El régimen de Cuba negó el permiso solicitado por activistas para una protesta pacífica el 15 de noviembre.
En la respuesta oficial presentada por la dictadura cubana calificó la manifestación como «inconstitucionales» y «desestabilizadores».
Según el texto «no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha» y acusó a los organizadores de tener vínculos con organizaciones subversivas.
Las autoridades aseguran que la marcha tiene como objetivo provocar un cambio en Cuba algo a lo que la dictadura teme.
Inicialmente los cubanos habían organizado la marcha para el 20 de noviembre pero la dictadura convocó a maniobras militares en las calles de Cuba para amenazar a los manifestantes.
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