
Para los cubanos con I-220A que tienen un proceso en corte, decidir si solicitan la residencia se ha convertido en un dilema que combina gastos, incertidumbre y posibles consecuencias futuras. Tras el fallo del Undécimo Circuito, la abogada de inmigración Claudia Cañizares advirtió que no plantear a tiempo el argumento de elegibilidad podría complicar una eventual reapertura del caso si más adelante cambia el panorama judicial.
Durante una entrevista con Cuba en Miami, Cañizares explicó que su oficina está evaluando las circunstancias de cada persona antes de recomendar si debe presentar una solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Su preocupación es que algunos inmigrantes decidan esperar sin analizar qué argumentos deberían dejar documentados dentro de sus procesos.
“Nosotros realmente lo estamos analizando caso por caso y haciendo la recomendación caso por caso”, afirmó.
El debate surge después de la decisión publicada el 17 de noviembre de 2026 en el caso Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General. El tribunal concluyó que la liberación bajo la sección 1226, documentada en ese expediente mediante formularios I-220A, no satisface el requisito de parole necesario para el ajuste cubano de quienes no fueron inspeccionados y admitidos. La corte distinguió esa liberación del parole otorgado bajo la sección 1182(d)(5)(A).
Para quienes sostienen su solicitud únicamente en ese argumento, la decisión representa un obstáculo. Sin embargo, la entrevista abordó otra pregunta: ¿qué ocurre si una persona no plantea ahora su posible elegibilidad y después intenta invocarla para reabrir el caso?
Cañizares explicó que preservar el argumento significa dejar constancia de la posición legal del inmigrante durante el procedimiento. Según señaló, la forma de hacerlo debe analizarse con el abogado y puede depender de las circunstancias del expediente y de lo que requiera el juez.
La abogada describió situaciones en las que un juez podría considerar suficiente que la defensa exponga su argumento y otras en las que podría exigir la presentación de la solicitud para emitir una decisión sobre ella. Por eso, plantear el argumento y presentar formalmente la residencia son pasos cuya relación debe evaluarse en cada caso.
El riesgo que identifica Cañizares está en intentar recuperar más adelante una opción que no se planteó cuando existió la oportunidad procesal de hacerlo. Durante la conversación, señaló que ha visto negativas a solicitudes de reapertura en las que se cuestionó que la persona no hubiera presentado anteriormente el argumento de elegibilidad.
Las reglas de los tribunales migratorios contemplan restricciones para reabrir un procedimiento con el propósito de solicitar un beneficio cuando la posibilidad de pedirlo fue explicada y la persona tuvo oportunidad de hacerlo. También reconocen una excepción cuando la solicitud se basa en circunstancias surgidas posteriormente. Esto exige evaluar el historial del expediente y no permite afirmar que toda persona que deje de solicitar la residencia perderá automáticamente cualquier opción futura.
La cuestión económica ocupa un lugar central en esa decisión. Cañizares reconoció que resulta difícil recomendar a una familia que asuma tasas y honorarios para presentar una solicitud que enfrenta un precedente desfavorable.
Durante la entrevista, explicó que los abogados deben valorar cómo conservar una posición legal sin generar expectativas de aprobación. Para los solicitantes, la decisión puede implicar destinar recursos importantes a una estrategia cuyo posible beneficio futuro sigue siendo incierto.
Presentar la residencia no garantiza que sea aprobada ni asegura que un caso pueda reabrirse más adelante. La utilidad de hacerlo, según el análisis expuesto por la abogada, debe examinarse dentro de una estrategia individual y con conocimiento de sus costos y limitaciones.
Cañizares también diferenció dos escenarios hipotéticos: una futura decisión judicial favorable y una reforma migratoria que cree nuevas posibilidades de regularización. En su explicación, una nueva ley podría ofrecer una base distinta para solicitar beneficios, mientras que un cambio judicial podría volver relevante lo que la persona argumentó durante su proceso anterior.
Ninguno de esos escenarios fue presentado como una solución asegurada. Tampoco puede anticiparse qué requisitos tendría una eventual reforma o cómo se aplicaría una futura sentencia a un expediente concreto.
Para los cubanos con I-220A que se preparan para comparecer ante un juez, la recomendación central de Cañizares fue tomar una decisión informada, considerando tanto la situación legal como el impacto económico.
“Cada caso es diferente y yo creo que en estos momentos más que nunca es una decisión que usted tiene que tomar con su abogado”, expresó.
Este artículo recoge las explicaciones ofrecidas durante la entrevista y tiene carácter informativo. No sustituye una evaluación legal individual.





