Una orden inesperada en alta mar habría marcado el inicio de una de las operaciones militares más delicadas de Estados Unidos en el continente americano en los últimos años. La 22ª Unidad Expedicionaria de Marines había zarpado de la base naval de Norfolk con un destino completamente distinto: Europa y Oriente Próximo. Sin embargo, poco después de abandonar la costa estadounidense, recibió una instrucción que cambió por completo la misión: virar hacia el sur.
El coronel Thomas “Banshee” Trimble, comandante de la unidad, describió aquel giro como el momento en que quedaron atrás meses de trabajo previo. Según resumió, cuando les ordenaron dirigirse hacia el sur, tuvieron que tirar por la borda ocho meses y medio de planificación.
A partir de entonces, el Caribe dejó de ser una zona secundaria en la agenda militar estadounidense y se convirtió en el centro de un amplio despliegue que, de acuerdo con el relato publicado, culminó el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
La operación, presentada como el resultado de casi diez meses de preparación, combina elementos de presión militar, inteligencia, control marítimo, acciones contra redes vinculadas al narcotráfico y una ofensiva directa contra el núcleo del poder venezolano. Su impacto, sin embargo, va mucho más allá de Caracas: alcanza a Cuba, redefine la presencia de Washington en el Caribe y envía una señal de fuerza a otros gobiernos aliados de Maduro en la región.
Un cambio de rumbo que transformó toda la misión
La 22ª Unidad Expedicionaria de Marines no había partido hacia Venezuela ni hacia el Caribe. Su despliegue original estaba orientado a Europa y Oriente Próximo, dos escenarios habituales de planificación militar estadounidense por la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la necesidad de mantener capacidad de respuesta rápida en zonas de crisis.
Pero la orden de girar hacia el sur alteró completamente el propósito del viaje. La unidad tuvo que abandonar planes elaborados durante meses, reorganizar prioridades, modificar rutas marítimas, adaptar protocolos de combate y prepararse para un teatro de operaciones muy diferente.
Europa y Medio Oriente implicaban escenarios de alianzas tradicionales, bases conocidas y estructuras militares previamente coordinadas. El Caribe, en cambio, exigía operar en un entorno de alta sensibilidad política, muy cerca de territorio estadounidense y en una zona históricamente marcada por tensiones entre Washington, La Habana y Caracas.
El cambio de rumbo también muestra que la operación no fue improvisada en su etapa final. Aunque la orden tomó por sorpresa a la unidad, la preparación posterior se extendió durante meses y permitió construir una presencia sostenida alrededor de Venezuela. La misión fue tomando forma paso a paso, entre despliegues navales, ejercicios anfibios, operaciones de inteligencia y presión económica contra activos asociados al régimen venezolano.
Una fuerza anfibia con capacidad de combate, inteligencia y movilidad
La fuerza estadounidense movilizada estaba integrada por unos 2,200 marines de la 22ª Unidad Expedicionaria, con componentes de infantería, aviación y fuerzas especiales. Su principal plataforma fue el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de funcionar como base militar flotante, centro de mando, plataforma aérea y punto de proyección de tropas.
El grupo anfibio completo sumaba alrededor de 4,500 militares e incluía además al USS San Antonio y al USS Fort Lauderdale. Esa composición permitió a Estados Unidos mantener una presencia flexible en el Caribe, con capacidad para trasladar tropas, lanzar operaciones aéreas, sostener acciones de evacuación, realizar desembarcos y apoyar misiones de fuerzas especiales.
«Reforzamos nuestras posiciones y estábamos bien entrenados para entender exactamente cuáles eran las reglas de ese enfrentamiento», dijo Trimble.
El despliegue no solo tenía valor militar. También cumplía una función política: enviar una señal visible de que Washington estaba dispuesto a operar en su entorno estratégico inmediato con medios navales de gran escala. En una región donde Venezuela y Cuba han denunciado durante años la presencia militar estadounidense como una amenaza, la llegada de un grupo anfibio de estas características elevó el nivel de presión sobre Caracas.
Para los marines, el reto fue doble. Debían mantener capacidad operativa durante meses lejos de su ruta original y, al mismo tiempo, prepararse para un objetivo de alto riesgo: una incursión contra una figura acusada por Estados Unidos de narcoterrorismo y protegida por un círculo de seguridad venezolano y cubano.
Haití: el primer escenario de tensión antes de Venezuela
Antes de llegar al desenlace en Caracas, la unidad fue utilizada en otras misiones regionales. Una de las primeras ocurrió en Haití, donde los marines reforzaron la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe en medio de una grave crisis de seguridad.
