Juez de inmigración rechaza solicitud de madre cubana con I-220B para frenar su deportación a Cuba, pese a tener una hija ciudadana de cuatro meses

El caso de Elienay Estrada, una joven madre cubana con un bebé de apenas cuatro meses, ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes en Estados Unidos. A pesar de haber solicitado formalmente un paro de deportación en junio de este año, su petición fue rechazada por las autoridades migratorias esta semana, dejándola al borde de la expulsión del país y separándola de su hija, nacida en territorio estadounidense.

Estrada ingresó a EE.UU. y fue liberada bajo el estatus I-220B, un documento emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite la liberación bajo supervisión mientras avanza el proceso migratorio. Su caso, sin embargo, ha tomado un giro dramático desde que ICE volvió a citarla tras haberle otorgado una audiencia migratoria para 2026. En medio de la incertidumbre, la joven madre contrató de forma urgente a la abogada Irma Yanet Ramírez para que intercediera legalmente y solicitara el freno a la deportación.

La abogada argumentó que la joven tenía dos fundamentos sólidos para permanecer en el país: su proceso de reunificación familiar pendiente y la reciente maternidad de una ciudadana estadounidense. No obstante, según denunciaron, ninguna de estas circunstancias fue tenida en cuenta al rechazar la petición de aplazamiento, lo que vulneraría principios básicos de protección familiar y derechos del menor.

Este caso ha sido comparado con el de Heidy Sánchez Tejeda, otra madre cubana deportada en abril mientras amamantaba a su hija, también ciudadana estadounidense. En aquella ocasión, la deportación fue ampliamente repudiada por activistas y organizaciones que abogan por el respeto al debido proceso y los derechos de familias migrantes.

La negativa del gobierno fue notificada a Estrada por la oficina del congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien no representa directamente su distrito. Su congresista local, Carlos Giménez, no ha respondido públicamente al caso ni se ha pronunciado sobre posibles gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este silencio ha sido interpretado por algunos como falta de voluntad política para intervenir en un proceso que podría tener consecuencias irreversibles para la unidad de la familia.

El rechazo del paro a la deportación se da en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria bajo la actual administración. Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, las autoridades han intensificado los operativos de deportación, incluso contra migrantes con casos pendientes o hijos ciudadanos. Aunque algunas decisiones han sido temporalmente frenadas por órdenes judiciales, como la que bloqueó la revocación masiva de permisos de parole, casos individuales como el de Estrada continúan siendo procesados sin considerar factores humanitarios.

La comunidad cubana en el sur de Florida ha comenzado a movilizarse en redes sociales para denunciar el caso y pedir una intervención urgente que permita a Elienay permanecer en el país mientras se resuelve su estatus migratorio. Organizaciones legales también han advertido que una deportación forzosa en este contexto no solo afectaría a la madre, sino que podría violar derechos fundamentales de su hija menor, ciudadana estadounidense por nacimiento.

Este caso no es asilado, pues recuerda el de Heidy Sánchez Tejeda, una cubana de 44 años residente en Tampa (Florida), que ICE deportó a Cuba tras la mujer acudir a una cita rutinaria de control migratorio el 23 o 24 de abril de 2025. Estaba casada con un ciudadano estadounidense y vivía con él y su hija, nacida en EE. UU. en 2023, a quien amamantaba aún.

La mujer había llegado legalmente al país en 2021 con una visa de reunificación familiar y llevaba más de tres años viviendo en Tampa. Durante su cita, fue informada inesperadamente de su deportación, y en cuestión de horas fue enviada a Cuba. Su hija, que aún era amamantada y padece de convulsiones, quedó a cargo de un abogado presente en el lugar. El esposo, que esperaba afuera del edificio, no pudo verla antes de su partida. La abrupta separación generó angustia familiar y encendió la alarma en grupos defensores de los derechos de los migrantes.

El caso rápidamente se viralizó. La comunidad local organizó vigilias en su apoyo, y congresistas como Kathy Castor solicitaron al gobierno federal un permiso humanitario para permitir el regreso de Sánchez. Activistas denunciaron que, pese a estar casada con un ciudadano y tener un caso de residencia en trámite, su deportación refleja el endurecimiento de la política migratoria bajo la administración Trump, que ha retomado medidas más estrictas contra quienes llegaron bajo figuras como el I-220B.

Mientras el reloj avanza, la madre cubana enfrenta un panorama incierto. Sin una nueva resolución judicial o una intervención legislativa de último minuto, podría ser expulsada en cualquier momento, dejando atrás a su bebé. El caso reabre el debate sobre la humanidad y el equilibrio del sistema migratorio estadounidense frente a situaciones que involucran menores de edad y familias en situación de vulnerabilidad.