La sentencia de 110 años de prisión para el camionero cubano Rogel Aguilera sigue provocando «shock» no solo en la comunidad cubana sino también entre estadounidenses que claman por una reforma judicial.


La sentencia de 110 años de prisión impuesta esta semana a Rogel que mató a cuatro personas cuando perdió los frenos de su camión en la Interestatal 70 puso nuevamente el foco en las leyes de sentencia mínima obligatoria de Colorado y en la capacidad de los fiscales de distrito para usar tales leyes para garantizar condenas que lleven a tiempo en la cárcel obteniendo acuerdos.

Rogel Aguilera-Mederos, un joven cubano de 26 años, fue sentenciado a una pena de prisión dos veces mayor que la de algunos asesinos de Colorado después de que sus condenas desencadenaron disposiciones en la ley estatal que obligaron al juez de la corte de distrito Bruce Jones a imponer la sentencia de manera consecutiva llegando solo con los mínimos a los 110 años.

El juez dijo durante la audiencia de sentencia del lunes que no tenía discreción para establecer una pena de prisión menor, aunque le hubiera gustado hacerlo al no considerar que Rogel merecía pasar su vida en prisión.

El día después de la sentencia, la fiscal del primer distrito judicial Alexis King, quien llevó el caso hasta lograr las condenas que llevaron a la sentencia de 110 años, dijo en un comunicado que «agradecería» una reconsideración de la pena de prisión según reportó el Denver Post.

La sentencia de Aguilera-Mederos se extendió a más de 100 años porque, según la ley de Colorado, el asalto en primer grado y el intento de asalto en primer grado son los llamados «delitos de violencia» en los que las penas de prisión deben ejecutarse consecutivamente, y no simultáneamente, cuando se imponen. del mismo incidente.


La fiscal sin embargo dijo también en un comunicado que Aguilera no aceptó ninguna de las ofertas para llegar a un acuerdo.

“Mi administración contempló un resultado significativamente diferente en este caso, pero el señor Aguilera-Mederos no estaba interesado en continuar con esas negociaciones”, dijo.

Mark Silverstein, director legal de la ACLU de Colorado dijo que la declaración de la fiscal sugiere que la oficina del fiscal de distrito exageró en los cargos para intentar presionar a Aguilera-Mederos para que se declarara culpable en lugar de llevar el caso a juicio.

Aguilera-Mederos tiene la intención de apelar el veredicto del jurado y también está considerando una variedad de impugnaciones a la sentencia, aunque esas impugnaciones tendrán que esperar hasta que concluya el proceso de apelación. Una petición en Change.org que pedía a Polis que conmutara la sentencia de Aguilera-Mederos tenía más de 1 millón de firmas el miércoles por la noche.