La capital haitiana llevaba meses bajo el control parcial de bandas armadas, con ataques a instituciones, bloqueos, secuestros, violencia callejera y una progresiva pérdida de control estatal. En ese contexto, la protección de la sede diplomática estadounidense se convirtió en una prioridad.
Según el testimonio citado, los marines enfrentaron incidentes en los que recibieron disparos y respondieron al fuego. No se reportaron bajas estadounidenses, pero la misión permitió medir la preparación de una fuerza que acababa de ser redirigida hacia una zona de crisis.
Haití funcionó como una primera prueba operativa. Allí, los marines actuaron en un ambiente urbano, impredecible y hostil, muy distinto al escenario naval para el que se habían preparado originalmente. La experiencia reforzó la lógica de que el despliegue en el Caribe no tenía un único objetivo, sino una dimensión regional: proteger intereses estadounidenses, contener crisis de seguridad y mantener presión sobre actores considerados hostiles.
La Operación Lanza del Sur y el cerco sobre el Caribe
El despliegue se integró después a la Operación Lanza del Sur, ampliada formalmente en noviembre de 2025 por el secretario de Defensa Pete Hegseth. El objetivo declarado era combatir el narcoterrorismo en el Caribe, una categoría que Washington ha usado para vincular redes criminales, estructuras estatales y grupos armados que operan en la región.
Bajo ese paraguas se produjeron interceptaciones de petroleros sancionados vinculados al régimen venezolano. Estas acciones tuvieron una doble lectura: por un lado, formaban parte de la presión económica contra Caracas; por otro, servían para cortar canales de financiamiento y movilidad que Estados Unidos asocia con redes ilícitas.
La operación amplió el margen de acción estadounidense en aguas caribeñas. Ya no se trataba únicamente de sanciones financieras, declaraciones diplomáticas o acusaciones judiciales. Washington estaba combinando herramientas militares, navales y de inteligencia para presionar al régimen de Maduro desde varios frentes.
Esa presión sostenida contribuyó a aislar progresivamente a Caracas. La presencia de buques, marines y fuerzas especiales en el Caribe alteró el cálculo de seguridad del chavismo, que durante años había confiado en su aparato militar interno, en el respaldo cubano y en alianzas con potencias externas para resistir la presión estadounidense.
Puerto Rico como plataforma de demostración militar
Uno de los momentos más visibles del despliegue fueron los ejercicios de desembarco anfibio en Puerto Rico. Allí, la unidad demostró que podía colocar hasta 1,000 marines en tierra en un solo día.
La maniobra no fue menor. Puerto Rico, por su ubicación geográfica y su condición de territorio estadounidense, funciona como una plataforma estratégica para operaciones en el Caribe. Desde allí, Washington puede proyectar fuerza hacia Venezuela, Haití, República Dominicana, Cuba y otras zonas de interés regional.
El ejercicio tuvo valor táctico y simbólico. En términos militares, mostró capacidad de respuesta rápida, coordinación entre buques, aeronaves y tropas terrestres, además de preparación para escenarios de evacuación, incursión o control territorial limitado. En términos políticos, fue una advertencia directa a Caracas: Estados Unidos tenía tropas listas, cerca y con capacidad de movimiento.
Para Maduro, la demostración ocurría en un momento de creciente presión internacional. Para Cuba, significaba la presencia de una fuerza de combate estadounidense a poca distancia de su principal aliado regional. Para otros gobiernos del Caribe, confirmaba que Washington estaba dispuesto a convertir la zona en prioridad de seguridad.
La madrugada decisiva: la Operación Resolución Absoluta
El punto culminante llegó en la madrugada del 3 de enero de 2026. Según el relato, la llamada Operación Resolución Absoluta fue ejecutada por Delta Force con apoyo de la CIA y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un búnker fortificado de Caracas.
La incursión habría comenzado a las 2:10 de la madrugada y se extendió durante aproximadamente dos horas y media. El horario elegido sugiere una operación diseñada para aprovechar la oscuridad, reducir la exposición pública, limitar la capacidad de reacción del aparato militar venezolano y controlar rápidamente el objetivo.
El hecho de que Maduro estuviera en un búnker fortificado confirma el nivel de protección que rodeaba al mandatario. No se trataba de una detención convencional ni de un operativo policial. La acción requirió fuerzas especiales, inteligencia previa, coordinación aérea y terrestre, conocimiento de la estructura interna de seguridad y capacidad para extraer al objetivo en medio de una capital potencialmente hostil.
