Médicos cubanos en México bajo la lupa: María Elvira Salazar pide a Washington más presión comercial por denuncias de trabajo forzoso

La contratación de médicos cubanos en México vuelve a quedar en el centro de una disputa que combina derechos laborales, relaciones con el régimen de La Habana y comercio con Estados Unidos. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar pidió a la administración estadounidense utilizar las conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, para abordar las condiciones en que trabajan los profesionales de la isla.

En la carta dirigida a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, Salazar sostiene que México mantiene a más de 3.000 médicos cubanos bajo un esquema que califica como trabajo forzoso. La legisladora solicita que Washington plantee el asunto directamente a las autoridades mexicanas y reclame que se desmantele el programa.

La petición introduce una nueva vía de presión sobre los acuerdos médicos del régimen cubano: vincular las denuncias de explotación con los compromisos laborales del tratado comercial norteamericano. Sin embargo, la carta constituye una solicitud política de la congresista y no una resolución que determine que México ha violado el acuerdo.

Qué le pide Salazar al representante comercial de Estados Unidos

El objetivo central del documento es que Greer incorpore la situación de los médicos cubanos a sus conversaciones con México sobre el T-MEC. Salazar afirma que lleva años advirtiendo a las autoridades mexicanas sobre las condiciones de estas misiones y sostiene que sus reclamos no han producido el resultado que busca.

En el texto menciona gestiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuestiona la continuidad del programa bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

La congresista pide que la administración estadounidense comunique a sus interlocutores mexicanos que, a su juicio, la contratación de estos profesionales vulnera los compromisos del tratado. También solicita que se le informe sobre las acciones que Washington adopte.

El planteamiento busca convertir una denuncia reiterada contra el régimen cubano en un asunto que México deba discutir con su principal socio comercial. La carta, por sí sola, no impone sanciones, cancela contratos ni modifica las condiciones del intercambio entre ambos países.

Las denuncias sobre salarios, movilidad y separación familiar

Según el documento aportado, Salazar acusa al sistema de contratación de someter a los médicos a condiciones que limitan su autonomía profesional y personal.

Entre las prácticas que denuncia figuran la separación de sus familias, las restricciones para viajar libremente y la entrega a los trabajadores de una fracción del dinero asociado a sus servicios. La congresista asegura que, en algunos casos, los médicos reciben apenas el 10 % de sus salarios.

Estas cifras y condiciones aparecen como afirmaciones de la legisladora. La carta no incorpora contratos individuales, comprobantes de pago ni una relación de testimonios que permitan establecer cómo se aplica cada una de esas prácticas a todos los profesionales destinados en México.

La distinción resulta esencial para entender la controversia: el cuestionamiento se dirige al sistema de contratación y control sobre los trabajadores. Los médicos cubanos, responsables de prestar la atención sanitaria, son precisamente las personas cuyos derechos Salazar sostiene que deben protegerse.

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Por qué Salazar vincula el programa con el T-MEC

La congresista fundamenta su petición en el capítulo laboral del tratado norteamericano, que contiene compromisos para eliminar el trabajo forzoso.

El texto del T-MEC establece en su artículo 23.3 obligaciones sobre derechos laborales, incluida la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Además, el artículo 23.8 dispone que los trabajadores migrantes deben estar protegidos por las leyes laborales del país donde trabajan, independientemente de su nacionalidad.

Existe, no obstante, una precisión relevante: la prohibición de importación del artículo 23.6 se refiere expresamente a bienes producidos mediante trabajo forzoso. Por ello, aplicar el tratado a la contratación de servicios médicos requiere un análisis jurídico de las obligaciones pertinentes y de los hechos del caso. No basta con equiparar automáticamente la llegada de profesionales con la importación de mercancías.

Salazar presenta su interpretación y pide que el Gobierno estadounidense actúe sobre ella. El documento compartido no contiene una decisión de un panel del T-MEC ni una determinación oficial de incumplimiento contra México.

México defiende la contratación de médicos cubanos

Mientras Salazar reclama que Washington intervenga, Sheinbaum mantiene una defensa pública de la presencia de los profesionales cubanos en el sistema sanitario mexicano.

Este viernes 23 de octubre, la presidenta aseguró que los médicos de la isla son contratados directamente y reciben los mismos honorarios que sus colegas mexicanos. También negó que la contratación se realice mediante una empresa y destacó su trabajo en comunidades apartadas donde faltan especialistas, según declaraciones recogidas por La Jornada.

Esas declaraciones se produjeron al responder a informaciones periodísticas sobre salarios y contratación. La información consultada no permite presentarlas como una respuesta específica a la carta enviada por Salazar.

Las posiciones evidencian el núcleo de la controversia: mientras el Gobierno mexicano resalta la cobertura sanitaria que ofrecen los especialistas, la congresista exige examinar las condiciones laborales y el control que el régimen cubano ejerce sobre ellos.

Una campaña que viene de años atrás

La presión de Salazar contra estos acuerdos no comenzó con esta carta. En abril de 2022, su oficina ya había solicitado una investigación sobre la cooperación de México con el régimen cubano, vinculándola con denuncias de trata de personas. En octubre de ese mismo año, la congresista organizó una conferencia de prensa con representantes mexicanos para cuestionar el uso de médicos cubanos y relacionarlo con las disposiciones de derechos humanos del tratado comercial.

El nuevo documento retoma esos argumentos y los dirige al funcionario encargado de la política comercial estadounidense. La diferencia está en el instrumento que propone utilizar: las conversaciones sobre el T-MEC como espacio para exigir explicaciones y cambios.

La discusión también se desarrolla en un contexto de cuestionamientos internacionales a las misiones médicas cubanas. En junio de 2025, Associated Press informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido información a los Estados miembros de la OEA sobre sus acuerdos con Cuba, incluidos los derechos laborales de los profesionales y las denuncias de abusos. El Gobierno cubano, por su parte, defendió los programas y rechazó las acusaciones estadounidenses.

Qué está en juego para los médicos y los pacientes

La controversia afecta tanto a los profesionales cubanos como a las comunidades mexicanas donde prestan servicios. Cualquier modificación de los acuerdos obligaría a considerar la continuidad de la atención, especialmente en los lugares donde las autoridades mexicanas reconocen dificultades para cubrir plazas de especialistas.

Al mismo tiempo, el valor de esa atención no resuelve las preguntas sobre los derechos de quienes la ofrecen. La transparencia de los contratos, el acceso efectivo al salario, la libertad de movimiento y la posibilidad de abandonar una misión sin represalias son aspectos centrales para evaluar las denuncias.

Para esclarecer esas condiciones sería necesario contrastar los acuerdos entre gobiernos con los contratos de los trabajadores y los pagos que reciben efectivamente. La carta de Salazar reclama una intervención política, pero no sustituye esa comprobación documental.

Qué puede ocurrir después de la carta

El siguiente paso dependerá de la respuesta del representante comercial estadounidense y de si decide incorporar formalmente el asunto a sus conversaciones con México.

En el documento compartido no consta una respuesta de Greer, un calendario de medidas ni el anuncio de un procedimiento comercial específico. Tampoco se establece que México haya aceptado revisar o terminar el programa.

La petición deja planteado un objetivo concreto: que las denuncias sobre las condiciones de los médicos cubanos formen parte de la agenda comercial entre Washington y Ciudad de México. Para el régimen de La Habana, eso supondría un nuevo frente de presión sobre sus acuerdos de servicios médicos; para los profesionales, la cuestión decisiva sigue siendo qué garantías tienen sobre su salario, su libertad y su futuro.