La decisión de la administración de Donald Trump de impulsar la revocación de la ciudadanía estadounidense a 17 inmigrantes naturalizados condenados por diversos delitos ha colocado a dos mujeres de origen cubano en el centro de una de las medidas migratorias más contundentes adoptadas por el gobierno federal en los últimos meses.
Las cubanas Leidys Delmas García, de 54 años, y Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, forman parte del grupo de ciudadanos naturalizados que el Departamento de Justicia considera elegibles para procesos de desnaturalización debido a que presuntamente obtuvieron la ciudadanía ocultando actividades criminales o proporcionando información falsa durante sus trámites migratorios.
La iniciativa se enmarca en una nueva estrategia federal destinada a identificar casos en los que la ciudadanía se obtuvo mediante fraude, engaño u omisiones deliberadas. Aunque la desnaturalización ha sido históricamente una herramienta poco utilizada, el gobierno ha dejado claro que pretende ampliar su uso contra personas condenadas por delitos graves, especialmente aquellos relacionados con fraude financiero, corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y crímenes violentos.
El millonario fraude sanitario que llevó a una cubana a la mira federal
Uno de los casos más llamativos es el de Leidys Delmas García de 54 años de edad, vinculada a una compleja red de fraude sanitario que durante años operó en el sur de Florida y que terminó generando pérdidas millonarias para el sistema de seguros médicos.
Según el Departamento de Justicia, Delmas García participó junto a varios asociados en la creación y administración de una red de 30 clínicas de fisioterapia utilizadas para presentar reclamaciones fraudulentas a la aseguradora Blue Cross Blue Shield. Las autoridades calculan que el esquema facturó aproximadamente 36,7 millones de dólares por tratamientos que nunca se realizaron o que no eran médicamente necesarios.
Los investigadores federales sostienen que las clínicas funcionaban como parte de una estructura organizada diseñada para explotar vulnerabilidades en el sistema de seguros privados. El fraude consistía en presentar reclamaciones falsas utilizando historiales médicos manipulados y procedimientos inexistentes, permitiendo a los implicados obtener millones de dólares en pagos indebidos.
El caso llamó especialmente la atención de los fiscales porque se produjo en un estado que durante décadas se ha considerado uno de los principales focos de fraude médico en Estados Unidos. El sur de Florida concentra históricamente algunas de las mayores investigaciones federales relacionadas con Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas.
La operación del FBI que desmanteló la red
Las acusaciones contra Delmas García forman parte de una investigación de largo alcance que culminó en diciembre de 2022 con una operación coordinada del FBI y otras agencias federales.
Durante esa operación arrestaron a nueve residentes del sur de Florida, entre ellos Delmas García y su hija, Arisleidys Fernández Delmas. Las autoridades describieron el grupo como una organización criminal dedicada a obtener ganancias millonarias mediante el uso sistemático de reclamaciones fraudulentas.
La investigación reveló una compleja estructura empresarial diseñada para aparentar legitimidad mientras se desviaban recursos de las aseguradoras. Los documentos judiciales muestran que los implicados habrían utilizado múltiples empresas y clínicas para ocultar el alcance real de las operaciones y dificultar el rastreo del dinero.
Para los fiscales federales, la gravedad del caso no se limita al fraude económico. También consideran especialmente relevante que Delmas García negara durante su proceso de naturalización haber cometido delitos o haber proporcionado información falsa a las autoridades estadounidenses.
Según el Departamento de Justicia, esas declaraciones se realizaron bajo juramento y constituyen uno de los elementos fundamentales que justifican la solicitud para retirarle la ciudadanía.
Un fraude en un casino tribal que terminó en una batalla migratoria
La segunda cubana incluida en la lista es Milagros Marileisis Acosta Torres, cuyo caso está relacionado con un esquema de fraude financiero que afectó a un casino tribal de Florida y provocó pérdidas de varios millones de dólares.
De acuerdo con los expedientes judiciales, la conspiración la ejecutó su esposo y otros colaboradores mediante la creación de comprobantes de crédito falsificados que permitieron extraer dinero de manera fraudulenta. Aunque las autoridades sostienen que Acosta Torres no fue una de las principales organizadoras del esquema, sí desempeñó un papel importante en la fase posterior al fraude.
Los fiscales afirman que participó activamente en transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito de los fondos, una práctica que encaja dentro de los delitos asociados al lavado de dinero.
