Demajagua de la provincia de Granma publicó un artículo abordando el tema de los abusos sexuales a menores de edad, y clasificó los mismos como un asunto «candente» y de «gran preocupación».
«Este es un tema candente y de gran preocupación, por eso creemos que los barrio-debates y las charlas pueden sensibilizar a las personas», dijo al periódico Nidia Revé, funcionaria de los CDR en el territorio.
Como explicara Revé, es muy importante poder identificar los hogares en los cuales pudiesen haber menores victimizados para tratar de prevenir cualquier suceso. «Cuando ocurre, procuramos atraer al menor e insertarlo en las actividades para que no se aísle y tampoco trate de atentar contra su vida», explicó.
El gobierno cubano no publica cifras de delitos relacionados con menores, por lo cual se desconocen estas estadísticas, y muy rara vez se hacen notar estos sucesos en la prensa oficial.
La doctora Yaumara Milán Estrada, especialista de primer grado en Psiquiatría Infantil, citada por La Demajagua, explicó que es muy importante no ser confiados y no desatender a los niños y/o los jóvenes. Agregó que los padres deben estar al pendiente de dónde están, adónde van y con quiénes andan.
La doctora dijo que cuando llegan menores afectados, ellos brindan el servicio médico y psicológico. «Para borrar esa experiencia traumática aplicamos varias técnicas psicoterapéuticas», indicó.
Por su parte María Elena Hechavarría Carralero, miembro del secretariado provincial de la FMC abordó el tema de la formación de escuelas de educación familiar. Escuelas con la responsabilidad de educar a los adultos en como reconocer cuando un niño ha sido víctima.
Los casos de niños y niñas abusados son evaluados por las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF). Sus especialistas asesoran a los familiares sobre cómo debe ser la conducta, el comportamiento y la atención al menor.
Caridad León Castillo, subdirectora provincial de Educación, comentó sobre la incidencia de casos que tienen lugar mientras los estudiantes están en camino a centros escolares fuera de los límites urbanos. «Tenemos situaciones riesgosas, porque reorientamos escuelas y hay estudiantes viajando solos, en horarios complejos, y en la montaña recorren caminos desolados para llegar al centro escolar», admitió la directiva.
Sin embargo, precisó, estos menores no son los más vulnerables, sino aquellos de los municipios urbanos, donde la familia está más desprendida.
Las penas establecidas para los agresores podrían ser de 7 a 15 años de privación de libertad. En casos más graves de 20 a 30 años o incluso la muerte. Sin embargo, el informe de La Demajagua no abarcó cuantas personas están actualmente cumpliendo condena por estos delitos.