El resultado reportado fue la captura de Maduro y Cilia Flores. Para Washington, habría sido el cierre de un expediente judicial y político que llevaba años acumulando acusaciones. Para Venezuela, marcó un punto de ruptura en el poder chavista. Para el Caribe, significó la confirmación de que Estados Unidos estaba dispuesto a ejecutar operaciones directas contra gobiernos que considera vinculados al crimen transnacional.
El saldo de la operación y el dato que compromete a Cuba
El balance citado indica que siete militares estadounidenses resultaron heridos, sin fallecidos entre sus filas. Del lado venezolano, murieron 24 funcionarios de seguridad. El dato más delicado, sin embargo, involucra a Cuba. Según la información publicada, 32 militares y policías cubanos que eran parte del anillo de protección de Maduro también murieron durante la operación.
Esa cifra es políticamente explosiva porque refuerza una acusación histórica de la oposición venezolana y de Washington: la presencia de asesores, oficiales y personal cubano dentro de estructuras sensibles del Estado venezolano. La Habana ha mantenido durante años una relación estrecha con Caracas en áreas de inteligencia, seguridad, salud, cooperación política y suministro energético, pero la presencia de personal cubano en el círculo más cercano de protección de Maduro tendría una lectura mucho más grave.
Para el gobierno cubano, ese reporte lo coloca ante un dilema. Reconocer esa presencia confirmaría una implicación directa en la seguridad del régimen venezolano. Negarla, en cambio, abriría preguntas sobre la identidad y el papel de los fallecidos. En cualquier caso, el impacto narrativo es fuerte: la operación contra Maduro también aparece como un golpe indirecto contra la influencia cubana en Venezuela.
El traslado a Nueva York y la dimensión judicial del caso
Tras la captura, Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York donde están pendientes de cargos de narcoterrorismo ante el Distrito Sur, una de las jurisdicciones más relevantes de Estados Unidos en casos internacionales de crimen organizado, corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Ese traslado convierte la operación militar en un proceso judicial de alto perfil. No se trata únicamente de sacar del poder a un líder acusado por Washington, sino de llevarlo ante tribunales estadounidenses para responder por cargos que han formado parte de la narrativa oficial de Washington durante años.
La imagen de Maduro compareciendo ante una corte en Nueva York tendría un enorme impacto político. Sería utilizada por Estados Unidos como prueba de que su estrategia de presión funcionó, mientras que sus aliados podrían presentarla como una acción de fuerza contra la soberanía venezolana.
La dimensión judicial también busca dar legitimidad institucional a una operación de enorme sensibilidad. Al trasladar el caso a un tribunal federal, Washington intenta encuadrar la captura no como una intervención política, sino como el cumplimiento de una acusación penal vinculada al narcoterrorismo.
El costo de una misión de 3,000 millones de dólares
El despliegue en el Caribe tuvo un costo estimado de unos 3,000 millones de dólares, con jornadas en las que el gasto alcanzó picos de hasta 20 millones diarios. La cifra permite dimensionar el esfuerzo logístico detrás de la operación.
Mantener buques anfibios, personal militar, aeronaves, inteligencia, combustible, mantenimiento, comunicaciones, seguridad diplomática y misiones de apoyo durante meses implica un costo enorme. Ese gasto también refleja el nivel de prioridad que Washington otorgó al objetivo.
La inversión militar tiene una lectura interna para Estados Unidos. Por un lado, puede ser defendida como una acción de seguridad nacional contra un líder acusado de narcoterrorismo. Por otro, puede generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en una operación exterior de alto riesgo.
En términos geopolíticos, el costo envía un mensaje claro: Estados Unidos estaba dispuesto a sostener durante meses una operación compleja en el Caribe para lograr un objetivo estratégico.
El mensaje de Washington: seguridad nacional en el “patio trasero”
Trimble defendió la operación como una acción en defensa de la patria y sostuvo que Estados Unidos actuaba en su propio entorno estratégico. Esa idea conecta con una vieja visión de Washington sobre el hemisferio occidental: la seguridad del Caribe y de América Latina no es un asunto lejano, sino parte directa de su seguridad nacional.
El uso de la expresión “patio trasero” resulta polémico, pero revela la lógica de fondo. Para Estados Unidos, la presencia de redes criminales, aliados de potencias rivales, gobiernos hostiles y rutas de narcotráfico en el Caribe representa una amenaza cercana. Para sus críticos, esa visión revive una tradición intervencionista que ha marcado la historia de la región.
