La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar llevó hasta el Vaticano su batalla por una reforma migratoria en Estados Unidos y entregó al papa León XIV su propuesta de Ley Dignidad, una iniciativa que podría abrir una vía de protección y estatus legal para determinados inmigrantes que llevan años establecidos en el país.
Salazar confirmó este jueves que sostuvo una audiencia con León XIV, el primer papa estadounidense, y explicó que uno de los motivos centrales de su visita fue hablar sobre las deportaciones y la situación que enfrentan miles de familias inmigrantes.
“Vine particularmente a hablarle de inmigración, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando con el hecho de que hay miles de inmigrantes, de ilegales, que están siendo deportados”, declaró la representante por Florida.
La reunión y la presentación de la Ley Dignidad al pontífice fueron confirmadas este 13 de agosto. La propuesta, identificada como H.R. 4393, combina medidas de seguridad fronteriza y control migratorio con un programa de estatus legal para ciertos inmigrantes que cumplan los requisitos establecidos.
“Una frontera cerrada y segura, pero no tener el corazón cerrado”
Salazar centró su mensaje en las personas que han construido una vida durante años en Estados Unidos y que ahora pueden encontrarse bajo amenaza de deportación.
La congresista también destacó el peso de la comunidad católica entre los inmigrantes y sus familias y explicó que esa fue una de las razones para acudir directamente al pontífice.
“Por eso le vine a poner la Ley Dignidad en sus manos para que me ayude”, aseguró.
La republicana defendió nuevamente una de las ideas centrales de su propuesta: reforzar el control de la frontera sin cerrar la puerta a quienes llevan años trabajando y contribuyendo dentro del país.
“Nosotros podemos tener orden, podemos tener una frontera cerrada y segura, pero no tener el corazón cerrado para esa gente que nos ha dado tanto”, afirmó.
¿Qué propone la Ley Dignidad?
La propuesta presentada por Salazar, denominada oficialmente DIGNIDAD (Dignity) Act of 2025, fue introducida en la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2025. Actualmente continúa como un proyecto de ley: no ha sido aprobado por el Congreso ni es una ley vigente.
Uno de sus componentes principales es el llamado Dignity Program, diseñado para permitir que determinados inmigrantes elegibles puedan obtener protección frente a la deportación junto con autorización para trabajar y viajar.
Según el texto legislativo, quienes sean aprobados inicialmente entrarían en un programa de siete años y tendrían que cumplir una serie de obligaciones, entre ellas mantenerse dentro de la ley, reportarse periódicamente ante las autoridades y, salvo determinadas excepciones, pagar un total de $7,000 en concepto de restitución durante el programa. También existen requisitos relacionados con empleo, estudios u otras actividades contempladas en la propuesta.
Después de completar satisfactoriamente esa etapa, el proyecto contempla un “Dignity Status”, un estatus legal de no inmigrante válido por siete años y renovable, acompañado de autorización de empleo y posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos y regresar si la persona es admisible.
Esto es importante: la Ley Dignidad no plantea simplemente entregar automáticamente una Green Card o la ciudadanía a todos los indocumentados. Establece requisitos, controles y un proceso que los beneficiarios tendrían que completar.
¿Qué podría significar para los cubanos que llevan años en Estados Unidos?
La propuesta tiene especial interés para comunidades inmigrantes del sur de Florida, incluida la cubana.
Durante los últimos años, miles de cubanos han llegado a Estados Unidos bajo diferentes situaciones migratorias y no todos cuentan con las mismas posibilidades de regularización.
De convertirse finalmente en ley, el impacto de la Ley Dignidad dependería de la situación individual de cada inmigrante y de los requisitos de elegibilidad establecidos en el texto definitivo.
Por ello, no todos los cubanos sin residencia quedarían automáticamente protegidos, ni puede asumirse que una persona con una orden de deportación, un caso pendiente, antecedentes u otra situación migratoria específica calificaría.
El texto legislativo contiene disposiciones particulares relacionadas con procedimientos de deportación y elegibilidad, por lo que cada caso tendría que analizarse individualmente.
Para algunos inmigrantes de larga permanencia que cumplan las condiciones, sin embargo, la iniciativa podría representar una alternativa para salir de la incertidumbre migratoria, trabajar legalmente y permanecer en Estados Unidos bajo un estatus reconocido.
Salazar busca ahora apoyo más allá del Congreso
La visita al Vaticano muestra que Salazar está intentando ampliar el respaldo a su propuesta más allá de Washington.
Según información divulgada este jueves sobre el encuentro, la iniciativa cuenta con el respaldo de 40 miembros del Congreso y más de 100 organizaciones y grupos interesados.
La congresista dejó claro que pretende continuar buscando apoyos para lograr una reforma migratoria.
“Yo no voy a dejar de tocar todas las puertas necesarias hasta que los Estados Unidos no tenga una ley de inmigración sólida, buena para todo el mundo que vive y contribuye en este país”, afirmó.
La imagen de una congresista republicana de Miami colocando su proyecto migratorio en manos del primer papa estadounidense añade ahora un elemento inesperado a la batalla política por la inmigración.
Sin embargo, para los inmigrantes que siguen de cerca la propuesta hay una distinción fundamental: la Ley Dignidad todavía no es ley. Su eventual aplicación dependerá de que consiga avanzar en el Congreso y finalmente sea promulgada.
Por ahora, Salazar ha decidido llevar su campaña por una solución migratoria hasta una de las instituciones religiosas más influyentes del mundo: el Vaticano.
