La agencia Cubana de Noticias (ACN) hizo público que el Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM) prepara un nuevo reglamento de seguridad informática.
A través de éste, nuevas leyes pudieran agregarse al Código Penal cubano para legislar sobre delitos informáticos. La noticia de inmediato movilizó a varios administradores de red e informáticos que se reunieron en el municipio de Quivicán para debatir y comenzar a tomar algunas “medidas de prevención”.
Algunos de estos administradores tomaron la noticia con entusiasmo y esperanza, incluso consideran que una legalización de las redes existentes en la isla pudiera entrar en vigor.
Pero, otros ven la inminente legislación como una amenaza muy seria para lo que les ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero construir.
“Pienso que pudieran legalizar nuestras redes, sería lo más lógico, aunque también pudieran regular muchos de los servicios que hoy están activos y el crecimiento de las redes con altos impuestos. También nos pudieran controlar y regular los precios de nuestros servicios (…) Hay que esperar a ver con la que se tiran. Particularmente estoy muy preocupado. Tenemos mucho en juego”, afirmó el administrador conocido como “Galgo”.
Jorge Hernández, un joven que se gana la vida en los parques wifi ayudando a usuarios que desconocen cómo usar la conexión Nauta, expresó sus mayores temores: “Cobro por un servicio, doy una especie de curso exprés para enseñar a las personas a usar la conexión y algunas aplicaciones como IMO. También uso el Connectify para compartir la conexión y bajar los costos”.
“Creo que el Gobierno no podía hacer nada contra personas como yo porque había un vacío legal”, añade. “A partir de ahora voy a tener muchísimo cuidado y voy a estar bien informado. Por cosas como las que hago pudiera terminar en la cárcel cuando pongan alguna ley nueva en el Código Penal”.
En Cuba no existe una ley de este tipo, sino la Resolución 127 del MINCOM, emitida en el 2007. Este documento establece algunos procedimientos básicos para minimizar los daños en sistemas informáticos, además de regular el uso de las TIC en las entidades estatales.
El director de Organización y Control de la OSRI, considera que uno de los grandes vacíos legales es que no existe una vía directa para sancionar a una persona por introducir programas malignos o acceder sin autorización a una red.
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