Uber comenzó a aplicar en Estados Unidos una de las reformas más estrictas de seguridad desde su expansión como plataforma de transporte y entregas. La compañía puso en vigor nuevos controles de antecedentes penales para conductores y repartidores, con el objetivo de cerrar brechas que durante años se señalaron por víctimas, abogados, investigaciones periodísticas y usuarios preocupados por la seguridad del servicio.
La política, vigente desde el 29 de junio de 2026, permitirá revisar hasta 99 años de historial criminal de quienes quieran trabajar en Uber o Uber Eats, pero también de quienes ya están activos en la plataforma. El cambio supone una ampliación considerable del sistema anterior, que en muchos estados se limitaba a revisar períodos mucho más cortos y podía dejar fuera antecedentes cometidos en otras jurisdicciones.
La medida llega en un contexto de fuerte presión judicial y reputacional para la empresa. Uber enfrenta miles de demandas por presuntas agresiones sexuales cometidas por conductores, mientras nuevos casos han reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la selección, supervisión y permanencia de quienes transportan pasajeros o entregan pedidos.
Una reforma que busca cerrar vacíos en la verificación de conductores
El principal cambio anunciado por Uber es la ampliación del alcance de los controles de antecedentes. A partir de ahora, la compañía podrá revisar hasta 99 años de historial criminal utilizando el número de Seguro Social del conductor y cruzando información con registros judiciales de las jurisdicciones donde haya vivido.
Hasta ahora, el mecanismo de verificación presentaba fallos estructurales. Una investigación de The New York Times publicada en diciembre de 2025 reveló que en 35 estados los controles estaban limitados a los últimos siete años de residencia del solicitante. Esa restricción implicaba que delitos cometidos en otros lugares no podían detectarse durante el proceso de aprobación.
El nuevo sistema intenta corregir precisamente esa debilidad. En lugar de concentrarse solo en un período reciente o en un área de residencia limitada, Uber afirma que buscará antecedentes graves a lo largo de una ventana mucho más amplia. En la práctica, esto significa que condenas antiguas o registradas en otros estados podrían tomarse en cuenta antes de aprobar o mantener activo a un conductor.
La reforma alcanza tanto a conductores de viajes compartidos como a repartidores de Uber Eats, una decisión que extiende el endurecimiento a todo el ecosistema laboral de la compañía y no solo al transporte de pasajeros.
Qué delitos pueden dejar a una persona fuera de la plataforma
Uber también amplió la lista de delitos que pueden provocar la descalificación permanente de un conductor o repartidor. La empresa ya consideraba antecedentes como homicidio, secuestro, terrorismo y delitos sexuales, pero ahora suma otras categorías graves.
Entre los delitos que podrán impedir trabajar en la plataforma figuran robo a mano armada, agresión agravada, incendio provocado, abuso o negligencia infantil, acoso persistente y estrangulamiento. La compañía también indicó que excluirá a personas con historial de delitos violentos, sexuales, acecho o estrangulamiento en cualquier momento de sus vidas.
Este punto representa uno de los cambios más relevantes de la nueva política. En determinados casos, la antigüedad del delito ya no será suficiente para que un antecedente quede fuera del análisis. Uber buscará impedir que personas con condenas consideradas de alto riesgo puedan transportar pasajeros, recoger pedidos o interactuar con clientes a través de la aplicación.
La decisión apunta directamente a reforzar la percepción de seguridad entre usuarios, pero también puede generar impacto en conductores que están aprobados bajo criterios anteriores y que ahora podrían quedar sujetos a una revisión más rigurosa.
Los conductores activos también estarán bajo revisión
La nueva política no se limita a quienes intenten ingresar por primera vez a la plataforma. Los conductores y repartidores que ya trabajan con Uber se evaluarán bajo los nuevos criterios durante sus verificaciones anuales.
Esto significa que una persona que haya estado activa durante años podría perder el acceso a la aplicación si aparecen antecedentes que ahora sean incompatibles con las reglas actualizadas. La empresa no ha revelado cuántos conductores podrían ser afectados en Estados Unidos ni ha ofrecido cifras específicas por estados.
El alcance real de la medida comenzará a verse cuando se apliquen las primeras revisiones anuales bajo el nuevo estándar. En ese proceso, Uber tendrá que equilibrar dos objetivos complejos: elevar la seguridad de los usuarios y evitar decisiones percibidas como desproporcionadas contra trabajadores que no hayan tenido incidentes recientes dentro de la plataforma.
Para muchos conductores, especialmente inmigrantes y trabajadores independientes, Uber representa una fuente de ingresos flexible. Por eso, el endurecimiento de los controles también abre un debate sobre la reinserción laboral de personas con condenas antiguas y sobre cómo deben evaluarse los antecedentes en economías digitales de gran escala.
