Mediante un informe en el que ofrecen nombres y apellidos de víctimas, tres organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos en Cuba, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) que condene al régimen castrista por su vínculo con desapariciones forzosas, fusilamientos y asesinatos extrajudiciales, de igual modo la muerte de disidentes e inducción al suicidio.
“Las violaciones sistemáticas al derecho a la vida por el Estado cubano” es el nombre del detallado registro de denuncia que realizaron de manera conjunta: Archivo Cuba, la Fundación de los Derechos Humanos y Cubalex.
“Pedimos que se permita investigar de manera independiente varios asesinatos políticos que han ocurrido en los últimos años”, explicó la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Werlau a El Nuevo Herald.
El informe entregado al CDH en octubre describe las obligaciones internacionales que tiene el Gobierno cubano por haber firmado varios acuerdos para la protección de los derechos humanos.
“Hemos tratado de resumir el desprecio sistemático a la vida humana reflejado en las leyes y prácticas del Estado cubano”, declaró Werlau, cuya organización radica en Miami.
Archivo Cuba recoge, 3.125 fusilamientos ordenados desde enero de 1959 por el Gobierno de Cuba sin el debido proceso legal, entre los fallecidos hay menores de edad, solicitantes de asilo, y personas que intentaban huir de la Isla comunista.
El reporte también registra 1.199 ejecuciones extrajudiciales bajo el “gobierno revolucionario”, la mayoría de civiles, y de las «graves violaciones» que ocurren en las cárceles y unidades militares cubanas.
“Al menos 296 presos —políticos y comunes— murieron al negársele atención médica o por problemas de salud inducidos por las condiciones carcelarias”, acota el texto; y enfatiza en el deceso de al menos 104 presos por suicidio provocado ante “las condiciones de la prisión”.
Otras violaciones son registradas a través de este reporte; como por ejemplo que aunque en Cuba se decidió conmutar las penas de muerte por 30 años de prisión o cadena perpetua, desde 2008; en la legislación de la Isla sigue vigente la muerte a través de fusilamiento por cuestiones políticas; entre otras atrocidades.
La directora de Archivo Cuba opina que, “hay que hacer que la verdad sobre la dictadura cubana se conozca para que cese la impunidad”.
(Con información de Diario de Cuba)
