Javier García-Bengochea no está dispuesto a presentar una demanda judicial contra la administración de Obama, a pesar de que su caso sea sólido.
Se le ha sugerido que esa sería una opción de lucha contra lo que él considera uso ilegal y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por parte de una línea de cruceros del puerto propiedad de su familia en Cuba, el cual fue confiscado por el gobierno cubano en 1960. Pero, aunque considera firmemente que tiene razón, también sabe que se trataría de una difícil batalla.
“Esta litigación tomaría años, si no más de una década”, dijo García-Bengochea. “La mayoría de los abogados no lo harían por cobrar sólo en caso de que ganen. Eso me llevaría a la quiebra”.
Las últimas medidas regulatorias del presidente Barack Obama para facilitar el comercio y los viajes a Cuba han indignado a muchos cubanoamericanos en el sur de la Florida, en el Congreso y en todo el país.
Pero, a pesar de la creencia de algunos miembros del Congreso y algunos especialistas legales de que las nuevas medidas de Obama violan la Ley Helms Burton de 1996, la cual establece estrictos límites sobre cuándo se puede restablecer el comercio con la isla, ellos saben que derogar la apertura hacia Cuba podría ser difícil.
El Congreso podría intentar el recurso de llevar a los tribunales a la administración, como lo ha hecho anteriormente, pero necesitaría hablar con una voz unificada, y no parece haber suficiente apoyo para hacer que eso sea posible.
También podría aprobar una legislación para bloquear los cambios, pero no está claro si semejante esfuerzo podría ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso y ser firmado por el Presidente.
Alguien como García-Bengochea, quien cuenta con una reclamación certificada, podría llevar el caso a los tribunales. Casi 6,000 ciudadanos estadounidenses cuentan con intereses en reclamaciones contra el gobierno cubano por la confiscación de sus propiedades.
El hecho de que Cuba no reembolsara dichas reclamaciones fue lo que llevó en un inicio a la imposición del embargo.
García-Bengochea podría presentar una demanda bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite a los estadounidenses demandar a las compañías que “trafiquen” en propiedades de cubanos que el gobierno de la isla haya confiscado sin compensar a sus antiguos dueños en Estados Unidos. García-Bengochea señala que barcos cruceros operados por compañías de EEUU atracan actualmente en un puerto en Santiago de Cuba que era propiedad de su familia antes de que el gobierno cubano lo confiscara, sin hacerles pago alguno en 1960.
Pero Obama y otros Presidentes han suspendido esa cláusula como cosa de rutina, ya que ellos cuentan con la autoridad de impedir dichas demandas judiciales.
La Casa Blanca ha defendido sus medidas, afirmando que las mismas están dentro de la autoridad legal del Presidente, pero funcionarios de la administración no han ocultado el hecho de que están tratando de hacer que los cambios sean “irreversibles”.
El viernes, la administración de Obama anunció una nueva ronda de cambios regulatorios destinados a disminuir las restricciones de comercio, viajes y finanzas contra Cuba y dificultar a cualquier administración posterior el poder derogarlas. La asesora de Seguridad Nacional Susan Rice dijo que el “sentido común” impediría a otros el tratar de hacer más duro de nuevo el embargo.
“Sería un error profundo dar marcha atrás al reloj”, dijo ella.
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