Una excepción limitada para conductores con largo historial en Uber
Aunque el nuevo sistema será más estricto, Uber contempla una excepción para aproximadamente 2,000 conductores de larga trayectoria. Estas personas podrían continuar usando la plataforma si sus condenas tienen más de 15 años, no están relacionadas con delitos sexuales y no han registrado incidentes graves mientras trabajaban con la compañía.
La excepción parece diseñada para evitar una expulsión automática de conductores que llevan años operando sin reportes relevantes. Sin embargo, será limitada y no aplicará en casos vinculados a delitos sexuales u otras conductas que Uber considere incompatibles con la seguridad de los usuarios.
Este matiz muestra que la empresa intenta combinar una política de “tolerancia cero” frente a ciertos delitos con criterios diferenciados para casos antiguos. Aun así, el proceso podría generar reclamos, apelaciones o cuestionamientos de conductores que consideren injusta su desactivación.
Las demandas que presionan a Uber
El endurecimiento de controles se produce mientras Uber enfrenta una creciente presión judicial. La empresa tiene más de 3,000 demandas consolidadas en tribunales federales por presuntas agresiones sexuales cometidas por conductores.
El tema tomó mayor fuerza después de que, en febrero de 2026, un jurado en Phoenix condenara a la compañía a pagar 8.5 millones de dólares por un caso de agresión sexual. Ese fallo volvió a colocar bajo escrutinio la forma en que Uber evalúa, monitorea y responde ante denuncias contra conductores.
Según el texto de referencia, entre 2017 y 2022 Uber recibió más de 400,000 denuncias de agresión sexual o conducta inapropiada en Estados Unidos. Esa cifra contrasta con los 12,522 casos graves que la empresa había reportado públicamente, una diferencia que alimentó cuestionamientos sobre la transparencia de sus informes y la manera en que clasifica los incidentes.
Para defensores de víctimas, el problema no se limita a casos aislados, sino a la estructura de una plataforma que conecta a desconocidos en espacios cerrados, muchas veces de noche, en trayectos privados y con distintos niveles de vulnerabilidad para pasajeros y conductores.
El peso de la investigación periodística en el cambio de política
La investigación de The New York Times publicada en diciembre de 2025 aportó un elemento clave al debate: los controles de antecedentes no eran uniformes ni suficientemente amplios en todo el país. Al revelar que en 35 estados las verificaciones se limitaban a los últimos siete años de residencia, el reporte mostró una debilidad que podía permitir que ciertos antecedentes quedaran fuera del análisis.
Ese hallazgo es especialmente relevante porque Uber opera a escala nacional, pero sus verificaciones dependen en parte de registros estatales, bases de datos judiciales y normas locales. Si una persona había vivido en varios estados o si un delito se había cometido fuera del período revisado, el sistema podía no detectar información importante.
La nueva revisión de hasta 99 años intenta responder a ese punto vulnerable. Con ello, Uber busca demostrar que sus controles no dependerán únicamente de criterios mínimos estatales, sino de un estándar más amplio aplicado de forma más uniforme.
Impacto particular en el sur de Florida
El sur de Florida podría ser una de las regiones donde la nueva política tenga mayor impacto. En ciudades como Miami, Hialeah, Doral, Fort Lauderdale y West Palm Beach, miles de cubanos y latinoamericanos utilizan Uber como fuente principal o complementaria de ingresos.
La alta demanda de viajes vinculada al turismo, los aeropuertos, los puertos de cruceros, los eventos deportivos y la vida nocturna convierte a Uber en una plataforma clave para la movilidad regional. El Aeropuerto Internacional de Miami, el Puerto de Miami y Port Everglades generan diariamente un flujo constante de pasajeros que recurren a servicios de transporte por aplicación.
Para muchos inmigrantes, conducir para Uber ha sido una vía de entrada rápida al mercado laboral. La flexibilidad de horarios, la posibilidad de comenzar sin largos procesos de contratación tradicional y la demanda constante han convertido la plataforma en una alternativa económica importante.
Sin embargo, con los nuevos filtros, conductores que tengan antecedentes antiguos o registros en otras jurisdicciones podrían quedar sometidos a una evaluación más estricta. La compañía no ha detallado cuántos trabajadores de Florida podrían perder acceso a la aplicación ni qué mecanismos de apelación estarán disponibles para quienes sean desactivados.
Casos recientes en Florida elevan la preocupación
El artículo de referencia menciona dos casos recientes en Florida que han intensificado la discusión sobre la seguridad en plataformas de transporte.
Uno de ellos es el arresto en junio de 2026 del conductor cubano Yusel Pérez Leyva, acusado en Doral de secuestrar y agredir sexualmente a una pasajera. El caso generó preocupación en una zona donde miles de residentes y turistas usan servicios de transporte por aplicación todos los días.
