Una Green Card ya no es una póliza de seguro de inmigrante contra la deportación en la era de Donald Trump.
Los inmigrantes documentados ahora pueden ser deportados de los Estados Unidos si rompen las reglas de los programas federales y estatales que ofrecen beneficios públicos a los inmigrantes.
Las nuevas pautas implementadas la semana pasada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dicen que los inmigrantes que abusen de «cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos» serán convocados para comparecer ante un tribunal de inmigración.
Los inmigrantes estarán sujetos a procedimientos de expulsión si hay evidencia de «fraude o tergiversación deliberada» en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante otra agencia gubernamental «, indicaron las pautas, publicadas a fines del mes pasado.
En esos casos, los funcionarios de inmigración tendrán mayor autoridad para emitir avisos para comparecer (NTA), documentos que marcan el inicio de los procedimientos de deportación.
Los principales beneficios públicos que pueden recibir los inmigrantes con permisos de residencia legal, conocidos como Green Card son: Medicaid para personas con bajos ingresos o discapacidades; Asistencia temporal para familias necesitadas; Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria; Seguridad de Ingreso Suplementario; y el Programa de seguro de salud para niños.
Recibir ayuda de esos programas podría incluso dañar la solicitud de una Green Card presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, diseñada para impedir que inmigrantes documentados obtengan residencia si ellos o sus hijos reciben beneficios públicos, incluidos cupones de alimentos y programas de educación para la primera infancia.
Las autoridades de Estados Unidos también se dirigen a residentes permanentes que solicitan la ciudadanía.
El memorando de política de USCIS indicó que sus empleados tendrán más margen de maniobra para comenzar los procedimientos de deportación a inmigrantes cuyas solicitudes de ciudadanía son denegadas por razones de buen carácter moral.
La abogada Claudia Canizares aclaró dudas sobre lo que significan estas medidas.
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