Una exadministradora de propiedades en Miami fue arrestada tras ser acusada de liderar un presunto esquema de fraude que operó durante varios años dentro de un reconocido condominio de Brickell. La detenida, Yissely Herrouet, de 37 años, está señalada por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade de desviar más de $140,000 mediante la creación de “empleados fantasmas”, facturas duplicadas y registros alterados. Las autoridades advierten que las pérdidas reales podrían ser superiores a lo estimado inicialmente.
El origen del caso y el edificio afectado
El presunto fraude ocurrió en The Club at Brickell Bay Condominium, un edificio residencial ubicado en Brickell Bay Drive. Herrouet trabajaba allí como administradora autorizada a través de una de las firmas más grandes de gestión de propiedades en Estados Unidos. Desde esa posición, según la investigación, supervisaba nóminas, aprobaba pagos a contratistas y gestionaba registros internos, lo que le permitió operar un esquema ilegal sin ser detectada durante años.
Cómo operaba el presunto esquema de fraude
La Fiscalía sostiene que Herrouet creó un sistema de empleados fantasma, es decir, personas que figuraban recibiendo pagos, aunque nunca trabajaron para la asociación de condóminos. Algunos de ellos serían familiares de la acusada.
Además, la investigación detectó facturas repetidas por los mismos servicios, cargos por trabajos que nunca se realizaron y la contratación de una supuesta empresa de limpieza vinculada a un allegado. La manipulación de sistemas informáticos habría sido clave para ocultar los movimientos irregulares y mantener activo el esquema entre 2016 y 2023.
La auditoría que reveló las irregularidades
El caso salió a la luz gracias a una auditoría forense encargada por la firma FirstService Residential Florida, administradora del edificio. La revisión, realizada junto al despacho legal Stearns Weaver Miller, encontró múltiples inconsistencias en registros de horas, pagos a proveedores y documentos administrativos.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron horas laborales cargadas por personas que no formaban parte del personal del edificio, facturación duplicada o excesiva por servicios básicos, contratos otorgados a proveedores relacionados con la acusada y entradas modificadas en sistemas computarizados para encubrir los pagos irregulares.
La auditoría derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía y en una demanda civil que reclama más de $220,000 en daños directos, cifra que podría aumentar a más de $700,000 al sumar honorarios legales, costos de auditoría e intereses.
Los cargos presentados por la Fiscalía Estatal
Herrouet enfrenta una serie de cargos graves, entre los que se destacan esquema organizado para defraudar, considerado un delito de primer grado en Florida, robo mayor (grand theft), falsificación de registros comerciales y manipulación no autorizada de sistemas informáticos.
La fiscal Katherine Fernández Rundle subrayó que los crímenes contra asociaciones de condóminos son un problema en crecimiento en el condado y aseguró que su oficina continuará reforzando la vigilancia sobre administradores y juntas directivas.
Preocupación entre los residentes y reacciones en la comunidad
La noticia generó inquietud entre los propietarios del edificio, muchos de los cuales han expresado indignación ante el hecho de que sus cuotas de mantenimiento pudieran haber sido utilizadas para financiar un esquema fraudulento. Algunos residentes revelaron que en los últimos años solicitaron explicaciones por aumentos en gastos operativos sin recibir respuestas claras, lo que ahora adquiere un nuevo significado tras descubrirse las irregularidades.
En toda Florida, los fraudes dentro de asociaciones residenciales han provocado un aumento de denuncias y quejas de propietarios, quienes exigen mayor transparencia en el manejo de fondos comunitarios.
Un problema recurrente en Florida y nuevas reformas estatales
El caso se suma a otros escándalos de corrupción que han sacudido asociaciones de condóminos en el sur de Florida. En respuesta a esta ola de irregularidades, el estado ha implementado reformas que buscan mayor supervisión, incluyendo auditorías obligatorias, sanciones más severas y nuevas restricciones en la contratación de familiares o proveedores relacionados.
Las autoridades aseguran que estos esfuerzos buscan proteger a los propietarios y garantizar que las cuotas destinadas al mantenimiento de sus comunidades no terminen en manos indebidas.
Lo que viene para el edificio y para la acusada
Herrouet deberá comparecer ante un tribunal para responder por los cargos. Mientras tanto, la comunidad de The Club at Brickell Bay podría enfrentar revisiones financieras adicionales, cambios en contratos vigentes y posibles incrementos temporales en las cuotas de mantenimiento para compensar el déficit generado.
La investigación permanece abierta, y las autoridades no descartan que otras personas puedan estar involucradas en el esquema. Los residentes, por su parte, esperan que el proceso judicial brinde claridad y que la administración implemente controles más estrictos para evitar futuros fraudes.