Otro caso citado es el de Yaroslandys Elozegui Romero, detenido en marzo de 2025 tras ser acusado de obligar a una clienta a realizar actos sexuales en la autopista SR 826. Estos episodios, aunque no representan la mayoría de los viajes, han alimentado el reclamo de controles más robustos y respuestas más contundentes ante denuncias de pasajeros.
Uber sostiene que más del 99.9% de los viajes concluyen sin incidentes de seguridad. Aun así, la gravedad de los casos denunciados ha llevado a usuarios, autoridades y abogados a exigir medidas que reduzcan los riesgos antes de que ocurra un incidente, y no solo después de recibir una denuncia.
Seguridad, confianza y responsabilidad de las plataformas
La reforma de Uber forma parte de un debate más amplio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales. Empresas como Uber crecieron bajo un modelo tecnológico que conecta usuarios y trabajadores independientes en tiempo real, pero la magnitud de sus operaciones ha provocado cuestionamientos sobre cuánto control deben ejercer sobre quienes prestan servicios bajo su marca.
La seguridad de pasajeros no depende únicamente de una verificación inicial. También involucra monitoreo continuo, respuesta rápida ante reportes, transparencia en las estadísticas, cooperación con autoridades y claridad sobre los criterios usados para suspender o expulsar conductores.
El endurecimiento de los antecedentes penales es una herramienta importante, pero no resuelve por sí sola todos los riesgos. Las plataformas también deben garantizar que las denuncias sean investigadas con rapidez, que las víctimas reciban apoyo y que los usuarios puedan identificar, reportar y documentar incidentes de manera efectiva.
El dilema laboral para miles de conductores
El cambio también plantea un dilema laboral. Para pasajeros y usuarios, mayores filtros pueden traducirse en una sensación de mayor protección. Para conductores, especialmente aquellos con antecedentes antiguos que han reconstruido su vida laboral, la revisión de hasta 99 años puede representar una amenaza directa a sus ingresos.
El debate no es sencillo. Por un lado, Uber debe impedir que personas con antecedentes graves de violencia, abuso sexual o conductas peligrosas tengan acceso a pasajeros vulnerables. Por otro, las políticas de exclusión permanente pueden generar preocupación cuando afectan a personas con condenas antiguas que no han reincidido y que han mantenido un historial limpio dentro de la plataforma.
La excepción contemplada para unos 2,000 conductores antiguos sugiere que la empresa reconoce esa tensión. Sin embargo, aún queda por ver cómo se aplicará en la práctica, qué información recibirá cada conductor afectado y si existirá un proceso claro para disputar errores en los registros.
Lo que puede cambiar para los usuarios
Para los pasajeros, el anuncio busca enviar un mensaje de mayor seguridad. El hecho de que Uber revise antecedentes más allá de los siete años de residencia puede reducir la posibilidad de que condenas graves pasen inadvertidas.
También podría aumentar la confianza de usuarios que dependen de la aplicación para trayectos nocturnos, viajes al aeropuerto, desplazamientos con niños o recorridos en zonas desconocidas. En mercados turísticos como Miami y Orlando, esa percepción es especialmente importante porque muchos visitantes usan Uber como alternativa principal al alquiler de autos o taxis tradicionales.
No obstante, los usuarios también podrían notar efectos indirectos si la medida reduce temporalmente la cantidad de conductores disponibles en determinadas zonas. Menos conductores activos podría traducirse en mayores tiempos de espera o tarifas dinámicas más frecuentes durante horas pico, aunque Uber no ha anticipado públicamente ese escenario.
Una medida con consecuencias todavía inciertas
Uber presenta el endurecimiento de sus controles como un paso necesario para proteger a pasajeros, repartidores, clientes y conductores. La ampliación de las verificaciones hasta 99 años y la inclusión de nuevos delitos descalificantes representan una transformación significativa en la forma en que la empresa evalúa a quienes trabajan con la aplicación.
Sin embargo, el alcance real de la reforma dependerá de su implementación. Todavía no se sabe cuántos conductores serán desactivados, cuántos podrán acogerse a excepciones, qué mecanismos de apelación estarán disponibles ni cómo impactará la disponibilidad del servicio en mercados de alta demanda.
La compañía busca recuperar confianza en medio de demandas, fallos judiciales e investigaciones que han cuestionado la eficacia de sus controles. Para los usuarios, la promesa es una plataforma más segura. Para los conductores, el cambio marca el inicio de una etapa de mayor escrutinio.
En regiones como el sur de Florida, donde Uber forma parte de la vida diaria de residentes, turistas e inmigrantes que dependen de la aplicación para trabajar, la nueva política será observada con especial atención.
