El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió públicamente el controvertido centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” en medio de crecientes reportes sobre un posible cierre de la instalación debido a los elevados costos operativos, las presiones judiciales y las constantes denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos dentro del complejo.
Durante declaraciones ofrecidas a medios locales y nacionales, entre ellos The New York Times, DeSantis aseguró que el centro cumplió con el propósito para el que se creó y afirmó que desde su apertura permitió la deportación de aproximadamente 22,000 inmigrantes indocumentados. El mandatario republicano insistió en que la instalación siempre se concibió como una estructura temporal diseñada para responder al incremento de la presión migratoria y reforzar la cooperación entre Florida y el gobierno federal.
Sus palabras llegaron en un momento de creciente atención nacional sobre el futuro de la instalación, luego de que varios informes revelaran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evaluaba cerrar el centro en junio debido a su alto costo de funcionamiento y a la controversia política que lo rodeó desde sus primeros meses de operación.
“Alligator Alcatraz” se convirtió en uno de los símbolos más polémicos de la política migratoria en Estados Unidos
Ubicado en una zona aislada de los Everglades de Florida, “Alligator Alcatraz” pasó rápidamente de ser una iniciativa estatal a convertirse en uno de los proyectos migratorios más polémicos y mediáticos del país. El complejo se presentó oficialmente el 1 de julio de 2025 durante un acto encabezado por el presidente Donald Trump y el DeSantis en el Aeropuerto de Capacitación y Transición Dade-Collier, ubicado en la reserva Big Cypress, en pleno ecosistema de los Everglades. La instalación se levantó en apenas ocho días gracias al uso de facultades de emergencia otorgadas por el estado.
Pese a que se construyó con espacio suficiente para recibir de 3,000 a 5,000 personas detenidas, el recinto operó muy por debajo de las cifras previstas desde su apertura. Las instalaciones mantenían bajo custodia a cerca de 1,400 migrantes, entre ellos varios cientos de cubanos —estimados entre 700 y 800—, mientras la mayoría de estos, aproximadamente siete de cada diez, aún no enfrentaba una orden final de expulsión del país.
El complejo ganó notoriedad nacional por su ubicación remota, rodeada de pantanos y fauna salvaje, así como por el fuerte despliegue de seguridad implementado en el área. Desde su inauguración, funcionarios republicanos promovieron el centro como una herramienta para acelerar procesos de detención y deportación de inmigrantes indocumentados en el estado.
La instalación también se convirtió en un símbolo político para la administración de DeSantis, que durante años defendió una postura de línea dura frente a la inmigración irregular y promovió leyes estatales destinadas a ampliar la cooperación con agencias federales de inmigración.
El proyecto lo respaldaron públicamente sectores conservadores vinculados al presidente Donald Trump, quienes presentaron el centro como un modelo de control migratorio que podía replicarse en otras partes del país.
Sin embargo, críticos de la iniciativa aseguraron que el complejo representó una escalada en la militarización de las políticas migratorias y una muestra del endurecimiento de las condiciones para inmigrantes detenidos en Estados Unidos.
Los costos operativos millonarios aumentaron las dudas sobre la continuidad del proyecto
La posibilidad de cierre comenzó a tomar fuerza después de que varios reportes revelaran que operar el centro costaba más de un millón de dólares diarios.
Los gastos incluían seguridad, transporte, alimentación, personal médico, mantenimiento de infraestructura y operaciones aéreas vinculadas al complejo. La cifra provocó cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera del proyecto y sobre el uso de fondos públicos para mantener una instalación de carácter temporal.
«El DHS no tenía la habilidad de mantener a estos extranjeros ilegales que estábamos apresando. Así que, porque hicimos eso con su apoyo y su reembolso, pudimos procesar y deportar a 22,000 que, de otra forma, habrían salido de nuevo a comunidades de Florida», dijo DeSantis ente la prensa nacional en Titusville.
Según informes divulgados en medios estadounidenses, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional iniciaron conversaciones internas para analizar alternativas ante el elevado gasto operativo y el creciente desgaste político generado por las controversias alrededor del centro.
Aunque DeSantis afirmó que no había recibido confirmación oficial sobre el cierre, reconoció que la instalación eventualmente dejaría de operar y que las áreas utilizadas como aeropuerto dentro del complejo regresarían a sus funciones normales. «No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal. Ahora, no he recibido ninguna palabra oficial sobre que no van a mandar a extranjeros ilegales ahí», añadió el gobernador.
