Captura-de-pantalla-2016-08-18-a-las-5.53.37-p.m.


El Gobierno estadounidense anunció que dejará de utilizar cárceles privadas, ya que considera que son menos efectivas y seguras que las instalaciones públicas.

La medida supone un golpe al negocio de la privatización carcelaria en el país con más reos del mundo, llega en un momento de creciente debate sobre la severidad del modelo penitenciario y puede alentar a que algunos Estados sigan el paso dado por la Administración de Barack Obama.

La decisión se aplicará gradualmente y afectará solo a las cárceles subcontratadas por el Gobierno federal, que acogen un tercio de los reos que hay en prisiones privadas en Estados Unidos.

Sally Yates, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, insta mediante un texto a sus subordinados a que no renueven los contratos actuales cuando expiren o a reducir el alcance de los contratos antes de que expiren.


El objetivo es “reducir y finalmente terminar con nuestro uso de prisiones operadas de forma privada”, señala.

La decisión llega tras las crecientes quejas de irregularidades en prisiones privadas y tras la publicación, la semana pasada, de una investigación del Departamento de Justicia que concluye que las cárceles privadas son peores que las públicas: se registran más peleas, robos y ataques.

“Simplemente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas y recursos correccionales; no suponen un ahorro sustantivo en costes”, argumenta Yates.