Las investigaciones indican que los recursos obtenidos ilegalmente se movieron a través de distintas operaciones financieras con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos y evitar los mecanismos de supervisión exigidos por la legislación estadounidense.
Las declaraciones falsas que activaron el proceso de desnaturalización
Al igual que en el caso de Delmas García, las autoridades sostienen que Acosta Torres realizó afirmaciones falsas durante su proceso de naturalización. Según el Departamento de Justicia, cuando presentó su solicitud de ciudadanía y durante la entrevista migratoria aseguró que nunca había participado en actividades delictivas.
Posteriormente, los procesos judiciales demostraron lo contrario y establecieron su participación en la conspiración financiera vinculada al casino. Para los fiscales, la ciudadanía obtenida mediante información falsa o engañosa puede anularse porque el solicitante incumplió los requisitos legales exigidos para convertirse en ciudadano estadounidense. Ese argumento constituye el eje central de la estrategia jurídica utilizada por el gobierno en este tipo de procedimientos.
El precedente de Hialeah que anticipó la nueva ofensiva federal
Los casos de Delmas García y Acosta Torres no son hechos aislados. El pasado 24 de marzo de 2026, un tribunal federal ordenó la revocación de la ciudadanía estadounidense de Mirelys Cabrera Díaz, una residente de Hialeah condenada por participar en un esquema de fraude a Medicare superior a seis millones de dólares.
Especialistas interpretan la decisión como una señal de que el gobierno federal estaba incrementando sus esfuerzos para revisar casos de naturalización vinculados a delitos financieros. La posibilidad de perder la ciudadanía estadounidense está estrechamente vinculada a irregularidades en el trámite de naturalización. Así lo indicó en abril el abogado de inmigración Willy Allen III, quien precisó que las autoridades deben demostrar que la persona obtuvo ese beneficio mediante engaños o información falsa.
La revocación de la ciudadanía de Cabrera Díaz marcó un precedente importante porque demostró que las autoridades están dispuestas a recurrir a este mecanismo incluso años después de que una persona haya obtenido la nacionalidad estadounidense. Para muchos expertos, aquel fallo anticipó la estrategia que ahora se está aplicando a mayor escala.
Por su parte Todd Blanche, fiscal general designado sostiene que la ciudadanía es un beneficio y la actual administración no permitirá que se abuse del mismo. «La ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero para el abuso de este proceso», explicó Blanche.
Una política que busca expandirse durante el segundo mandato de Trump
La ofensiva contra ciudadanos naturalizados forma parte de una política más amplia impulsada por la administración Trump para reforzar el control migratorio y endurecer las consecuencias para quienes obtuvieron beneficios migratorios mediante fraude.
Un memorando reciente del Departamento de Justicia instruyó a fiscales federales de todo el país a dar prioridad a los casos de desnaturalización relacionados con terrorismo, pandillas, delitos sexuales, trata de personas, corrupción, fraude financiero y otros crímenes considerados especialmente graves.
La administración argumenta que la ciudadanía estadounidense representa uno de los beneficios más importantes que puede otorgar el país y que debe ser retirada cuando se demuestra que fue obtenida de forma fraudulenta.
La medida también refleja un cambio de enfoque respecto a años anteriores, cuando este tipo de procedimientos eran relativamente excepcionales y se concentraban principalmente en casos relacionados con criminales de guerra, terrorismo o grandes fraudes migratorios.
Qué ocurre cuando una persona pierde la ciudadanía estadounidense
La revocación de la ciudadanía no implica automáticamente una deportación inmediata, pero sí coloca al afectado en una situación migratoria extremadamente vulnerable. Una vez anulada la naturalización, la persona pierde todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluyendo la protección frente a procedimientos de expulsión.
A partir de ese momento, las autoridades migratorias pueden evaluar si el individuo posee algún otro estatus legal que le permita permanecer en el país. Si no existe una base legal para su permanencia, puede iniciarse un proceso de deportación.
Por esa razón, los casos de Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres son seguidos de cerca por abogados migratorios y organizaciones comunitarias, ya que podrían convertirse en algunos de los ejemplos más visibles de la nueva estrategia de desnaturalización impulsada por la administración Trump y marcar el rumbo de futuros procesos contra ciudadanos naturalizados condenados por delitos federales.