La operación contra Maduro se inscribe precisamente en esa tensión. Washington la presenta como una acción contra el narcoterrorismo y la inestabilidad regional. Sus adversarios podrían denunciarla como una intervención militar contra un gobierno extranjero. La diferencia entre ambas lecturas marcará buena parte del debate posterior.
Venezuela después de Maduro: una transición bajo vigilancia
La captura de Maduro abre un escenario político complejo para Venezuela. La salida forzada del líder chavista no resuelve automáticamente la crisis institucional, económica y social del país.
Durante años, el chavismo construyó una estructura de poder sostenida por el control militar, los servicios de inteligencia, el partido gobernante, aliados internacionales y redes económicas estatales. La captura de su figura principal puede provocar fracturas internas, disputas de sucesión, negociaciones de emergencia o intentos de resistencia por parte de sectores leales.
La presencia estadounidense en el Caribe también condiciona cualquier transición. Si Washington mantiene presión militar y diplomática, los actores venezolanos deberán moverse bajo un margen limitado. La oposición, las Fuerzas Armadas, los gobernadores, los aliados internacionales y los sectores del chavismo que busquen negociar tendrán que adaptarse a un nuevo mapa de poder.
La reapertura simbólica de la embajada estadounidense en Caracas refuerza la idea de un cambio de etapa, pero no garantiza estabilidad inmediata. Venezuela seguiría enfrentando una economía golpeada, migración masiva, instituciones debilitadas y una sociedad profundamente fragmentada.
Cuba, el aliado que más pierde
Entre los aliados de Maduro, Cuba aparece como uno de los actores más afectados. Venezuela fue durante años un soporte estratégico para La Habana, tanto por el suministro energético como por la alianza política y de seguridad construida desde los tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro.
La caída de Maduro debilita ese eje. Para Cuba, perder influencia en Caracas significa perder margen regional, apoyo diplomático y una fuente histórica de cooperación económica. En medio de una crisis interna marcada por apagones, escasez, inflación, deterioro de servicios públicos y protestas sociales, el golpe a su principal aliado regional llega en un momento especialmente vulnerable.
La presunta muerte de militares y policías cubanos en el operativo añade una dimensión más delicada. No solo mostraría el nivel de implicación cubana en la protección de Maduro, sino que podría generar tensiones internas si familiares, opositores o gobiernos extranjeros exigen explicaciones.
En términos políticos, la operación envía un mensaje que La Habana no puede ignorar: Washington está dispuesto a actuar con fuerza contra redes de poder que considera amenazas directas en el Caribe.
Repercusiones regionales: el Caribe vuelve al centro del tablero
La operación también reubica al Caribe en el centro de la seguridad hemisférica. Durante años, la atención internacional se concentró en Europa del Este, Medio Oriente y Asia-Pacífico. Sin embargo, el despliegue alrededor de Venezuela demuestra que Washington considera nuevamente al Caribe como una zona crítica.
Haití, Puerto Rico, Venezuela y Cuba aparecen conectados en una misma lógica de seguridad. La inestabilidad haitiana, las rutas marítimas del narcotráfico, los vínculos entre Caracas y La Habana, y la presencia de actores externos convierten la región en un espacio de competencia política y militar.
Para los gobiernos caribeños, el mensaje es claro: la seguridad regional será cada vez más importante en la agenda de Estados Unidos. Eso puede traducirse en mayor cooperación, más presencia naval, acuerdos de inteligencia y también nuevas tensiones diplomáticas.
La bandera en Caracas: el símbolo de una nueva etapa
El 14 de marzo de 2026, Estados Unidos izó nuevamente su bandera en la embajada de Caracas por primera vez en siete años. La escena funcionó como cierre simbólico de una operación que, según el relato, comenzó con una orden inesperada en el Atlántico y terminó reconfigurando el mapa político venezolano.
La bandera no solo representó el regreso diplomático de Washington. También simbolizó el resultado de una estrategia que combinó presión militar, sanciones, inteligencia, operaciones navales y acción judicial.
Para Estados Unidos, fue una señal de victoria política. Para el chavismo, una imagen de derrota. Para Cuba, una advertencia. Para el Caribe, el inicio de una etapa marcada por mayor presencia estadounidense y por una redefinición de los equilibrios regionales.
Lo que empezó como un simple cambio de rumbo para una unidad militar que viajaba hacia Europa y Oriente Próximo terminó convertido en una operación de alcance continental: casi un año de preparación, miles de militares movilizados, miles de millones de dólares invertidos y un desenlace con consecuencias directas para Venezuela, Cuba, Estados Unidos y todo el Caribe.