Por su parte, el DHS negó haber presionado directamente para clausurar el centro y sostuvo que continuaba evaluando sus necesidades operativas dentro de la estrategia migratoria federal.
Más de 1,400 inmigrantes permanecían detenidos en la instalación
Informes recientes indicaron que alrededor de 1,400 inmigrantes seguían retenidos en “Alligator Alcatraz” mientras avanzaban las discusiones sobre el futuro del complejo.
La posibilidad de trasladar a los detenidos a otras instalaciones migratorias generó preocupación entre abogados, familiares y organizaciones de apoyo a inmigrantes, especialmente por las denuncias previas relacionadas con acceso limitado a representación legal y problemas de comunicación con el exterior.
Algunos abogados de inmigración denunciaron que el aislamiento geográfico del centro dificultaba el seguimiento adecuado de los casos y complicaba las visitas familiares y el contacto con defensores legales.
Diversos grupos advirtieron además que los traslados podrían provocar retrasos en procesos migratorios pendientes y aumentar la incertidumbre jurídica de cientos de personas detenidas.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron condiciones inhumanas dentro del complejo
Desde su apertura, el centro estuvo rodeado de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas migratorios.
Las denuncias incluyeron presuntos casos de hacinamiento, atención médica deficiente, acceso limitado a medicamentos, restricciones para reunirse con abogados y acusaciones de malos tratos dentro de las instalaciones.
Algunos testimonios difundidos por organizaciones civiles describieron condiciones difíciles dentro del complejo debido a las altas temperaturas, el aislamiento y la limitada capacidad de respuesta médica.
Las acusaciones derivaron en demandas judiciales y solicitudes de investigación sobre el funcionamiento del centro y las condiciones de detención de los inmigrantes retenidos allí.
Las críticas aumentaron la presión pública sobre las autoridades de Florida y sobre el gobierno federal, especialmente en un contexto de creciente polarización política alrededor del tema migratorio.
Ambientalistas y comunidades indígenas también rechazaron el proyecto
Además de las críticas humanitarias, “Alligator Alcatraz” enfrentó una fuerte oposición de grupos ambientalistas y representantes de comunidades indígenas del sur de Florida.
Los detractores del proyecto denunciaron que la construcción y operación del complejo amenazaban una de las zonas ecológicas más importantes y sensibles del estado: los Everglades.
Las organizaciones ecologistas alertaron sobre posibles daños al ecosistema, contaminación, alteraciones del hábitat natural y afectaciones a especies protegidas que habitan en el área.
Comunidades indígenas también cuestionaron el uso del terreno y denunciaron impactos culturales y ambientales derivados de la actividad constante dentro del complejo.
La presión ambiental se sumó al creciente debate nacional sobre el modelo de centros de detención en áreas remotas y aisladas.
DeSantis insistió en que el centro ayudó a reforzar la estrategia migratoria de Florida
Pese a las críticas y a la posibilidad de cierre, DeSantis defendió el papel del complejo dentro de la política migratoria impulsada por Florida. El gobernador argumentó que las cifras de deportaciones demostraban la efectividad de las medidas adoptadas por el estado para combatir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad.
La documentación expuso que las autoridades de Florida evaluaban poner fin a las operaciones de Alligator Alcatraz debido al creciente peso financiero que representaba el centro, cuyo funcionamiento demandaba desembolsos superiores al millón de dólares diarios. En ese escenario, el estado continuaba sin recibir los 608 millones de dólares solicitados al gobierno federal como compensación, mientras compañías privadas vinculadas al proyecto acumulaban meses de espera, con facturas pendientes desde hacía más de 200 días.
También aseguró que Florida continuará colaborando estrechamente con las autoridades federales en materia migratoria y defendió la necesidad de mantener políticas estrictas frente al aumento de cruces irregulares y permanencias ilegales en el país.
Las declaraciones del mandatario reforzaron además la narrativa republicana de endurecimiento migratorio de cara al escenario político nacional, donde la inmigración siguió ocupando un lugar central dentro del debate electoral.
Mientras sectores conservadores consideraron “Alligator Alcatraz” como un ejemplo exitoso de control migratorio y deportaciones rápidas, grupos defensores de inmigrantes lo calificaron como uno de los proyectos más polémicos y cuestionados de la política migratoria reciente en Estados Unidos.
Con la posibilidad de un cierre cada vez más cercana, el complejo quedó convertido en un símbolo de las profundas divisiones políticas, sociales y humanitarias que continuaron marcando el debate migratorio en el país.
