Según el Dr. Fred Anderson menos pacientes se someten a tratamiento, y los que lo hacen se muestran cada vez más reacios a seguirlo, lo que hace aumentar las probabilidades de que sus problemas médicos empeoren. Con la propuesta de la Administración de Donald Trump de negar la residencia permanente a inmigrantes que usen ciertos beneficios públicos, como cupones de alimentos, asistencia para vivienda y Medicaid, el médico explica que su trabajo se ha dificultado. Hasta ahora tratar a los miamenses sin seguro médico es complicado, ahora la preocupación es más fuerte colocando a pacientes inmigrantes en una situación de quedar alejados de sus familias y perder el acceso a servicios médicos gratis o de bajo costo.


«Muchos de nosotros consideramos que esto es un esfuerzo por convertir las prestaciones sociales en un arma», comentó Anderson.

La abogada Miriam Harmatz, especializada en servicios médicos y codirectora ejecutiva del Florida Health Justice Project, una organización sin fines de lucro que defiende un mayor acceso a los servicios médicos dijo que expertos jurídicos y defensores de los pacientes dicen que la propuesta, conocida como «carga pública» afecta a inmigrantes que solicitan un estatus legal pero no a sus hijos y dependientes.

Sin embargo la confusión y el temor sobre la política probablemente conduzca a que menos menores en núcleos familiares de inmigrantes reciban atención médica, cupones de alimentos y otros beneficios que son claves para un desarrollo saludable.

«La gente está confundida y temerosa», expresó Harmatz.


Como resultado del efecto de la propuesta sobre las llamadas familias de estatus combinado, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses pero uno o los dos padres no lo son, el Justice Project calcula que en la Florida hay unos 107.000 niños, aproximadamente la mitad en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach que probablemente pierdan la cobertura de seguro del gobierno.

Según el Censo federal, en Miami-Dade viven más inmigrantes que en cualquier otro lugar de la Florida, y casi el 60% de los habitantes nacieron en otro país y el 28% se identifican como no ciudadanos.

Aproximadamente el 27% o 109.000 niños de los 400.000 ciudadanos de la Florida que reciben Medicaid o CHIP viven con un padre no ciudadano, residen en Miami-Dade.

El Sistema de Salud Jackson, de Miami-Dade podría verse abrumado por el incremento en la cifra de niños no asegurados.

Anualmente los contribuyentes donan más de $400 millones en fondos locales para ofrecer servicios médicos a todos los habitantes del condado, sin importar su estatus migratorio o capacidad de pago.

Inmigrantes que dependen de programas de prestaciones sociales y residen en Miami-Dade se mostraron renuentes a hablar con El Nuevo Herald por temor a atraer la atención de las autoridades federales de inmigración.

Anderson trabaja en las clínicas móviles de la Universidad Internacional de la Florida, por lo general atiende a personas no aseguradas y de bajos ingresos.

El galeno contó que recientemente trató de persuadir a una mujer de unos 50 años a que se hiciera pruebas adicionales, y una biopsia en el Hospital Jackson Memorial Hospital, después de someterse a un mamograma gratis.

Sin embargo la pacidente se negó por su estatus de inmigrante ilegal, y el temor a que ir al Jackson pudiese llamar la atrención de inmigración, más allá de que las ordenanzas de Miami-Dade estipulan que todos los habitantes del condado pueden recibir servicios médicos gratis o con descuento a través del hospital.

El médico opina que las herramientas que usa para ayudar a personas no aseguradas y de bajos ingresos para mejorar sus vidas, ahora se van a usar en su contra por las políticas de Trump.

A su juicio «eso erosiona seriamente la confianza que hemos conseguido a lo largo de los años entre la comunidad, que sabe que estamos de su parte».

«Estamos tratando de que sean más saludables y se puedan valer por sí mismos», añadió.

(Con información de El Nuevo Herald)