Aprobada en 2016 una ordenanza en Miami Beach buscaba establecer el salario mínimo en esa ciudad en $10.31 por hora este año, con aumentos incrementales anuales hasta llegar a $13.31 por hora en enero del 2021, pero grupos empresariales y gobiernos locales de la Ciudad del Sol están pidiendo a la Corte Suprema de Florida que actúe rápidamente en una batalla sobre la legalidad del salario mínimo en esa localidad, y según El Nuevo Herald, el pasado mes los jueces acordaron aceptar la apelación de Miami Beach en relación al fallo que impidió que entrara en vigor la ordenanza del salario mínimo.

Antes del 1 de enero los jueces tendrán que emitir su decisión, de acuerdo a la demanda legal presentada por los abogados de la ciudad, este año el salario mínimo por hora es de $8.25, si la ciudad llega a ganar el caso a partir de 2019 entraría en vigor un salario mínimo más alto.

Los abogados que presentaron el informe el martes, explicaron que “obviamente, todos los trabajadores con bajos salarios en la ciudad sufren un daño inmediato, continuo e irreparable cada día que esperan por la decisión de este tribunal. Ese daño aumentará exponencialmente el 1 de enero del 2019 y continuará en cada cheque de pago a partir de entonces, si no se les concede el segundo aumento incremental provisto por la ordenanza”.

Los oponentes de que se incremente el salario mínimo en Miami Beach, se aliaron como Florida Retail Federation, la Cámara de Comercio de Florida y la Florida Restaurant & Lodging Association, y el tribunal emitió que una ley estatal de “prioridad” impide que los gobiernos locales establezcan salarios mínimos.


En 2004 una enmienda constitucional creó un salario mínimo más alto en Florida que el salario mínimo federal, por su parte Miami Beach dijo que la enmienda constitucional también le permitió establecer un salario mínimo distinto.

Del otro lado el tribunal de apelaciones argumentó que una ley estatal anterior impidió a los gobiernos locales establecer salarios mínimos, la enmienda entonces no alcanzó a modificar esa ley por considerarse de “prioridad”.

Un panel de la corte de apelaciones dijo que “ciertamente, si los redactores de [la enmienda constitucional] quisieran restringir la capacidad de la Legislatura para prohibir a un municipio adoptar su propia ordenanza de salario mínimo, podrían haber empleado un lenguaje claro y directo para lograr ese propósito”.

“Por alguna razón, los redactores de la disposición optaron por no incorporar ese lenguaje en el texto de la enmienda y declinamos la invitación de la Ciudad para que lo haga por medio de un mandato judicial”, agregaron.

No obstante en la demanda legal presentada esta semana por los abogados de Miami Beach, se cuestiona esa interpretación de la enmienda de 2004.

(Con información de El Nuevo Herald)