Polémica por detención de ciudadanos de EE.UU por ICE aparentemente por solo lucir como hispanos

La polémica en torno a las operaciones migratorias en Estados Unidos se intensifica luego de que salieran a la luz denuncias de ciudadanos estadounidenses de origen latino que fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los testimonios coinciden en un patrón alarmante: terminar arrestados únicamente por “parecer inmigrantes indocumentados”, incluso mostrando documentos que acreditaban su ciudadanía.

Los relatos apuntan a una violación de derechos constitucionales básicos, como la Cuarta Enmienda —que protege contra detenciones arbitrarias—, y ponen bajo escrutinio las prácticas de una agencia que ya había sido criticada en años anteriores por sus métodos de control migratorio.

The New York Times informó este lunes, en un reportaje de gran alcance, que al menos 15 ciudadanos han sido detenidos o interrogados por la agencia migratoria desde enero, tras analizar expedientes judiciales y recopilar testimonios.

De acuerdo con los testimonios, varios arrestados manifestaron al instante su ciudadanía estadounidense, pero los agentes no atendieron sus reclamos y los enviaron a centros de detención. Allí, algunos permanecieron incomunicados durante horas o días, sin asistencia legal ni acceso a llamadas telefónicas.

Historias que reflejan un patrón de abuso

El caso de Kenny Laynez-Ambrosio, un joven de 18 años que nació en West Palm Beach, Florida, es uno de los más representativos: lo detuvieron tras una parada de tráfico y lo trasladaron a un centro de detención pese a declarar que es ciudadano estadounidense. En varias ocasiones el joven le dijo a las autoridades «Soy de aquí», pero eso no detuvo a los agentes quienes lo detuvieron por un espacio de seis horas.

En California, Jason Brian Gavidia, de 29 años, relató que agentes irrumpieron en su negocio de autos clásicos en Montebello y lo redujeron con violencia. Mientras tanto, en Chicago, Julio Noriega permaneció 10 horas bajo custodia cuando intentaba entregar su currículum laboral.

Otros, como Leonardo García Venegas, cuentan que lo arrestaron más de una vez, aun presentando identificaciones válidas. “Ya no puedo trabajar tranquilo, siempre estoy nervioso”, afirmó, reflejando el impacto emocional que dejan estas experiencias.

As CBP and ICE agents were executing criminal search warrants on July 10 at the marijuana sites in Camarillo, CA, George Retes—a U.S. citizen—became violent and refused to comply with law enforcement. He challenged agents and blocked their route by refusing to move his vehicle… pic.twitter.com/aKS2voKU3j

— Homeland Security (@DHSgov) September 17, 2025

Antecedentes y comparación con administraciones pasadas

Aunque la administración Trump ha prometido “la mayor operación de deportaciones en la historia del país”, no es la primera vez que ICE enfrenta cuestionamientos. Durante gobiernos anteriores, en particular el de Barack Obama, también se denunciaron detenciones erróneas de residentes legales y ciudadanos. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles aseguran que la magnitud y frecuencia de los casos actuales muestran un incremento preocupante.

De hecho, informes de la ACLU documentan que las autoridades detuvieron por error en procesos migratorios, entre 2007 y 2015, más de 1.500 ciudadanos estadounidenses. Lo novedoso en la coyuntura actual es que estas detenciones se perciben como sistemáticas y vinculadas a una política de “mano dura” que prioriza la apariencia física o el origen étnico sobre pruebas legales.

Demandas y fallos judiciales contradictorios

La ausencia de un registro federal que contabilice los arrestos de ciudadanos complica la rendición de cuentas. Sin embargo, los litigios han aumentado: abogados y organizaciones comunitarias han llevado a ICE a los tribunales alegando discriminación racial y violaciones de derechos civiles.

En Los Ángeles, un juez federal ordenó frenar estas prácticas, pero la Corte Suprema suspendió esa decisión, lo que en la práctica permitió a la agencia seguir adelante con sus métodos. Este fallo ha generado preocupación sobre hasta qué punto las instituciones judiciales están dispuestas a limitar el poder de las autoridades migratorias.

Consecuencias sociales y psicológicas

Más allá de las cifras, el impacto humano es devastador. En barrios latinos de ciudades como Miami, Los Ángeles y Chicago, muchos ciudadanos ahora cargan diariamente con sus pasaportes o certificados de nacimiento para evitar que los arresten. El temor a una redada en el trabajo, en la escuela o incluso en la calle ha alterado la vida cotidiana de miles de personas.

Especialistas en salud mental advierten que la ansiedad, el estrés y la desconfianza hacia las instituciones públicas se están extendiendo, debilitando la integración social y el sentido de pertenencia de comunidades enteras.

“Ya no puedo trabajar tranquilo, siempre estoy nervioso”, dijo Leonardo García Venegas a quien ICE de Alabama arrestó en varias oportunidades a pesar de mostrar su documentación en regla.

Durante la contienda electoral, el entonces candidato Trump prometió impulsar una operación de deportaciones sin precedentes, evocando la controvertida “Operación Espalda Mojada” de los años 50. Ahora, gracias al fallo de la Corte Suprema, sus agentes tienen un margen más amplio para realizar detenciones basadas en sospechas.

Un debate que trasciende la política migratoria

Las críticas a ICE se insertan en un debate más amplio: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad fronteriza? Para defensores de derechos civiles, la línea se ha cruzado. Para los sectores que apoyan las medidas del gobierno, en cambio, se trata de un costo “inevitable” en la lucha contra la inmigración irregular.

Lo cierto es que los casos de ciudadanos estadounidenses arrestados por su origen latino ponen en cuestión la legitimidad del sistema migratorio y plantean interrogantes sobre la vigencia de las libertades civiles en un país que históricamente se ha presentado como defensor de los derechos individuales.